Nos anuncian el próximo pago por asistencia a cursos de formación, pendiente

En esta Institución se tramita expediente de queja relativo al abono de ayuda por asistencia a cursos de formación, solicitado al órgano provincial de empleo previamente a la asunción de competencias en la materia por esa Dirección General, conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

La persona interesada en dicha comunicación, exponía el problema que le afecta, relacionado con la demora en el pago de la beca concedida en base al curso de Formación para el Empleo, denominado “Trabajador Forestal". Por ello, solicitaba la intervención de esta Institución ante la Administración educativa, al objeto de conseguir encontrar una solución al problema existente.

Una vez estudiada dicha comunicación, procedimos a admitirla a trámite, se iniciaron actuaciones ante la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, que con fecha 8 de abril de 2013 informaba lo siguiente:

“Con fecha 9 de diciembre de 2011, la interesada, presentó una solicitud de beca PROTEJA por su asistencia al curso de Formación Profesional para el Empleo “Trabajador Forestal”, al amparo del artículo 2,3 de la Orden de 24 de marzo de 2009, por la que se desarrollan las medidas relativas al fomento del empleo y acciones formativas contempladas por el Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA).

Atendiendo a la disponibilidad presupuestaria existente, el día 30 de diciembre de 2012 la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo dictó resolución por la que concedió a la interesada una beca por un importe equivalente al IPREM mensual vigente a la fecha de inicio de la acción formativa (532,51€), en función de los días de asistencia y por un periodo máximo de tres meses.

El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 30 de diciembre de 2008, concedió una subvención excepcional a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) para financiar las medidas de acompañamiento al proyecto: Acciones Formativas: Proyecto Proteja, entre las que se incluía el pago de estas becas PROTEJA. De esta manera, la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo resolvía, notificaba y ordenaba el pago de las becas pero era la FAFFE la que gestionaba el pago a los beneficiarios con los fondos recibidos por la subvención anteriormente citada.

La extinción de la FAFFE, el 5 de mayo de 2011, provocó que el Servicio Andaluz de Empleo, en virtud del artículo 8.5 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, asumiera directamente el pago de las becas.

Finalmente, el pago de las becas PROTEJA no ha podido materializarse pues, al grabar las propuestas contables, se detectó que las bases reguladoras de las subvenciones, en esta caso la Orden de 24 de marzo de 2009, no habían sido dadas de alta en el sistema integrado JÚPITER. Esta situación ha sido puesta de manifiesto, reiteradamente, a nuestros Servicios Centrales que nos han informado de que dicho trámite está pendiente de un informe de la Intervención General.

Esta Dirección Provincial tiene el máximo interés en el abono de estas becas que van destinadas a un colectivo desfavorecido y, por ello, en cuanto se solucione el mencionado trámite, procederemos a su pago inmediato”.

Posteriormente, el 20 de septiembre de 2013, la citada Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo nos comunicó que habían dado traslado del asunto a la respectiva Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, por haber asumido dicho organismo las competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo.

Tras estas vicisitudes administrativas relacionadas con las reestructuraciones acaecidas en las competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo, con fecha 23 de enero de 2014 la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte nos informó lo siguiente:

“Que el curso realizado por MPSM es de ámbito multiprovincial por lo que la gestión del mismo depende de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.

Que a día de hoy no se ha producido la incorporación de remanentes ni las instrucciones necesarias para cumplimentar los documentos contables que posibiliten el pago de las becas/ayudas correspondientes a las acciones formativas de la convocatoria de 2011, objeto de la reclamación.

Que esta Delegación Territorial tiene el máximo interés en el abono de estas becas que van destinadas a colectivos desfavorecidos y, por ello, una vez se solucionen las circunstancias señaladas, procederemos a su pago en el plazo más breve posible.”

A la vista de ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones, en la confianza de que las actuaciones que se estaban llevando a cabo por los servicios competentes de dicha Administración, condujeran al abono a la interesada cuanto antes, de las cantidades reclamadas a las que tenía derecho por haber realizado el curso de Formación para el Empleo de Trabajador forestal.

No obstante, como quiera que esta Institución viene realizando un seguimiento de estos expedientes, al objeto de comprobar la efectiva adopción de las medidas anunciadas para la solución del problema, después de un tiempo prudencial volvimos a contactar con la interesada para que nos indicase si se había producido alguna novedad en el tema que motivó de su queja, o bien existía alguna circunstancia que desvirtuase nuestra decisión de dar por concluido el expediente adoptada en su día.

En su respuesta, la interesada nos confirmaba que, en efecto, continuaba sin resolverse el problema por el que se dirigió a esta Institución en su día, manifestando su disconformidad con que una ayuda concedida por la realización de un curso en el año 2009, aún no le hubiese sido abonada.

Ante ello, y dado que habían transcurrido varios meses desde la información administrativa anterior, se procedió a reabrir este expediente de queja con fecha 2 de septiembre de 2914, cursando nuevo requerimiento en este sentido realizado a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, tiene como respuesta un informe emitido con fecha 8 de octubre de 2014, en el que, en definitiva, se constata la permanencia en dicho estado de situación del expediente. En dicho informe se indica:

“Que no se han solucionado las circunstancias señaladas a día de hoy, por lo que no se ha podido proceder a la materialización del pago de la beca correspondientes a las acciones formativas de la convocatoria de 2011, objeto de la reclamación.

Que esta Delegación Territorial tiene el máximo interés en el abono de estas becas que van destinadas a colectivos desfavorecidos y, por ello, una vez se solucionen las circunstancias señaladas, procederemos a su pago en el plazo más breve posible.”

En conclusión, al día de la fecha, transcurridos más de dos años de la finalización del curso de Formación Profesional para el Empleo y de la solicitud de la beca/ayuda vinculada a esta formación, la interesada aún no ha obtenido respuesta alguna, ni tampoco la percepción de la misma.

CONSIDERACIONES

Única.- Del derecho de la ciudadanía a una buena administración.

Con carácter general, la legislación administrativa establece un determinado plazo para la resolución de los procedimientos administrativos, y en su defecto un plazo sustitutorio, para el caso que no lo señale la legislación específica.

En el caso que aquí nos ocupa el plazo específico viene establecido en el art. 47.3 de la Orden de 23 de octubre de 2009 (dictada en desarrollo del Decreto 335/2009, de 22 de septiembre), estableciendo un plazo de 3 meses como máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos relativos a estas becas y ayudas (BOJA de 3 de noviembre)

Por otro lado, el art. 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regula el derecho de la ciudadanía andaluza a una buena administración, derecho desarrollado por el art. 5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, incorporando como uno de los elementos de este derecho, el de la obligación de la Administración de resolver las cuestiones planteadas por la ciudadanía en un “tiempo razonable”.

Resulta evidente que en el presente caso, el procedimiento administrativo no solo no ha sido resuelto en el plazo establecido (3 meses) como tampoco en un plazo razonable, toda vez que los dos años transcurridos hasta el momento sin respuesta administrativa, y por consiguiente tampoco el abono de las cuantías económicas, situando este derecho en el ámbito de lo ilusorio.

En modo alguno, unas demoras tan excesivas como las aquí detectadas, pueden justificarse por reestructuraciones administrativas afectando a sucesivos ejercicios presupuestarios.

RESOLUCIÓN

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el art. 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, regulador a de esta Institución, con fecha 17 de noviembre de 2014 se realizó el siguiente RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES:

Art. 47.3 de la Orden de 23 de octubre de 2009, sobre bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas de formación profesional para el empleo.

Art. 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y art. 5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, sobre derecho de la ciudadanía a una buena administración.

Igualmente, y con el mismo amparo legal y fecha, hubimos de formular a la referida Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte la siguiente

RECOMENDACIÓN:

Que a la mayor urgencia posible adopte las medidas necesarias para la puesta al día de los expedientes relativos a las subvenciones y ayudas derivadas de los cursos de Formación Profesional para el Empleo dependientes de esa Administración, procediéndose al abono de las correspondientes prestaciones económicas derivadas de las mismas, entre la que se encuentra la reclamada en el presente expediente de queja”.

La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, con fecha 16 de enero de 2015 ha remitido un informe en el que manifiesta estar plenamente de acuerdo con dicha Recomendación, pero que no está en el ámbito de sus competencias adoptar las medidas necesarias para poder hacer efectivo el abono de la beca reclamada , ya que no se han incorporado créditos que posibilite el pago de las becas y ayudas de acciones formativas de la convocatoria del año 2011, a pesar de haber trasladado el problema en varias ocasiones a distintos órganos de la Consejería, poniéndolos en antecedentes del mismo y solicitando que se arbitre una solución. Lo que vuelven a reiterar, solicitando asimismo, se tome en consideración la Recomendación efectuada el 17 de noviembre de 2011 por esta Institución, y se adopten las medidas necesarias para poder abonar los citados expedientes.

Por su parte, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, -organismo al que, como se decía, le ha dado traslado la Delegación Territorial referida de nuestras Resoluciones-, ha enviado una comunicación con fecha 28 de enero de 2015 aceptando igualmente la Recomendación formulada por esta Institución .

En efecto, dicha Administración educativa expone las razones justificativas del silencio administrativo existente en estos expedientes de ayudas, y aceptando la Recomendación formulada, y afirma que “se van a adoptar aquellas medidas necesarias suplementarias a las ya adoptadas por esta Administración pública, en el marco del estricto cumplimiento de la normativa jurídica vigente y teniendo en consideración los recursos humanos y materiales existentes, así como las disponibilidades presupuestarias, para agilizar la tramitación y resolución de aquellos expedientes administrativos en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, incluyendo los procedimientos referentes al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía “PROTEJA”. “

A la vista de ello, se ha procedido a dar por concluidas nuestras actuaciones, ante la aceptación de la Recomendación por parte de la Administración educativa, y en la confianza de que, en cumplimiento del compromiso expresamente asumido por la Dirección General competente, se proceda al abono cuanto antes de las prestaciones económicas derivadas de las ayudas y subvenciones concedidas por la participación en los cursos de Formación Profesional para el Empleo dependientes de dicha Administración.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz