Solicitamos información sobre los órganos judiciales que han sido propuestos para su creación ante la situación de colapso

En el Informe Anual de esta Defensoría referido al año 2020 se ponía de manifiesto la situación de colapso que afectan a la Administración de Justicia en Andalucía, y que prácticamente reproduce la que año tras año se viene dando cuenta al Parlamento de Andalucía.

Ya en 2016 se constataba cómo influyó la crisis económica y los conflictos que se generaron en el incremento de la presión y las consecuentes cargas de trabajo en la Administración de Justicia. En años sucesivos se evidenciaba el empeoramiento de la situación al no aplicarse las medidas correctivas acordes a la envergadura puesta de manifiesto.

En el Informe anual de 2019, se insistía en la alta tasa de litigiosidad y reiterada situación de colapso producida en numerosos órganos judiciales, y ello a pesar de las nuevas unidades judiciales creadas en 2018.

Esta situación de colapso producida en numerosos órganos judiciales se ha cronificado y agravado por los efectos adversos de la COVID-19 y la consecuente declaración de los estados de alarma, así como con las medidas sanitarias acordadas en nuestra comunidad autónoma tras el levantamiento de cada uno de ellos.

De esta situación se hace eco el Consejo General de Poder Judicial en la presentación de la Memoria Anual 2020: “Esta situación extraordinaria ha supuesto un importante reto para nuestra institución, que ha tenido que adoptar medidas especiales y realizar muy diversos esfuerzos en todas sus áreas de actuación -lo cual debemos agradecer desde estas líneas a todo el personal del Consejo-, manteniendo así un adecuado ritmo de funcionamiento en el desarrollo de sus funciones constitucionales.”

Así se recoge que para mitigar sus efectos se “elaboró un plan de choque de cara a la reanudación de la actividad judicial tras el levantamiento del estado de alarma que fuera decretado en marzo, ante la evidencia de que la finalización de dicho estado produciría una situación inédita y excepcional en nuestros juzgados y tribunales, ante la que sería necesario estar preparados para mitigar, en la medida de lo posible, sus efectos negativos, consecuencia tanto de la propia reanudación de la actividad judicial suspendida, como del previsible incremento de la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria y del impacto socioeconómico producido por las medidas adoptadas durante el estado de alarma”.

Un Plan de choque, que identificó las medidas con impacto más directo e implantación más rápida en cada caso, contemplando todo el abanico posible de actuaciones, sin olvidar el incremento de los medios personales y/o materiales que pudieran resultar necesarios.

Una situación que fue analizada por esta Defensoría tanto en el “Informe Extraordinario, Derechos de la Ciudadanía durante la Covid-19. Primera ola de la pandemia”, como en el Informe Anual 2020. En ambos informes se puso de manifiesto la necesidad de articular los derechos del personal colaborador, para garantizar los servicios mínimos en juzgados y tribunales en unos momentos cruciales, con la efectiva apertura de los órganos judiciales, así como con la correcta prestación de los servicios esenciales previstos en los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

En el contexto de la queja de oficio 20/2576 interesándonos por las medidas de respuesta y organizativas en el ámbito de las competencias de ordenación y gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia que tiene atribuida la Junta de Andalucía, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, se nos informó y enumeró la regulación implementada con objeto de garantizar la prestación de los servicios esenciales en los términos fijados por la Administración General del Estado, así como las medidas necesarias para preservar la salud del personal de la Administración de Justicia, todo ello, mediante las consiguientes Resoluciones e Instrucciones.

Si bien en el cierre de la queja se le trasladaba a la Viceconsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Admón Local, algunas disfunciones relacionadas con dilaciones judiciales producidas en este periodo, además de los problemas suscitados en los registros civiles, por las dificultades de acceso a inscripciones de nacimiento, solicitudes de certificados, etc.

Así mismo en el informe anual de esta Defensoría del año 2020, se constataba la situación de colapso de los juzgados y tribunales en nuestra Comunidad Autónoma. Una situación que,afecta a las personas que sufren los retrasos en la administración de justicia, suponiendo una grave disfunción que no favorece la credibilidad en la Justicia y su Administración.

Y se constataba que esta elevada carga de trabajos de los órganos judiciales, generalmente provoca una insuficiente capacidad de respuesta para absorber su resolución en unos parámetros de tiempo aceptables.

Entre las medidas a adoptar para paliar la situación descrita, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local haciendo referencia al proyecto de implantación de la Nueva Oficina Judicial, nos traslada que “El despliegue de la Oficina Judicial tendrá efectos muy positivos en el trabajo de los órganos judiciales, pues el nuevo sistema de organización mejorará la capacidad de gestión del personal, mediante el establecimiento de nuevos modelos de distribución de tareas y permitirá a los jueces centrarse en funciones jurisdiccionales, potenciará las atribuciones procesales de los letrados de la Administración de Justicia, y fomentará la especialización de los funcionarios así como un reparto mas preciso y racional del trabajo”.

En el año 2021, se continúan recibiendo quejas que reflejan situaciones similares a las de años anteriores. Preocupa especialmente a esta Defensoría aquellas situaciones en las que las dilaciones judiciales se producen por una sobrecarga de asuntos, que impide “dar satisfacción a las pretensiones del ciudadano”

La amplitud de los problemas que se desprenden en las quejas exige una priorización a la hora de destacar aquellos casos que, por la entidad del asunto planteado o por la frecuencia a la hora de implicar a órganos judiciales concretos, despiertan una especial atención y suscitan la consecuente necesidad de procurar una respuesta prioritaria.

Del análisis de las quejas recibidas desde el año 2019 al 3º trimestre de 2021, y atendiendo a los informes remitidos por la Fiscalía, Juzgados Decanos y Consejo General de Poder Judicial, se han detectado juzgados que acumulan un número de procedimientos respondiendo a “...causas estructurales, teniendo en cuenta que el titular del órgano judicial supera el indicador de dedicación y que por lo tanto se debe a la acumulación y pendencia de procedimientos ...” y que se relacionan en la siguiente tabla:

Somos conscientes de que las quejas que nos remiten los ciudadanos son un ejemplo de otros casos similares que aunque no lleguen a esta Defensoría, nos preocupan de igual manera ya que afectan a derechos fundamentales y en concreto al derecho a un procedimiento sin dilaciones, dentro de un plazo razonable.

A modo de ejemplo, en el contexto de la queja 19/3785 la situación de los juzgados de lo penal de Málaga se describe por el Juez Decano en las siguientes frases: “El número de asuntos pendientes y los nuevos que se registran cada año son inasumibles con la actual plantilla de magistrados, cuya productividad supera, con mucho, a la establecida por el Consejo General del Poder Judicial. La solución al problema existe y está muy clara desde hace años. Esta ciudad no puede tener únicamente 15 juzgados de lo penal. Esto lo conoce perfectamente el Consejo, la Comunidad Autónoma y el responsable directo que es el Ministerio de Justicia que es el que tiene la competencia para modificar y aumentar la planta judicial. El resto de medidas son parches que generan un efecto embudo, pues aunque se puede mejorar el funcionamiento de la oficina judicial ,al final es el Juez el que tiene que celebrar el juicio, resolver y dictar la sentencia o la resolución que corresponda.

En el mismo sentido el Consejo General de Poder Judicial a través de la Jefatura del Servicio de Inspección, concluye que “las disfunciones que motiva la queja objeto del presente informe obedecen fundamentalmente a razones estructurales, que derivan de una elevada entrada de asuntos en dichos órganos en las últimas anualidades, impidiendo que, pese a su elevado rendimiento, logren asumir la totalidad de la carga de trabajo, aumentando la pendencia y, en consecuencia, el tiempo de respuesta requerido para dar satisfacción a las pretensiones del ciudadano”.

La situación que hemos intentado poner de manifiesto, trasciende los problemas individuales expresados en cada queja y supone un grave déficit que afecta a toda la ciudadanía que se ve impelida a acudir a los órganos judiciales en cuestión. en un contexto de falta de credibilidad de la Justicia y su Administración motivada en muchas ocasiones por las dilaciones en los procedimientos..

Por tanto, la falta de medios materiales y/o personales ha sido determinantes para motivar la propuesta de incoación de la queja de oficio, con el objeto de que se valore y se tenga en cuenta por la Administración Autonómica dichas disfunciones a la hora de adoptar medidas en cuanto a recursos materiales y de personal, así como proponer la creación de nuevos órganos judiciales.

Es por ello que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería en materia de Justicia, procede solicitar informe sobre el problema expuesto y sus posibles soluciones, así como los concretos órganos judiciales que han sido propuestos para su creación en los dos últimos años, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido.