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Incidencia en el ocio juvenil en Andalucía de ley 7/2006 (Ley Antibotellón)

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Se presenta en el Parlamento de Andalucía el 27-1-2012

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Desde hace ya bastantes años determinadas prácticas de ocio juvenil, y en particular la conocida popularmente como botellón, vienen constituyéndose en fuente constante de conflictos, disputas y controversias entre la ciudadanía al incidir negativamente en el pleno disfrute por parte de muchas personas de su derecho al descanso o de su derecho a ver preservada la intimidad de su propio hogar. Prueba de esta conflictividad son las numerosísimas quejas que desde hace años viene recibiendo esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

Como respuesta a este problema se aprobó la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, conocida como Ley Antibotellón.

A través del presente Informe se ha pretendido analizar como ha incidido en el ocio juvenil en Andalucía la entrada en vigor de la citada Ley 7/2006. A tal fin se ha desarrollado una investigación que ha incluido a todos los municipios andaluces de más de 50.000 habitantes, al objeto de conocer cómo han aplicado la Ley 7/2006 y en qué medida han sido solventados los problemas de convivencia ciudadana existentes hasta entonces.

El Informe incluye además un análisis detallado de las características, equipamientos y servicios existentes en los botellódromos autorizados en Andalucía y dedica un Capítulo específico a glosar las actividades de ocio alternativo al botellón y los programas de fomento de ocio saludable que ofrecen muchos Ayuntamientos.

El Informe concluye con una serie de Recomendaciones y Sugerencias que pretenden ofrecer a las autoridades públicas y a la Sociedad andaluza propuestas que contribuyan a promover en Andalucía formas de ocio juvenil más saludable.

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En mi modesta opinión, la Ley 7/2006 y las variadas medidas que han tomado muchos ayuntamientos requerirían de un estudio cualitativo que llegue a la raíz causal del conflicto que se intenta solucionar. Y, por supuesto, una estadística cuantitativa con preguntas valientes, en las que tanto los vecinos más perjudicados como los segmentos de población que simpatizen con el "botellón" vean plasmadas sus narrativas. Creo que se trata de una norma que en un intento de prevenir o castigar ciertas acciones ya reguladas (consumo y venta a menores, consumo de alcohol en la calle, contaminación acústica, desorden público, hurto, etc...), dando respuesta a las quejas repetidas de vecinos que padecen el fenómeno (un fenómeno por cierto que también ocurre en ciudades centroeuropeas, aunque tanto el ruido como otros problemas son mucho más moderados). Y creo que la norma está lejos de estar respaldada por un consenso social, a pesar del enorme aparato mediático que apoya este tipo de medidas. No se puede entender que usando esta norma la policía municipal pueda multar todo un autobús de turistas que hagan parada en ciudad para que algunos se toman un refrigerio. En una país que los sociólogos bien saben que es de hacer vida en espacios públicos, a un Sócrates y sus acólitos peripatéticos se les podría multar si un servidor público autorizado valora que es un grupo que "genera molestias". Ya en primera persona, hace pocos años, nos perdonaron la multa tras un largo infierno dialéctico. Eramos un grupo de 5 o 6 personas de entre 30 y 40 años, sentados en un parque acabando unos kebabs y con 2 o 3 latas de cerveza ya vacías compradas como parte del menú para llevar. Y el tono de voz era bajo y pausado. Que encima nos dieran el ejemplo del autobús ya citado, que nos empezaran a redactar la multa sin mirar quién era mudo o quién estaba en el grupo o simplemente estaba sentado cerca. La explicación era que el ayuntamiento no quería grupos por la noche cerca de la catedral y que aunque bebamos agua, eramos un grupo. Esta Ley 7/2006 es una herramiento en la cual la coherencia entre fines y medios dista de ser óptima. Creo que el que pueda existir un "grupo molesto" que no infrinja ninguna otra norma es algo que es difícil de entender para cualquier jurista. Y es más, comportamientos que no tienen nada que ver con el llamado "botellón" pueden (como es el caso del ejemplo que aporto), pueden y son sancionados al amparo de una norma que espacios de indefensión jurídica de difícil justificación.

La Ley 7/2006, surgió en un contexto, que a veces se olvida, de autentica alarma social provocada por el permanente conflicto de intereses entre los grupos de jóvenes que practicaban la "botellona" en el suelo urbano residencial y los residentes que invocaban la protección de determinados derechos constitucionales como el derecho a un medio ambiente adecuado, a la protección de la salud y a la intimidad personal y familiar en el propio domicilio.

Ahora bien, esta Ley no ha dado respuesta a las demandas de un gran sector de la población que desea convivir, reunirse y ejercer su derecho al ocio en espacios no segregados de la ciudad. Armonizar los distintos intereses en juego no es fácil y continua siendo una asignatura pendiente. De hecho es destacable el déficit de participación existente en el tratamiento del problema y al mismo tiempo la inadecuada aplicación de la Ley 7/2006 por quienes no entienden que la finalidad última de la Ley no era otra que acabar con aquellas situaciones que provocaban la violación de derechos constitucionales de terceros. Y es que, si se quiere obtener el respeto y la adhesión de la ciudadanía a sus contenidos normativos, las leyes deben de aplicarse con criterios de coherencia y proporcionalidad.

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