Iniciamos queja de oficio ante la situación laboral de los trabajadores de los Servicios de Formación Profesional para el Empleo

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Nos dan cuenta de las medidas adoptadas sobre la situación de los trabajadores de los Servicios de Formación Profesional para el Empleo

19-11-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

En los últimos días, este Comisionado ha recibido varias quejas (una de ellas refrendada por 34 trabajadores de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de Sevilla), en las que nos trasladan la situación laboral en la que prestan sus servicios los trabajadores (funcionarios y personal laboral) destinados en los Servicios de Formación Profesional para el Empleo (FPE).

En ese sentido, nos dicen:

“(...) Desde la publicación del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, y Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, ambos de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, que asignaban las competencias de Formación Profesional para el Empleo, antes atribuidas a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, hemos vivido un largo periodo de indefinición, que ha supuesto la total paralización de la FPE.

Que hemos vivido situaciones muy negativas para una adecuada ejecución de nuestras funciones: falta de organización y coordinación, insuficientes o inexistentes protocolos de actuación, falta de instrucciones y directrices claras sobre la tramitación de los expedientes, escasez de recursos para el desarrollo de las tareas, ausencia de apoyo logístico en la gestión de la información documental (especialmente la que está arrumbada en los sótanos), limitaciones a las salidas de visitas técnicas, largas paralizaciones tanto en el seguimiento de las acciones formativas como en el control y liquidaciones de los cursos, a lo que habría que añadir las continuas mudanzas provocadas por las transferencias de competencias de unas a otras Consejerías en muy breve espacio de tiempo. Además, desde el 31 de julio del presente año, nos encontramos sin Jefe de Servicio y con dos jefes de Departamentos en situación anómala: una con expediente de suspensión de empleo y sueldo y otro en total desavenencia con las personas trabajadoras del departamento. A pesar de estas situaciones adversas, siempre hemos intentado defender que el servicio público de la FPE se realice con profesionalidad y dedicación.

Que nos encontramos ante una situación cuanto menos delicada, que nos afecta por la inseguridad jurídica que generan las distintas investigaciones que se están llevando a cabo, ya que son varios los juzgados de instrucción los que han iniciado diligencias referentes a la formación y correspondientes a expedientes que se están tramitando en este Servicio de Formación para el Empleo, llegando incluso a imputar a algunos compañeros.

Que, entre el colectivo, existen trabajadores en situación de clara indefensión ya que se solicitó en tiempo y forma la asistencia jurídica a la Junta de Andalucía al ser llamados a declarar por la policía, por el mero ejercicio de sus labores como técnico de FPE. Hasta el momento presente la Administración no se ha pronunciado sobre esta cuestión.

Que ante la paralización de la FPE tenemos que soportar las quejas tanto de alumnos que no reciben los diplomas de los cursos realizados desde el año 2012, ni ayudas monetarias a los que tienen derecho, como de las entidades cuyos expedientes no han sido liquidados por lo que se ven muchas de ellas en situación de quiebra y en concurso de acreedores, focalizando en nosotros, y no en nuestros superiores, sus problemas personales y económicos originados por la manifiesta incompetencia de Junta de Andalucía.”

Según los interesados, la situación ha generado gran incertidumbre, inquietud, desconcierto e inseguridad en el personal que se siente abandonado a su suerte ante una situación no generada por ellos, que pudiera estar afectando a su salud, y sin que hayan recibido respuesta alguna a sus inquietudes, toda vez que los hechos reseñados han sido puestos en conocimiento de los responsables de las Delegaciones Territoriales y al titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, entre otras autoridades.

Por tanto, con objeto de conocer las medidas adoptadas, o que pudieran adoptarse, por la Consejería ante los hechos denunciados hemos procedido abrir queja de Oficio, en aplicación de lo establecido en el art. 1.1, en relación con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Secretaría General de Empleo, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

En consecuencia, a fin de dar a esta queja el trámite ordinario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la mencionada Ley reguladora de esta Institución me permito interesar de Usted la emisión del preceptivo informe, en relación con las observaciones que le hemos reseñado y, en su caso, nos concrete las medidas adoptadas al respecto, sin perjuicio de que nos traslade cualquier otra información y/o documentación que estime oportuna para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

Asimismo, solicitamos nos concrete en dicho informe, las peticiones formuladas por los afectados y que transcribimos seguidamente:

- Posibilidad de que por parte de la Consejería se facilite la representación y defensa jurídica en las investigaciones judiciales de la FPE a los trabajadores afectados y, en su caso, se pueda resarcir a los mismos de los gastos ocasionados hasta la fecha.

- Estudiar la viabilidad de efectuar una valoración psicosocial de los puestos de trabajo del Servicio de Formación para el Empleo (en las delegaciones territoriales) y, en su caso, habilitar las intervenciones necesarias para paliar los riegos psicosociales que vendrían sufriendo dicho personal.

- Facilitar el diálogo Administración-Trabajadores para elaborar Plan de Mejora y/p reasignaciones voluntarias de puestos de trabajo.

- Adoptar medidas para la gestión y tramitación de todos los expedientes atendiendo a la complejidad de los mismos, y dotación de personal cualificado y suficiente para abordar la situación y evitar el riesgo de prescripción.

- Medidas previstas para reactivar el Servicio de FPE para dar servicio a la ciudadanía, con apoyo de los recursos necesarios normativos, informativos y de orientación para afrontar las diversas situaciones anómalas que se padece en la actualidad.

25-05-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Con fecha 8 de enero pasado, recibido informe del titular de la Secretaria General de Empleo, dimos puntualmente traslado a todos los promotores de las quejas que acumulamos a la presente actuación, transcurrido un plazo prudencial, no se ha recibido alegación alguna.

De la información emitida por dicha Secretaria General e incorporada al expediente, merece nuestra siguiente reseña:

- En cuanto al traspaso de competencias: desde Educación a Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo asumió la gestión de las competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo en la provincia de Sevilla, por aplicación del Decreto de la Presidenta 12/2015 de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 304/2012 de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Junta de Andalucía.

A principios del mes de agosto de 2015, se inició los oportunos contactos con el personal adscrito al Servicio de Formación, si bien no fue hasta comienzos de septiembre cuando los efectivos adscritos al Servicio fueron definitivamente incluidos en la RPT de dicha Delegación Territorial.

Las relaciones -de la Administración- con el personal han sido periódicas y, en el curso de las mismas se ha ido trasladando, por parte de los trabajadores, tanto las dificultades a las que se enfrentan para el desempeño diario de su trabajo, como el estado anímico que padecen buena parte de los Técnicos adscritos al Servicio, que se han visto afectados, de manera directa o indirecta, por la investigación judicial que se está llevando a cabo sobre los expedientes administrativos tramitados en los últimos años.

La Delegación Territorial de Educación de Sevilla, remitió a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla, en oficio de fecha 7 de agosto, dando traslado de listado de expedientes de formación para el empleo, correspondientes a la programación del año 2010, donde se refleja la posible fecha de caducidad durante el año 2015, y la información del estado en que se encuentran cada uno de ellos, lo que pone de manifiesto la grave falta de gestión y tramitación acumulada.

Desde la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se ha ido informando a los Órganos Superiores de la Consejería que, la plantilla de personal adscrita al Servicio resulta insuficiente para acometer las cargas de trabajo que soporta el Servicio.

Tras analizar con detenimiento la situación, y a la vista del estudio documental sobre el estado de los expedientes y los retrasos que han acumulado, en especial a los que se refieren a la liquidación y, en su caso, reintegro de las subvenciones, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha solicitado del refuerzo del Servicio de Formación Profesional para el Empleo (Plan de Choque), mediante la contratación de personal Técnico especializado en la gestión de subvenciones, en número suficiente para atender de modo urgente el retraso que incorporan los expedientes. Dicha petición ha sido bien acogida por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Conocimiento, y la de Empleo, Empresa y Comercio, y actualmente se está gestionando la contratación de dicho personal.

- En cuanto a la situación del personal imputado en sede judicial: asistencia jurídica.

En relación al personal imputado en las diligencias judiciales, la solicitud de asistencia jurídica que, al parecer presentaron para dicha comparecencia del mes de julio de 2015, fue planteada ante la Delegación Territorial de Educación, es decir, con anterioridad al traspaso de competencia a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. En consecuencia, desconocemos qué tramitación tuvieron dichas solicitudes, ni su resultado.

En todo caso, cuando el referido personal ha manifestado ante la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la necesidad de contar con resarcimiento por los gastos económicos generados por la representación legal recabada por los mismos, se les ha informado sobre lo previsto en el vigente Reglamento de Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en cuanto a que la asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos a dicho Gabinete ha de ser autorizada por el titular de la Consejería con carácter previo a la actuación.

A la vista de todo lo anterior, y atendiendo a las cuestiones concretas planteadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, la Secretaría General de Empleo, concluye:

Primero.- Sobre la posibilidad de que la Consejería facilite la “Representación y Defensa de las Autoridades, Funcionarios y Empleados Públicos” deberá responder a lo establecido en el Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, siendo este el procedimiento a través del cual ha de recabarse dicha representación.

Segundo.- En relación a la viabilidad de realizar una evaluación de riesgos psicosociales, en el Servicio de Formación, la unidad de prevención de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo carece de personal con formación específica suficiente para poder acometer dicha evaluación. Por ello, se ha solicitado a la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, en virtud de lo dispuesto en el art.4.3 del Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, informe favorable para recurrir a asistencia externa para llevar a cabo dicha evaluación. A la vista de esta se llevarán a cabo las medidas necesarias que, en su caso, se propongan.

Tercero.- En cuanto a facilitar el diálogo entre Administración y trabajadores para elaborar el Plan de Mejora y reasignaciones voluntarias de puestos de trabajo, se ha llevado a cabo ya la reasignación de tareas a varios trabajadores del Servicio, las cuales han sido ordenadas por la Delegada Territorial y hechas efectivas por la Jefatura del Servicio, tras su incorporación. En esa línea se pretende continuar a lo largo de los próximos meses, siempre y cuando las necesidades del servicio lo hagan posible.

Cuarto.- En cuanto a la adopción de medidas para la gestión y tramitación de todos los expedientes y dotación de personal cualificado, se está estudiando un Plan de Choque que permita su contratación.

En consecuencia, podemos considerar que por el titular de la Secretaria General de Empleo se comparte la preocupación manifestada por este Comisionado por la situación de los trabajadores adscritos al Servicio de Formación para el Empleo en la actual Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y, en su caso, se adoptan medidas para paliar el déficit de personal para atender la resolución de los expedientes, con el compromiso, además, de continuar el diálogo entre trabajadores-Administración, para la reasignación de tareas.

Igualmente, se acepta la petición de esta Defensoría en relación a las medidas para desarrollar la evaluación de riesgos psicosociales del Servicio de Formación para el Empleo y, en su caso, adoptar las medidas necesarias que se propusieran.