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Defensor del Menor de Andalucía. Informe Anual 2012
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Continúa el estudio indicando que en el año 2011, uno de cada 10 menores de edad
de nuestro país vive en hogares donde nadie trabaja y el 7,2 por 100 de los niños, niñas
y adolescentes de Andalucía padece privación material grave. Aclarar que según la
Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT, 2013), las personas y hogares con
privación material grave serían aquellas que no disponen de recursos para hacer frente
a cuatro o más de las siguientes situaciones: pagar el alquiler y las facturas corrientes;
calentar correctamente su vivienda; hacer frente a gastos imprevistos; comer carne,
pescado o proteínas equivalentes con regularidad (días alternos); pasar una semana de
vacaciones al año fuera del hogar; disponer de coche; disponer de lavadora; disponer
de TV en color; o disponer de teléfono fijo o móvil.
Ciertamente la crisis no solo está aumentando la exclusión y la marginalidad
de determinadas familias, ya necesitadas de ayudas antes de que se produjera la
actual coyuntura económica, sino que está desdibujando las fronteras de la pobreza
extendiéndola hacia las clases medias. Se trata de familias que se encontraban en
una situación normalizada pero que la prolongación de la crisis las ha convertido
en un colectivo de especial vulnerabilidad como consecuencia, principalmente, de
la pérdida del empleo de uno, varios o de todos los miembros de la unidad familiar.
Por desgracia, en muchos casos, esta ausencia de ingresos les impide hacer
frente al pago de las hipotecas o de los alquileres, y el resultado final se traduce en
la pérdida de la vivienda familiar por embargo –principalmente por el impago de las
hipotecas a las entidades bancarias- o, en su caso, por desahucio al no abonar las
rentas a los propietarios.
En estas situaciones se encuentran un gran número de andaluces y andaluzas con
cargas familiares que, vencidas sus ilusiones del pasado por la crudeza de la crisis, se
preguntan ahora cómo afrontar un futuro sin vivienda. Unos lamentables hechos que
están generando verdaderos dramas familiares, lo que ha dado lugar a que desde
distintos ámbitos se venga exigiendo a los poderes públicos una respuesta concreta
a esta nueva realidad que tanta alarma social está ocasionando.
En este ámbito, nuestra Defensoría ha venido mostrando una especial sensibilidad
e interés ante el sufrimiento de aquellos andaluces que se quedan sin vivienda por
no poder hacer frente al pago de sus obligaciones, especialmente con las entidades
bancarias con las que tenían suscritos los préstamos hipotecarios.
Quizás el mayor drama lo afronte aquel sector de la ciudadanía que ni siquiera
era conocedor cuando concertó los préstamos hipotecarios del alcance real del
compromiso que asumía. Personas que solo se enteraron de la realidad de sus
obligaciones cuando, incapaces de afrontar el pago de las cuotas periódicas, se
dirigieron a la entidad financiera con la intención de saldar su deuda entregando en
pago la vivienda hipotecada.