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VII.- TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1. Introducción
En los actuales momentos resulta muy conveniente comenzar nuestra
exposición sobre lo actuado en el año 2012 en materia de trabajo con la reseña o inclusión
de los ―Principales resultados‖ de la Encuesta de Población Activa que, referida al Cuarto
Trimestre de 2012, ha facilitado el 24 de Enero de 2013 el Instituto Nacional de Estadística.
Resultados principales de los que entresacamos los siguientes:
El número de activos disminuye en 176.000 personas, principalmente entre los
jóvenes menores de 25 años, situándose la tasa de actividad en el 59,80%.
La ocupación baja en 363.300 personas (74.500 personas en el empleo público
y en 288.700 en el empleo privado) en el cuarto trimestre de 2012, hasta un total de
16.957.100. La tasa de variación trimestral del empleo es del -2,10%.
El número de trabajadores independientes o empresarios sin asalariados
aumenta en 14.800, pero el total de trabajadores por cuenta propia desciende en 55.400
este trimestre. El total de asalariados con contrato indefinido baja en 91.100 y el de
asalariados con contrato temporal lo hace en 216.600.
La ocupación aumenta en 63.700 personas en la Agricultura. Baja en 305.600
en los Servicios, en 62.900 en la Construcción y en 58.500 en la Industria.
Por lo que se refiere a Andalucía, la tasa de variación interanual de la ocupación,
sufre un descenso del -6,17 %).
En cuanto al número de parados este continúa creciendo alcanzando la cifra de
5.965.400 en España. La tasa de paro en el trimestre se incrementa un punto, hasta el
26,02%.
Por lo que se refiere al número de parados en Andalucía se ha producido en el
trimestre un aumento de 1,29%, respecto del trimestre anterior y un total de 18.300
personas paradas más.
Siendo nuestra Comunidad Autónoma la de mayor aumento anual de
desempleo, un total de 194.100 personas paradas, esto es un aumento anual del 15,54%.
En Andalucía el número total de personas en paro asciende, según la citada
Encuesta de Población Activa a 1.442.600.
A la vista de los referidos datos principales comprobaremos que tanto los
principios y objetivos rectores de la política social y económica constitucional y
estatutariamente establecidos (pleno empleo estable y de calidad, de la producción, con
singular incidencia en la salvaguarda de la seguridad y salud laboral, la conciliación de la
vida familiar y laboral y la especial garantía de puestos de trabajo para las mujeres y
jóvenes, negociación colectiva, libertad de empresa, etc.), todos ellos conformadores del
derecho-deber a trabajar, resultan gravemente afectados, aproximando y -cuando no-
abocando a grandes sectores de la población en edad de trabajar a la exclusión social, lo
que resulta muy preocupante, pues convierte en meramente ilusorio el derecho-deber al
trabajo incluido en nuestro gran Pacto Social, la Constitución española que en su Art. 35,