La explotación sexual es uno de los grandes desafíos que debemos enfrentar como sociedad. Una violencia, especialmente dirigida a mujeres y niñas, que explota las desigualdades y que tiene como principales responsables a los perpetradores y las redes de explotación. La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ya sugirió en 2021 la elaboración de protocolos específicos de prevención de situaciones de amenaza o agresión de naturaleza sexual en los recursos y centros dedicados al sistema de protección de la infancia y la adolescencia en Andalucía, siendo la resolución aceptada y estando esos protocolos en fase de elaboración.
Además, en los últimos días el Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado, por unanimidad, un plan para luchar contra la explotación sexual de menores en el sistema de protección a la infancia, un catálogo de medidas que incluye la formación de los profesionales que trabajan con menores, una guía de actuación para los casos que se detecten y programas de inserción sociolaboral.
El objetivo del plan aprobado por Gobierno y autonomías es prevenir la explotación sexual contra la infancia y adolescencia tutelada o acogida por las administraciones, mejorar la atención a las víctimas, y reforzar estructuralmente al sistema de protección para prevenir que se produzcan en un futuro. Este plan de choque se basa en varios principios de intervención: el enfoque de género; la coordinación institucional; la atención individualizada de carácter terapéutico; y el acogimiento familiar como alternativa habitacional frente al centro residencial.
Sean bienvenidas estas iniciativas para atajar esta violencia contra la infancia y adolescencia.
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