Versión de HTML Básico
117
Una participación ciudadana que debe garantizarse, no solo a nivel individual,
como derecho de ciudadanía, sino también a nivel colectivo, como derecho de los grupos,
entidades y asociaciones que aglutinan y canalizan las aspiraciones comunes de los
ciudadanos y ciudadanas.
Ahora bien, la participación ciudadana no sería en ningún caso posible si no se
garantizara previamente un adecuado acceso de la ciudadanía a la información que debe
permitirle disponer de los datos y los elementos de juicio necesarios para ejercer con
propiedad sus capacidades de decisión.
Participación y acceso a la información son, por tanto, las dos caras de una
misma moneda y constituyen una dualidad cuya existencia debe quedar suficientemente
garantizada como requisito indispensable de una adecuada Gobernanza.
En este sentido, no podemos dejar de reseñar la evidente contradicción
existente entre la postura mostrada por la Administración cultural andaluza en los
expediente de referencia y la intención manifestada, tanto por el Gobierno Andaluz como
por el Gobierno del Estado, de aprobar una norma con rango de Ley que venga a consagrar
definitivamente el principio de trasparencia administrativa.
De un nuevo pacto por la educación.
La Constitución española, en su artículo 27, reconoce el derecho universal de
todos y todas a la educación así como la libertad de enseñanza, añadiendo que la
educación tiene por objeto «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».
Teniendo en cuenta las competencias asignadas a esta Institución, la defensa
del derecho a la Educación se concreta en una labor de supervisión de todas aquellas
actuaciones de la Administración pública que pueden afectar tanto al mencionado derecho
fundamental en un sentido más primitivo y pleno, como a los distintos derechos y libertades
que lo concretan y particularizan, y que podríamos integrar en el derecho a una enseñanza
de calidad.
Pero nuestra actividad, como garante de derechos, no puede quedar limitada
solo al ámbito supervisor. En efecto, la privilegiada situación de la Defensoría permite
advertir las carencias y deficiencias del actual fenómeno educativo y, de modo simultáneo,
plantear o proponer posibles alternativas o soluciones que contribuyan al efectivo ejercicio
del derecho a la educación reconocido constitucional y estatutariamente.
Esta Sección del Informe, siguiendo la tendencia marcada en ejercicios
anteriores, analiza algunos de aquellos asuntos o problemas que, a nuestro juicio, deben
ser objeto de una especial atención por la sociedad en general y por la Administración
educativa en particular porque afectan o comprometen el derecho a la educación.
Así las cosas, centramos nuestra atención en un tema sobre el que esta
Institución viene insistiendo constantemente: La necesidad de alcanzar un Pacto por la
Educación. Un acuerdo que permita de una vez por todas dotar de estabilidad al actual
Sistema educativo, evitando los sucesivos cambios a los que se somete cada vez que existe
una nueva alternancia política. Un Pacto que facilite la continuidad en el tiempo de unas
políticas educativas que contribuyan a obtener resultados de calidad, equidad y eficiencia.
Un acuerdo que, en definitiva, esté por encima de los distintos avatares de carácter político,