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Reclamamos que se resuelva el expediente de clausura sobre un bar si todavía persiste la infracción

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/1302 dirigida a Ayuntamiento de Sevilla

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras la tramitación de la queja de una vecina de Sevilla por la inexplicable ineficacia del Ayuntamiento de esta ciudad ante sus reiteradas denuncias contra un bar de copas que de forma regular, según ha constatado incluso la policía local, ha incurrido en diversas infracciones administrativas, llegando incluso a dictarse orden de clausura que, varios meses después y de forma injustificada, no ha sido cumplida ni ejecutada, ha recordado al citado Ayuntamiento los principios a los que debe someterse en su actuación, esto es, legalidad, seguridad jurídica, servicio a la ciudadanía, eficacia y buena administración. Se le ha recordado, además, que los actos administrativos son ejecutivos, y a propósito de ello, se le ha recomendado que, con urgencia, se inspeccione por la policía local el bar en cuestión para que, si sigue incurriendo en infracción administrativa, se proceda a su inmediata clausura y precinto, dando así cumplimiento a la resolución dictada en su momento, y que se dé traslado al Ministerio Fiscal para que se depuren las responsabilidades a que, en su caso, pueda haber lugar en el orden penal. Finalmente, se ha recomendado al Ayuntamiento la obligación que tiene de impulsar el procedimiento administrativo sancionador ya incoado contra este local y que, dado su historial de incumplimientos, se le haga un seguimiento especial por la policía local, a fin de garantizar su actividad a lo autorizado, permitiendo el respeto al derecho al descanso de las personas que residen en su entorno.

ANTECEDENTES

La interesada denunciaba la deficiente actuación seguida por el Ayuntamiento de Sevilla ante sus denuncias por irregularidades cometidas en el bar de copas “...”. Desde principios del año 2014, la interesada había presentado en el Ayuntamiento de Sevilla diversos escritos de denuncia, más de 20, solicitando que se interviniera ante el problema de ruidos ocasionado por este bar de copas y, al no tener ninguna respuesta, acudió en queja a esta Institución, donde, tras admitir a trámite la queja, hemos solicitado diversos informes al citado Ayuntamiento.

No obstante, hay que significar que antes de recibir el primer informe del Ayuntamiento, la interesada nos hizo llegar una notificación que sobre este asunto había recibido de la Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Servicio de Protección Ambiental, de abril de 2014, con la que se le comunicaba resolución de inicio de expediente sancionador contra el bar “...” por disponer de música sin autorización, proponiéndose una sanción de 1.000 euros. Además, en esta resolución se ordenaba “el cese inmediato del foco emisor” y, para el caso de incumplimiento de dicha orden de cese, ordenaba “la clausura de la actividad hasta que se ejerza la actividad en las condiciones establecidas en la licencia”, advirtiendo de que “la clausura es inmediatamente ejecutiva (...) y que, de no cumplirse voluntariamente, se procederá a su ejecución forzosa mediante precinto”. Hay que resaltar que este inicio de expediente sancionador obedecía a una presunta infracción apreciada por la policía local en visita de inspección de 20 de marzo de 2014.

Con esta información ya en nuestro conocimiento, recibimos el primer informe que habíamos solicitado al Ayuntamiento de Sevilla, que nos fue enviado por la Policía Local en mayo de 2014, dándonos cuenta de todas las actuaciones llevadas a cabo por los agentes en los años 2013 y 2014 respecto de este establecimiento, de las que cabía destacar denuncias por carecer de licencia de apertura y por ejercer la actividad con huecos abiertos al exterior (el 9 de marzo de 2013), nuevamente por tener huecos abiertos al exterior, por ocupación de la vía pública sin autorización para ello y por no disponer del seguro de responsabilidad civil obligatorio de la Ley 13/1999 (el 30 de mayo de 2013), y por tener instalados veladores careciendo de licencia para ello y disponer de elementos musicales no autorizados (el 1 de febrero de 2014).

Lo primero que llama la atención, visto este primer informe de la Policía Local, es que la Dirección General de Medio Ambiente no hubiese incoado ningún expediente sancionador por las infracciones denunciadas por los agentes, sino que se hubiese incoado por otra infracción posterior denunciada, como se ha dicho, el 20 de marzo de 2014. No obstante, después de este informe policial, nos consta que la interesada ha presentado nuevas denuncias contra el bar “...” por disponer de música.

Se requirió un nuevo informe al Ayuntamiento, concretamente a la Dirección General de Medio Ambiente, que, en un escueto escrito de mayo de 2014, nos trasladó que, tras visita de inspección de la Policía Local “se desprende que existen elementos musicales no licenciados, ordenándose foco emisor y mediante resolución número ... de .. de abril de este año, se exige retirar los elementos que no están amparados en la autorización”, añadiéndose que “en caso de que el titular de la actividad no cumpla lo establecido en la resolución dictada, se procederá a la clausura de la actividad”. Este informe no aportaba nada que no conociéramos ya por la copia de la resolución que en tal sentido nos había hecho llegar la denunciante unos días antes.

Sin embargo, pese a esta resolución, la realidad es que el local, posteriormente a todas estas actuaciones, seguía disponiendo de música sin autorización y no era clausurado por el Ayuntamiento, como demuestran las reiteradas denuncias presentadas por la interesada durante el mes de junio de 2014. Seguía, por tanto, sin darse cumplimiento a la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente que ordenaba el cese inmediato del foco emisor, la clausura de la actividad en caso de incumplimiento o la ejecución forzosa mediante precinto. Por ello, no nos quedó otro remedio que seguir indagando en este asunto, y pedir otro informe más al Ayuntamiento, que nuevamente fue cumplimentado por la Policía Local.

En esta ocasión, la Policía Local nos informaba, en agosto de 2014, de nuevas visitas de inspección giradas al bar “...” en días de junio y agosto, en horario de tarde-noche y de madrugada, encontrándose cerrado. Lamentablemente, sólo cabía esperar al mes de septiembre de 2014 y siguientes para que volviera a surgir la problemática, y la afectada nos hizo llegar que el local no sólo seguía con la música, “sino que se permite el lujo de subirla de tono”.

Finalmente, se recibió un último informe de la Policía Local, de noviembre de 2014, donde se nos decía que tras girar visita de inspección el 7 de noviembre, se había denunciado al bar por tener instalados elementos musicales no incluidos en la licencia. Es decir, que el local seguía incumpliendo, muchos meses después de que se hubiera denunciado por primera vez, y muchos meses después de que por parte de la Dirección General de Medio Ambiente se hubiera ordenado su la clausura mediante resolución de abril de 2014.

En los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015 se han recibido nuevos escritos de la afectada denunciando que la situación sigue igual, el bar disponiendo de música y generando un gran ruido que vulnera su derecho al descanso.

CONSIDERACIONES

En los Antecedentes expuestos han quedado apuntados algunas circunstancias que merecen nuevamente ser consideradas:

- En primer lugar, el hecho de que las primeras denuncias de la policía local contra el bar lo sean por infracciones cometidas los días 9 de marzo y 30 de mayo de 2013, a pesar de lo cual la Dirección General de Medio Ambiente no incoó expediente sancionador hasta una nueva denuncia de 20 de marzo de 2014, esto es, más de un año después de haberse cometido las primeras infracciones. Es decir, aquellas infracciones quedaron en el olvido y sin sanción alguna.

- En segundo lugar, llama la atención el absoluto incumplimiento, por el propio local pero también por el propio Ayuntamiento, de la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, de 11 de abril de 2014, por la que se ordenaba “el cese inmediato del foco emisor” y, para el caso de incumplimiento de dicha orden de cese, “la clausura de la actividad hasta que se ejerza la actividad en las condiciones establecidas en la licencia”, advirtiendo de que “la clausura es inmediatamente ejecutiva (...) y que, de no cumplirse voluntariamente, se procederá a su ejecución forzosa mediante precinto”.

De ambas circunstancias se desprende, al igual que en otros supuestos de los que como Alcalde-Presidente le hemos dado cumplida información a los efectos procedentes, una pasividad de la Dirección General de Medio Ambiente que es el organismo que, en definitiva, tiene la competencia para ordenar la clausura del establecimiento una vez que ha quedado más que claro que, lejos de tener una voluntad cumplidora de aquello que se le ordena, muestra una actitud de incumplimiento, desafiando no sólo los requerimientos municipales –si es que se le han llegado a notificar- sino también quebrantando gravemente el descanso de los vecinos de la zona, pues a la disposición de elementos de reproducción musical no autorizados, hay que sumarle la tenencia no autorizada de veladores y la apertura de huecos y ventanas, multiplicando con ello la generación de ruidos que están soportando las personas que tienen sus domicilios cerca del establecimiento.

Queda claro que ni se tramitó expediente sancionador a su debido momento –con lo que algunas infracciones han quedado impunemente olvidadas- ni tampoco se ha clausurado el local, pese a haberse ordenado su precinto en caso de incumplimiento, generando así en la ciudadanía una sensación de absoluta indefensión frente a empresarios infractores que no tienen el más mínimo reparo en vulnerar los derechos de los demás. Sirva de ejemplo para mostrar esta sensación lo que nos decía la afectada en uno de sus muchos escritos:

Después de esto cualquier persona normal se pregunta ¿para qué están las leyes? ¿por qué unos ciudadanos tienen que pagar impuestos y otros no? ¿hay voluntad por parte del Ayuntamiento de hacer algo contra los ruidos”.

Ante lo expuesto, hemos de dirigirnos de nuevo al Ayuntamiento de Sevilla y a su Dirección General de Medio Ambiente para que procedan a cumplir, de manera eficaz, con la legalidad vigente frente a la incontestable situación de incumplimiento manifiesto de la que se tiene constancia del bar “...”. Y es que esa Alcaldía-Presidencia tiene pleno conocimiento, por escritos anteriores que le hemos trasladado con motivo de las quejas tramitadas por asuntos similares a éste, de la pasividad que viene mostrando la mencionada Dirección General ante denuncias de particulares y policía local motivadas por estos hechos.

Y, en este sentido, hay que recordar una vez más diversos preceptos de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) y de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). Así, el artículo 9.3 de la Constitución recoge, entre otras, las garantías del principio de legalidad y del de seguridad jurídica. Por su parte, el artículo 103.1 de la Carta Magna establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, los principios de eficacia y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La LRJPAC, en línea con lo que dice la Constitución en los dos preceptos citados, recuerda en su artículo 3 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros, los principios de eficacia y con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, respetando en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. De otro lado, la LBRL menciona en sus artículos 2 y 6 los principios de eficacia, de servicio con objetividad a los intereses públicos que les están encomendados y de actuación de acuerdo con los principios, entre otros, de eficacia, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Finalmente, hay que mencionar el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que garantiza el derecho a una buena administración que comprende, en los términos que establezca la Ley, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a, entre otras cosas, que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

Además de estos principios básicos de la actividad administrativa, no observados por el Ayuntamiento de Sevilla en este asunto, hay que mencionar también diversos preceptos de la LRJPAC que han sido vulnerados en materia de procedimiento administrativo. Concretamente son los artículos 56 y 94 sobre la ejecutividad de los actos administrativos.

Aplicando todos estos preceptos al caso objeto de este expediente de queja, consideramos que se han vulnerado todos y cada uno de ellos, pues no se ha respetado la legalidad sancionadora al no incoarse expediente sancionador cuando se debió –sino mucho más tarde-, al no procurar la ejecución de las resoluciones dictadas, al generar con ello un clima de desconfianza del ciudadano hacia la actividad municipal, dando así lugar a una total sensación de inseguridad jurídica y de indefensión frente a la actuación irregular del local de copas.

Y, en este sentido, tal y como dijimos en nuestra Resolución de oficio de la queja 14/2491, dirigida a todos los Ayuntamientos de Andalucía sobre la normativa de bares con música, y no dudamos en plasmar en nuevas Resoluciones, los juzgados y tribunales han comenzado ya a reconocer y exigir responsabilidad penal en los supuestos más flagrantes en los que se pone en cuestión negligencia para combatir alguna de las situaciones que se generan con motivo de la contaminación acústica provocada por tales actividades, como ha sido, entre otros, el caso de la conocida Sentencia número 1091/2006, de 19 de octubre, del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) que condenó al Alcalde de la ciudad de Villareal (Castellón), como autor de un delito de prevaricación, a la pena de un año y seis meses de prisión, más ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por haber quedado probado que, con su actitud, no persiguió durante años, a sabiendas, despreciando la normativa y sin tener en cuenta sus obligaciones como Alcalde, las flagrantes irregularidades en materia de ruido que generaba una fábrica de pavimento cerámico, pese a las reiteradas quejas de los vecinos. Esta Sentencia recuerda que la conducta del Alcalde integra una decisión, por acción y por omisión o dejación de sus funciones que, de forma deliberada, se sitúa al lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos sabiendo a ciencia cierta que actuaba y vulneraba la legalidad que regulaba la emisión de ruidos; asimismo, también dice la Sentencia que el Alcalde conoció los informes negativos sobre las emisiones ruidosas, contemplando impasible cómo se incumplían las propias decisiones sobre aislamiento realizada por la Consejería Autonómica y el propio Servicio Técnico del Ayuntamiento.

O la posterior Sentencia número 77/2007, de 18 de mayo de 2007, de la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 1ª), que confirma una previa Sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz, por la que se condena al Alcalde de la localidad de Talavera la Real como autor de un delito de prevaricación medioambiental a la pena de un año de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por un periodo de ocho años. Adicionalmente, se le condenaba en concepto de responsabilidad civil por daños y perjuicios, a indemnizar personal, directa y solidariamente al afectado, en la cantidad de 7.000 euros, y todo por haber concedido licencia definitiva a una discoteca pese a conocer que generaba niveles de contaminación acústica por encima de los permitidos y pese a las constantes y reiteradas quejas y denuncias de personas afectadas.

O la más reciente Sentencia número 222/2013, de 10 de mayo de 2013 de la Audiencia Provincial de Cáceres (Sección 2ª), que confirma una previa Sentencia del Juzgado de lo Penal de Plasencia, en cuya virtud se condenaba al Alcalde del Ayuntamiento de Losar de la Vera, como autor de un delito de prevaricación administrativa, a 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público; así como por el mismo delito, a otras 7 personas, en su condición de concejales, a 7 años de inhabilitación especial para ejercicio de empleo o cargo público, al haber quedado acreditado que nunca se incoó expediente sancionador contra el dueño de una discoteca, ni se acordó tampoco el cierre cautelar a pesar de que se ordenó por la Consejería competente.

Y, finalmente, hay que hacer mención también a la recentísima Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 15 de mayo de 2014, por la que se condenó a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público a la Alcaldesa de la localidad de Pliego, y a su predecesor en el cargo, por un delito continuado de prevaricación al considerar que durante catorce años no ejercitaron sus competencias para poner solución a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones que generaba un local del municipio y que afectaba a un vecino.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 de lo establecido en el artículo 9.3 y 103.1 de la Constitución, 3 de la LRJPAC, 2 y 6 de la LBRL y 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que establecen las garantías del principio de legalidad y del de seguridad jurídica, de servir con objetividad los intereses generales y de actuación de acuerdo con, entre otros, los principios de eficacia y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, respetando en su actuación los principios de buena fe, de confianza legítima y buena administración.

RECORDATORIO 2 de lo establecido en los artículos 56 y 94 de la LRJPAC, sobre la ejecutividad de los actos administrativos.

RECOMENDACIÓN 1 para que, con urgencia, se proceda a inspeccionar por parte de la Policía Local el bar “...” y, en caso de que persista en el desarrollo de actividades no autorizadas –música, disposición de veladores y/o tener huecos abiertos al exterior- se proceda sin más demora a su clausura por su titular, ejecutándola en caso de incumplimiento mediante precinto de la Policía Local, dando traslado de dicha circunstancia, si hubiera lugar, al Ministerio Fiscal para que estudie la posible existencia de delito o falta.

RECOMENDACIÓN 2 para que, si aún no se hubiera dictado resolución en el expediente sancionador incoado al bar “...”, se proceda con la mayor diligencia y celeridad en el mismo, y se nos informe del estado de tramitación en que se encuentra y, en su caso, de la fecha en que se hubiere dictado y notificado resolución.

RECOMENDACIÓN 3 para que, visto el historial de incumplimientos reiterados del bar “...”, sea objeto de un seguimiento especial por parte de la Policía Local, adoptándose por la Dirección General de Medio Ambiente, de forma diligente, con rapidez y ejecutándose, las medidas que en Derecho procedan, a fin de garantizar que ajusta su actividad a lo autorizado.

RECOMENDACIÓN 4 para que, tal y como se ha indicado en otras ocasiones, se ordene una investigación a fin de determinar la causa de las extraordinarias e injustificadas disfuncionalidades y retrasos que se observan en la tramitación de los expedientes sancionadores ante las denuncias presentadas por particulares y/o formuladas por la Policía Local contra titulares de establecimientos públicos, y que tienen como consecuencia el que, finalmente, o no se adopten las oportunas resoluciones o, una vez dictadas, no se ejecuten, tal y como hemos tenido ocasión de verificar en diversas ocasiones.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace
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