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Defensor del Pueblo Andaluz
su propio entorno, quedando de una posible incapacitación y tutela legal,
pendiente de la evolución de la situación clínica y social de la persona.
Además, y con carácter general, para que sea eficaz el procedimiento
de incapacitación judicial no sólo se requiere que concurra enfermedad
o discapacidad grave que afecte duraderamente a la capacidad de
una persona para gobernarse por si misma, sino que también es
imprescindible que la medida suponga un beneficio real para esta.
Además, en los procedimientos seguidos es prioritario que estos se
desenvuelvanconpleno respeto y garantíade losderechos constitucionales
y estatutarios para todas las personas con discapacidad y enfermedad
mental.
Desde esa complejidad de aspectos, la presente propuesta busca
establecer una coordinación de las diferentes administraciones
implicadas en los procedimientos referidos, en los que es necesaria la
concurrencia de actuaciones judiciales, así como las sociales y sanitarias.
Fija, por tanto, toda una serie de pautas que pueden servir para una
mayor racionalización de los dispositivos intervinientes, así como de los
órganos judiciales que redunde en beneficio de las personas afectadas.
Para ello se ha pretendido redactarla de forma operativa para facilitar la
actuación de los distintos agentes implicados.