Queja número 17/5222
Recibimos informe emitido por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en contestación a nuestro escrito de Resolución, relativo al expediente de queja arriba indicado, informe en el que se indica lo siguiente:
“En cuanto a la primera recomendación, relativa a la implementación en el sistema de gestión de las pensiones no contributivas de un identificador especifico que permita conocer tal circunstancia, bien en la solicitud del interno bien cuando el beneficiario comunica su ingreso en prisión, se informa que se ha elevado al IMSERSO la petición, como órgano responsable de la coordinación de la gestión entre las diversas Comunidades Autónomas, y en aras a dar uniformidad al tratamiento de los datos de las personas pensionistas en el territorio nacional, toda vez que su incorporación puntual en el sistema informático de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía, privaría de esa información en el caso de traslados entre Comunidades Autónomas. por lo que para la efectividad de esa medida se deberían dictar instrucciones para todos los gestores en el territorio nacional, y en base a los mecanismos de coordinación que se señalan desde esa institución.
En lo relativo a la segunda recomendación, y según ya se había informado a esa Institución, se vienen ultimando los trabajos para el alta en nomina de las personas trasladadas, de forma que se iniciará el abono de la pensión desde el momento en que se acepte el traslado, antes de la iniciación del procedimiento de revisión de oficio, en aras a una mayor agilidad administrativa, lo cual confiamos este operativo con la mayor brevedad posible, antes del fin de año, según los desarrollos de los evolutivos planificados por el Departamento de Informática de esta Consejería.
No obstante, en este punto, y respecto al procedimiento de revisión que se ha de iniciar con posterioridad, se está pendiente de gestiones con el IMSERSO relativo a las peticiones de traslados de los expedientes de discapacidad con ocasión de los traslados de expedientes de pensiones, y sobre la necesidad de autorizar dichos traslados de expedientes las personas afectadas, o entender que la autorización se encuentra implícita en la la petición de! traslado del expediente de PNC, para propiciar una actuación coherente en todo el territorio de la nación, lo cual en el caso de las personas internas resulta aún más gravoso.
Por último, en cuanto a la sugerencia, relativa a la articulación de mecanismos de colaboración entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, se ha elevado igualmente al IMSERSO la consulta sobre la oportunidad de dar un tratamiento singular al traslado de los presos, al concurrir circunstancias especiales que pone de manifiesto esa Institución, quedando pendiente de las orientaciones que sobre el particular se dicten por el Organismo responsable de la coordinación.
Asimismo, y en orden a clarificar la respuesta anteriormente en el expediente de referencia, se pone de manifiesto que la instrucción en materia de traslados de personas privadas de libertad, atendiendo a la circunstancia de que el mismo sea temporal, y así quede acreditado por el centro penitenciario, por la que se establece la posibilidad de mantener la prestación en la provincia de origen, en los casos en que quede acreditado que no existe una estabilidad/permanencia en el traslado efectuado, y con ello evitar actuaciones administrativas innecesarias que puedan perjudicar a la persona interesada, se encuentra dictada por el IMSERSO para todo el territorio nacional, desconociéndose desde esta Dirección General, la aplicación o no de la misma”.
A la vista de lo aportado por la Administración Autonómica, entendemos que el contenido de dichas Resoluciones ha sido asumido favorablemente, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones, procediendo con esta fecha al archivo de su expediente de queja.
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