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Investigamos acerca del aumento de las situaciones de violencia y agresiones a los profesionales sanitarios

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 18/4017 dirigida a Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, Dirección General de Profesionales

La violencia en el lugar de trabajo -sea física o psicológica- constituye un importante problema para el eficaz desarrollo de la actividad profesional que afecta a todos los contextos de trabajo y grupos profesionales, siendo en la actualidad una preocupación prioritaria en el desarrollo de las relaciones laborales en todos los ámbitos.

Este tipo de conflictos en el lugar de trabajo, además de afectar a la dignidad de los profesionales que la padecen, suponen una grave amenaza para la prestación eficaz y eficiente de los servicios de cualquier organización, al causar perturbaciones inmediatas, a medio y largo plazo, en todo el entorno laboral.

Si bien la violencia en el entorno laboral afecta prácticamente a todos los sectores profesionales, en el sector de la atención de salud esta situación se ha extendido con gran rapidez. Según consta en el Programa sobre la violencia laboral en el sector de la salud elaborado conjuntamente por el Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2002, la violencia en este sector puede ser casi la cuarta parte del total de la violencia que tiene lugar en el trabajo, a nivel mundial.

En dicho Programa se pone de manifiesto que ante “la creciente presión de las reformas y tensión del trabajo, la inestabilidad social y el deterioro de las relaciones personales, la violencia laboral se extiende rápidamente en el sector de salud”, y que, “cada vez más, la violencia doméstica y la violencia callejera pasan a las instituciones de salud”.

Estudios recientes confirman que la violencia laboral en el sector de salud es universal, si bien pueden variar las características locales, y que afecta tanto a hombres como a mujeres. Según se señala en el Programa conjunto de las organizaciones internacionales referido, la violencia en el lugar de trabajo, en el ámbito sanitario, en su conjunto, puede afectar a más de la mitad de los profesionales sanitarios, y sus consecuencias negativas repercuten en la prestación de los servicios de atención de salud.

Estas conclusiones se han venido constatando en el funcionamiento de nuestro Sistema Sanitario Público, que ha asistido, en los últimos años, a un considerable aumento de los casos de violencia hacia el personal sanitario, tanto física como verbal, por parte de las personas usuarias y de sus acompañantes o familiares. Según datos del Observatorio Nacional de Agresiones, creado en el año 2010 por la Organización Médica Colegial (OMC) ante el aumento de las agresiones a estos profesionales, en el periodo 2010-2017, se produjeron un total de 3.429 agresiones a personal médico, de las que 799 (el 23,30%) se produjeron en Andalucía.

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha hecho públicas las cifras de agresiones a médicos registradas en Andalucía en el año 2017, señalando que de las 515 contabilizadas en España, en esta Comunidad ascienden a 122 casos, frente a los 102 del año anterior.

Las organizaciones colegiales y sindicatos de enfermeros y enfermeras también registraron un alto número de agresiones a, estos profesionales en los últimos años, lo que ha llevado al Colegio Profesional de este colectivo a crear también otro Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeros y Enfermeras, para profundizar en las circunstancias y el alcance real de este problema.

Otra organización creada, ante la expansión de estas situaciones violentas, para garantizar mayores niveles de seguridad y bienestar laboral en el ámbito sanitario, como es la Asociación Nacional para la Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (ANSICH), considera que “el índice de agresividad ha aumentado de forma significativa y se estima que el 80% del personal sanitario ha sufrido algún tipo de agresión verbal o física”. En opinión de dicha Asociación, dicha tendencia está generando una situación de malestar en los puestos de trabajo, mayor presión laboral y el aumento del número de bajas laborales.

En relación con este problemática, otro dato significativo lo aporta el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuya Asesoría Jurídica, en el año 2017, realizó 164 asistencias letradas y logró 154 sentencias condenatorias frente a estas agresiones.

En definitiva, la preocupación ante el crecimiento de estas situaciones de violencia y agresiones al personal sanitario, ha dado lugar a que proliferen diversas iniciativas para la protección y ayuda a los profesionales que trabajan en el Sistema Sanitario Público, la cooperación con las Administraciones públicas e instancias judiciales para su prevención y adopción de medidas ante dichas situaciones y la sensibilización de la sociedad en general ante este grave problema.

Entre estas iniciativas, cabe destacar la adoptada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el año 2005, adoptando un Protocolo de prevención y atención de agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con la participación activa de las organizaciones sindicales más representativas de este sector, en el marco de las previsiones del art. 17.h) de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que reconoce el derecho de todos los profesionales "a recibir asistencia y protección de las Administraciones públicas y servicios de salud en el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones".

A tal fin, el Plan de de prevención y atención de agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, incluye medidas de índole preventiva, medidas de atención a profesionales, medidas contra el agresor, un plan de comunicación y un sistema de evaluación y seguimiento.

En este contexto, por parte de organizaciones profesionales y sindicales del sector se nos ha trasladado su preocupación por el aumento de conductas violentas contra el personal sanitario, a pesar de las medidas adoptadas, que atentan contra la dignidad y derechos de estos profesionales y que repercuten en la calidad de la práctica profesional y asistencial dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Ante esta situación, que es considerada por la OMC como una “lacra que afecta a la sanidad”, se ha considerado oportuno conocer el estado actual de esta situación y valorar la efectividad del Protocolo adoptado por el Servicio Andaluz de Salud para prevenir y corregir estas situaciones, así como las medidas e iniciativas que se puedan adoptar para ello.

En consecuencia con lo anterior, esta Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en virtud de las facultades, atribuciones y competencias que le corresponden por aplicación de lo establecido en el art. 1, en relación con el art. 10, de la ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, ha decidido iniciar la presente actuación de oficio.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el art. 18 de la citada Ley 9/1983, reguladora de esta Institución, solicitamos a la Dirección General de Profesionales del SAS la remisión de informe actualizado al respecto sobre la cuestión planteada y nos concrete las medidas adoptadas al respecto para el cumplimiento del Plan de prevención y atención de agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía en materia de:

  • Prevención (actuaciones formativas y actuaciones de adecuación de infraestructuras e inmuebles).

  • Atención a los profesionales (modo en que se comunica a todos a los profesionales el procedimiento de actuación ante situaciones de agresión, actuaciones de los responsables del centro al tener conocimiento de una agresión, actuaciones de asesoramiento legal y asistencia jurídica al profesional afectado, medidas de conciliación laboral adoptadas y valoración de las repercusiones que, a nivel personal y profesional, tienen las agresiones para este personal).

  • Acciones para con el agresor (medidas de recordatorio del cumplimiento de los deberes ciudadanos en el ámbito sanitario y solicitudes de daños y perjuicios planteadas).

  • Plan de comunicación (medidas de comunicación interna desarrolladas y medidas de coordinación con otras Administraciones, así como con los Cuerpos de Seguridad e instancias judiciales).

  • Datos de evaluación y seguimiento del Plan.

Sin perjuicio de ello, podrá trasladarnos asimismo cualquier otra información y/o documentación que estime oportuna para el esclarecimiento del asunto en cuestión, que nos permita contar con los datos necesarios para su valoración y poder adoptar una decisión al respecto.

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