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A vueltas con el programa de
solidaridad
que encuentran los ciudadanos y ciudadanas
cuando solicitan ser preceptores de este
Programa, que se centran en el propio
funcionamiento del mismo.
Pues bien, en dicho ejercicio, en el que la
crisis económica ha seguido castigando de
forma implacable a los sectores sociales más
vulnerables de nuestra sociedad, llevándoles
en muchos casos a circunstancias severas
de pobreza y exclusión, se incrementaron
las peticiones para mediar en su resolución.
El Programa se ha convertido en un
instrumento muy importante, capaz de llegar
a muchas personas y familias afectadas por
la actual situación de creciente desempleo,
agotamiento de las prestaciones, etc. y para
las que esta ayuda sirve para subsistir en
espera de que un cambio de las circunstancias
les haga salir de la situación vulnerabilidad,
cuando no de verdadera de exclusión, en la
que se encuentran inmersas. Pero es más,
como hemos observado, en un momento en
el que muchos Ayuntamientos han agotado
las ayudas a las familias desde los Servicios
Sociales, se convierte en el recurso más
demandado y al que se derivan a las personas
que cumplen los requisitos, ante la falta de
otras alternativas para suplir la ausencia de
medios y recursos.
Por nuestra experiencia, parece excesivo
el periodo el tiempo de espera, ya que a
veces llega casi a los doce meses desde la
presentación de la solicitud hasta el cobro
de la prestación. Esto, como ya comentamos
en el Informe Anual de 2011, hace que se
desvirtúe la finalidad del Programa, al existir
pocas alternativas de sostenimiento familiar y
de inserción social.
Todo esto lo vemos recogido en
la queja 10/2419, que tramitamos de
oficio, ante la entonces Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, hoy de Salud y
Bienestar Social, con el objeto de conocer el
funcionamiento del Programa de Solidaridad
para la Erradicación de la Marginación y la
Desigualdad en Andalucía, de cuyo desarrollo,
desde su inicio, dimos cuenta en esta misma
revista, correspondiente a nuestro Informe
Anual de 2011.
Con ella intentamos conocer la situación
del mismo, debido que un gran número
de quejas referidas a éste incidían en los
incumplimientos y retrasos en su resolución,
que llegaba en muchos casos a superar los
doce meses; las exigencias de un Decreto
que tiene ya una vigencia de trece años y
“
Logramos despertar una
colaboración en definir las
soluciones a las deficiencias
de estas ayudas. Pero
los problemas persisten:
retrasos severos, falta
de recursos y carencia de
atenciones de emergencia.
”
D
esde hace años venimos abordando
las problemáticas que sufre la
ciudadanía
andaluza
derivadas
de las actuación de las Administraciones
Públicas, referidas al Programa de Solidaridad
de los Andaluces para la Erradicación de la
Marginación y la Desigualdad en Andalucía,
regulado en el Decreto 2/1999, de 21 de
Enero, y podemos afirmar que en los últimos
años, las disfuncionalidades más destacadas
que afectan al Programa tienen que ver con
el retraso en el procedimiento de tramitación
de la prestación y el tiempo que se tarda en
recibir ésta.
En un escenario como el actual, de
persistente crisis económica, éste Programa
se ha convertido en uno de los pocos
instrumentos capaz de llegar a amplios
sectores sociales afectados por la crisis y para
los que esta ayuda se convierte en el único
soporte económico durante un periodo de seis
meses, prorrogables por otro período igual,
fuera del año de concesión.
Así, en el año 2012, hemos seguido
recibiendo quejas en las que se solicita la
intervención de esta Defensoría para que
la Consejería de Salud y Bienestar Social
proceda al pronto pago del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, comúnmente llamado Salario
Social, como último recurso y esperanza de
muchas familias para poder hacer frente a sus
necesidades básicas.
En ellas se relatan también las dificultades
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Resumen del
informe
anual
2012