Necesidad de contar con criterios mínimos comunes relativos a las normas de permanencia universitaria, adaptados al espacio europeo de educación superior

ANTECEDENTES

Recientemente se reunían el Defensor del Pueblo Andaluz y representantes de las Defensorías universitarias de las Universidades públicas de Andalucía.

Dicha reunión no tenía otro objeto que poner en común problemas que se están detectando en las distintas Universidades y proponer soluciones a los mismos a través de una actuación cuyo ámbito pudiera exceder del de cada una de las Universidades por afectar a decisiones de órganos no universitarios.

Uno de los temas destacados fue el de la necesidad de unificación de criterios sobre normas de permanencia de las distintas Universidades.

La situación puesta de manifiesto es que dichas normas difieren mucho de unas Universidades a otras (créditos mínimos, permanencia en primer curso..), además de que, en algunos casos, determinados aspectos no están regulados por la normativa existente.

La situación es especialmente grave para el alumnado cuyas titulaciones van a desaparecer con la implantación de los Grados y que sólo pueden optar ya a examen

CONSIDERACIONES

Por otra parte, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades españolas, junto con la ANECA, han presentado recientemente un informe titulado “Universidades y Normativas de Permanencia. Reflexiones para el futuro”, en el que se refleja la conveniencia de establecer sistemas más precisos y detallados que, aplicados con mayor flexibilidad para atender a situaciones particulares, faciliten un mejor aprendizaje y un mayor aprovechamiento de los recursos públicos que la sociedad pone a disposición de las Universidades Públicas, una necesidad que se acentúa en la coyuntura actual.

Asimismo, se trataría de adaptar las actuales normas de permanencia y progreso al nuevo escenario que se ha abierto en el ámbito universitario con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior.

Por nuestra parte, se quiere destacar que no sólo se trata de la regulación de un derecho básico para quienes cursan estudios universitarios sino que la necesidad de homogenización responde, además, a un objetivo primordial del plan Bolonia como es favorecer la movilidad de estudiantes y fomentar la libre circulación de personas. Objetivo, cuya consecución debe hacerse posible mediante la adopción de criterios de permanencia comunes sin que ello suponga un menoscabo de la autonomía universitaria.

Consideramos que pudiera verse afectado el derecho, recogido en el artículo 46.2.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, a la igualdad de oportunidades y no discriminación de los estudiantes en la permanencia en la universidad y en el ejercicio de sus derechos académicos.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Consejo Social de las Universidades públicas, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios.

Por su parte, el artículo 7.u) del Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, establece el derecho de todos los estudiantes a ser informados y a participar de forma corresponsable en el establecimiento y funcionamiento de las normas de permanencia de la universidad aprobadas por el Consejo Social de la misma.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Institución ha estimado oportuno iniciar de oficio expediente de queja, de conformidad con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y dirigir a esa Universidad, de acuerdo con la posibilidad contemplada en el art. 29 de la citada Ley, la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA: Que, de forma coordinada con las Universidades públicas de Andalucía, se aprueben unos criterios mínimos comunes relativos a las normas de permanencia universitaria, que se adapten al Espacio Europeo de Educación Superior en consonancia con las recomendaciones de la ANECA.

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones