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Que sin más demora se practique el ensayo acústico sobre un bar y se tomen las medidas necesarias

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/3303 dirigida a Ayuntamiento de Sevilla

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras tramitar la queja promovida por un abogado en nombre de sus clientes afectados durante años por la contaminación acústica generada por un bar con cocina sin música, que llevaban años pidiendo un ensayo acústico y la ejecución de medidas de aislamiento, sin ser atendidos por el Ayuntamiento de Sevilla, y que además habían sufradado un ensayo del que se habían obtenido resultados muy desfavorables, ha Recordado al citado Ayuntamiento, concretamente a su Dirección General de Medio Ambiente, la obligación que tiene de ejercitar de manera efectiva, con celeridad y en un plazo razonable de tiempo, las competencias legales de protección contra el ruido, ajustándose a los principios de legalidad, seguridad jurídica, servicio a los ciudadanos y confianza legítima y buena administración. Asimismo, tras constatar un injustificado retraso en llevar a cabo el ensayo acústico solicitado, ha Recomendado que, sin más demoras, se practique, procediéndose en función de sus resultados. Finalmente, se ha Recordado al Ayuntamiento que debe disponer los medios materiales y humanos necesarios para poder desarrollar con garantías sus competencias de protección contra el ruido, especialmente cuando hay denuncias de particulares afectados por actividades y éstas se desarrollan en establecimientos que ya han sido objeto de expedientes sancionadores.

ANTECEDENTES

El interesado, como abogado y en nombre de sus clientes, D. AD y Dª AL, residentes en Sevilla, nos trasladaba, en esencia, que éstos, con dos hijos menores de edad, se encontraban bajo tratamiento médico debido al elevado nivel de ruidos sufrido por la actividad del establecimiento hostelero sito en los bajos de su mismo edificio, establecimiento respecto del que llevaban, decía, más de 5 años solicitando inspección y medición de aislamiento a ruido aéreo y ruido de impacto.

Esta supuesta inactividad municipal motivó que en el año 2012 los afectados encargaran a su costa una medición acústica que determinó que el nivel de inmisión de ruidos en su vivienda superaba el nivel máximo permitido en 25 dBA, siendo incompatible con el descanso y con el uso normal de una vivienda, llegando a poner en peligro grave la salud de las personas al sobrepasar en más de 6 dBA el nivel máximo permitido. Sin embargo, a pesar de estas contundentes manifestaciones plasmadas en un informe de medición acústica, aunque fuese un informe de parte afectada, el Ayuntamiento no habría intervenido en el asunto, por lo que fue admitida a trámite la queja y solicitado el preceptivo informe, que recibimos del Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines.

En su informe, el Director General venía a decirnos, fundamentalmente, que la actividad denunciada posee licencia de apertura para bar con cocina y sin música y que habían recaído sobre la misma distintas resoluciones de cambios de titularidad, ampliación de instalación de aire acondicionado y de calificación ambiental. También nos informaba de la tramitación de tres expedientes disciplinarios, dos de ellos ya resueltos y otro entonces tramitación, contra este local incoados a raíz de denuncias de Dª. AL. En este sentido, según el Director General, en ninguna de las denuncias de la afectada “figura solicitud sobre medición de ruidos”, manifestando también que el informe pericial encargado por los afectados “nunca tuvo entrada en este Servicio para su valoración y fue a través del Defensor del Pueblo cuando se ha tenido conocimiento del mismo, por lo que en el mes de agosto se incluyó en el calendario de mediciones acústicas de la empresa (…), adjudicataria del contrato para la realización de ensayos acústicos licitados por este Ayuntamiento”. En cualquier caso, según el Director General, “de la valoración técnica sobre el informe pericial aportado se ha informado por el Servicio de Protección Ambiental que el ensayo no se ha realizado conforme a la instrucción del Decreto 6/2012, por lo que no es determinante para poder resolver el expediente de disciplina”.

Finalizaba el Director General indicando que “no existe inconveniente en la realización de la medición acústica por parte de este Ayuntamiento y que en cuanto sea proporcionado por la empresa el ensayo, se incorporará al expediente y se actuará en consecuencia, todo ello sin perjuicio de que se continúe el procedimiento sancionador y se ponga en conocimiento de la Línea Verde de la Policía Local para que se actúe según proceda”.

En trámite de alegaciones, el abogado manifestó que “obviamente no podemos estar de acuerdo con la contestación del Ayuntamiento de Sevilla ya que de los expedientes disciplinarios se deduce que los afectados, desde primeros de 2012, vienen solicitando medidas correctoras eficaces contra dicha actividad y, por el contrario, el Ayuntamiento ni siquiera ha diagnosticado o medido el aislamiento que realmente tiene la actividad y no ha hecho absolutamente nada”.

CONSIDERACIONES

Con independencia de la valoración que se haga del informe de medición acústica presentado por los afectados, la realidad es que éstos llevan bastante tiempo denunciando posibles irregularidades en materia de ruidos en el local denunciado. Además, no debe perderse de vista que en la familia afectada no sólo hay dos adultos “bajo tratamiento médico”, como se decía en el escrito de queja, sino que también hay dos menores de edad perjudicados por esta situación. Y, el Defensor del Pueblo Andaluz, en su condición de Defensor del Menor de Andalucía, no puede obviar esta circunstancia.

Por esta razón, nos parece que desde agosto de 2014, fecha en la que, según el informe recibido del Director General, “se incluyó en el calendario de mediciones acústicas” al establecimiento hostelero, ha transcurrido tiempo más que suficiente para que se haya llevado a cabo esa medición por la empresa adjudicataria. En este sentido, en el escrito de alegaciones del abogado, de 15 de enero de 2015, se decía, entre otras cosas, que el Ayuntamiento “no ha hecho absolutamente nada”, por lo que hemos de suponer, salvo que se nos informe de lo contrario, que a esa fecha aún no se había practicado la medición acústica.

Este retraso del que parece adolecer el asunto objeto de la queja, atribuible al Ayuntamiento de Sevilla y, en concreto, a su Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, pone en riesgo la eficacia misma de la aplicación normativa y va en contra de los principios generales previstos en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 6.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo que respecta a los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de eficacia, de confianza legítima, de servicio a los ciudadanos y buena administración. Precisamente este último principio, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía señala que, entre otras cosas, comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos «sean resueltos en un plazo razonable», derecho que, a su vez, se relaciona con la obligación de las Administraciones Públicas de impulsar de oficio todos los trámites de los procedimientos administrativos y someterlos al criterio de celeridad, tal y como establece el artículo 74 de la citada Ley 30/1992.

Por otra parte, debemos tener presente el Decreto 6/2012, cuyo artículo 46.1 establece que las Administraciones Públicas competentes contarán con los medios humanos y materiales necesarios para que se efectúen las inspecciones medioambientales ante las denuncias que en materia de contaminación acústica les sean presentadas. A tenor del retraso puesto de manifiesto en esta queja, parece que los medios con los que cuenta la Dirección General no son suficientes para las competencias que se tienen atribuidas.

En cualquier caso, resulta obvio que un retraso de tantos meses para la realización de una medición acústica, sobre todo cuando el local denunciado cuenta ya con tres expedientes administrativos sancionadores, y cuando existe un informe indiciario sobre posibles irregularidades en materia de ruidos, genera desconfianza del ciudadano hacia la Administración y fomenta la sensación de impunidad con la que, lamentablemente, se perciben las posibles irregularidades cometidas en el desarrollo de actividades hosteleras.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1: de la obligación de desarrollar las competencias en materia de protección contra la contaminación acústica, especialmente las derivadas del artículo 55.1 y concordantes del Decreto 6/2012, de acuerdo con los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de eficacia, de confianza legítima, de servicio a los ciudadanos y buena administración, impulsando de oficio todos los trámites de los procedimientos administrativos y sometiéndolos al criterio de celeridad, previstos en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 3 y 74 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 6.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

RECOMENDACIÓN 1: para que, sin más demoras ni dilaciones injustificadas, si aún no se hubiera realizado, se proceda de forma urgente a llevar a cabo la medición acústica de la actividad del establecimiento hostelero, procediéndose en Derecho, de forma diligente y con celeridad, en función de lo que determinen las conclusiones y resultados obtenidos.

RECORDATORIO 2: de lo establecido en el artículo 46 del Decreto 6/2012, que establece que las Administraciones Públicas competentes contarán con los medios humanos y materiales necesarios para que se efectúen las inspecciones medioambientales ante las denuncias que en materia de contaminación acústica les sean presentadas.

RECOMENDACIÓN 2: para que, si tal y como parece, se consideran insuficientes los medios personales y materiales de que se ha dotado la Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines para desarrollar sus funciones de medición acústica, se proceda, previos trámites oportunos, y por cualquier de las fórmulas e instrumentos que permite la normativa, a proponer una mayor dotación de tales medios a fin de garantizar el cumplimiento de las citadas funciones.

RECOMENDACIÓN 3: para que se tramite con la máxima diligencia y celeridad el procedimiento sancionador incoado contra el establecimiento objeto de esta queja, impulsando de oficio todos sus trámites y ejecutando las resoluciones dictadas, informándonos al respecto.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace
3 Comentarios
itin ito ito (no verificado) | Marzo 13, 2017

pero al final en que ha quedado, En política se trata de hacer ver que las cosas funcionan más que de que funcionen realmente. En política vende el gerundio (estamos controlando) mucho más que el participio (está controlado) mi pregunta es sencilla se ha medido o no?

El DPA responde | Marzo 14, 2017

Buenos días. Lo que hemos publicado es una RESOLUÓN, esto es, tras el estudio del problema, el Defensor del Pueblo Andaluz se posiciona dando una solución para que la ADMINISTRACIÓN competente ejecute las medidas para solucionarlo. Cuando tenemos constancia que se ha solucionado, damos por finalizado el expediente publicando un documento de ASUNTO SOLUCIONADO O EN VÍAS DE SOLUCIÓN. Como sabrás, esta resolución se envía a la Administración afectada para su conocimiento y si no se lleva a cabo se informa a todos los respresentantes político que conforman el arco Parlamentario, en nuestro informe anual al Parlamento de Andalucía. Es el procedimiento de actuación que establece la Ley. Un saludo

karl (no verificado) | Noviembre 20, 2015

veamos las paradojas, primera, no se mide ruido (ni se va ha medir) porque sencillamente el excmo ayuntamien to no quiera que se mida, pone la escusa de que no tiene inspectores, y eso es mentira los tiene cuando quiera siempre que pague.
los ha tenido para eventos puntuales, para semana santa y feria, solo tiene que indicarloo ocaso ha mentido el CECOP cuando daba informacion a la prensa indicando los trabajos realizados?
pot otra parte el señor director general de medio ambiente D. Francisco Ibañez de Navarra Quintero, ha manifestado reiteradas veces en presencia del señor jefe de servicio de proteccion ambiental la opinion que le merece el Sr Maeztu
es obvio que no muy buena pueden confirmarlo en su telefono 955473030

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