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E
n una sociedad de consumo como la
nuestra la adecuada prestación de
determinados servicios, no solo se
convierte en requisito fundamental para el
normal desarrollo de nuestra vida cotidiana,
sino que además constituye un referente
esencial para medir nuestra calidad de vida.
Servicios como el suministro eléctrico,
las telecomunicaciones, el abastecimiento
de agua o los servicios financieros
desempeñan una función tan imprescindible
que podríamos considerarlos como servicios
básicos o esenciales para la vida cotidiana de
las personas. Por ello, no es de extrañar que
se les aplique la denominación de servicios
de interés general.
En los últimos años la prestación de
estos servicios se ha liberalizado y su gestión
ha pasado a estar en manos de empresas
privadas que los comercializan en un régimen
de libertad de mercado. No obstante, su
incidencia sobre la vida de las personas es tal
que siguen estando sometidos a un régimen
especial de vigilancia, control y regulación
por parte de los poderes públicos.
En este sentido, una Institución como
el Defensor del Pueblo Andaluz, que tiene
atribuida estatutariamente la función de
garante de los derechos fundamentales de
las personas, no puede obviar el hecho de
que en muchas ocasiones el pleno ejercicio
de algunos de estos derechos fundamentales
depende de la adecuada prestación de estos
servicios de interés general.
Por tal motivo, y
tomando en consideración que nuestras
habituales funciones de supervisión de la
actuación realizada por las
Un enorme escenario
donde seguir trabajando
Lamediación y la colaboración como instrumentos del Defensor del Pueblo Andaluz para impulsar su función
como garante de derechos en relación a la prestación de servicios de interés general.
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mejorar las normas