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Pedimos que se agilicen las citas de recogida de resultados para mejorar la atención sanitaria

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 15/0410 dirigida a Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud. Hospital Virgen del Rocío, (Sevilla)

El Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución al hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, para que se adopten medidas para agilizar las citas de recogida de resultados a fin de que el proceso de diagnóstico y adopción de la actitud terapéutica se desarrolle en el menor tiempo posible.

Asímismo recomienda que se establezcan mecanismos para valorar en todo caso los resultados de las pruebas diagnósticas, en el menor tiempo posible desde su recepción, tanto cuando aquellos se reciban físicamente, como cuando se registren en las aplicaciones informáticas.

Por último recomienda que se contacte con los pacientes, con adelanto de la cita, cuando el signo de los resultados lo aconseje, y que se valore la posibilidad de comunicar por anticipado los resultados, aún cuando tengan carácter negativo, en caso de que aquella se dilate por un período superior al recomendable.

ANTECEDENTES

En concreto señalaba que en febrero de 2014 solicitó a su médico de cabecera cita con el neurólogo para consultar un grave problema de salud consistente en una parálisis parcial de ambas piernas (paraparesia). La cita fue para dos meses después, el 28 de abril de 2014, en el servicio de neurología del centro de diagnóstico de ese hospital.

El facultativo le prescribió sendas resonancias magnéticas de cabeza y columna (cervical, dorsal y lumbar), que se le practicaron el 6 de junio en un remolque de una compañía médica privada sito en la misma ciudad sanitaria.

Dado que tres meses más tarde aún no había recibido la nueva cita para que el especialista le diese los resultados, a finales de septiembre el interesado se personó en dicho servicio para reclamarla, siéndole emitida para otros tres meses más tarde, el 30 de diciembre de 2014.

Ahora bien pocos días antes de la esperada y demorada consulta, el reclamante recibió una llamada telefónica por medio de la cual le anularon la cita, sin que le dieran otra porque por entonces no conocían la agenda de neurología de 2015.

Por este motivo se personó el 23 de diciembre pasado en dicho servicio médico al objeto de ver si podía visitarle algún neurólogo, pero no le pasaron a ninguna consulta, solo le dieron el informe de las resonancias. Acto seguido ese mismo día acudió al servicio de atención al usuario y presentó una reclamación que no fue respondida hasta el 5 de febrero, y exclusivamente para decirle que la cita se le comunicaría por correo.

En definitiva el interesado destaca que nueve meses después de la primera consulta aún estaba esperando cita para recoger el resultado de las pruebas complementarias, y obtener el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

Admitida la queja a trámite y solicitado a esa Dirección Gerencia el informe previsto en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora, hemos recibido un documento para cumplimentar nuestra petición en el que exclusivamente se indica, en relación con la anulación de la cita concertada para el 30 de diciembre de 2014, que se adjudicó una nueva cita para el 6 de marzo de 2015, en la consulta de neurología nº 3 del centro de diagnóstico y tratamiento.

CONSIDERACIONES

El interesado se dirige a esta Institución para completar el proceso asistencial de su enfermedad, alarmado por el retraso en la etapa final del mismo, que habría de llevar consigo la valoración de los resultados de las pruebas realizadas, la emisión de un diagnóstico, y la instauración del correspondiente tratamiento.

Sin embargo en el momento en el que comparece han transcurrido nueve meses desde que se realizaron las pruebas, diez meses desde que fue atendido por el especialista y se ordenaron, y doce meses desde que demandó primeramente asistencia por el problema de salud que le afecta. Por el camino hubo una primera cita, fijada para finales de diciembre, la cual se suspendió sin saber los motivos, de forma que el nuevo señalamiento no se produce hasta dos meses más tarde. A lo anterior se une que la falta de noticias obligó al interesado a reclamar la cita en dos ocasiones, de forma que la primera la obtuvo tras interesarse por el asunto en el servicio de neurología, y la segunda después de formular reclamación.

En resumidas cuentas se ha precisado aproximadamente un año para completar un circuito asistencial en el que únicamente consta una prueba diagnóstica (dos resonancias que se practicaron el mismo día).

No es la primera vez que en esta Institución se nos presentan casos como el que estamos considerando, en los que se dilata en exceso el tiempo para la comunicación de los resultados de todo tipo de pruebas diagnósticas.

La fijación de plazos máximos para las primeras consultas de especialidades y para la realización de las pruebas diagnósticas, obedece al mandato de la Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud de Andalucía (art. 6.1 m), por el que se reconoce el derecho de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios públicos de Andalucía, a que se les garantice en nuestro ámbito territorial el acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los tiempos y plazos que reglamentariamente se determinen. Dichos plazos están recogidos en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, cifrándose la garantía de respuesta para primeras consultas de especialidades en 60 días, y la de procedimientos diagnósticos en 30 días.

Con posterioridad la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, ha elevado el rango de dicha determinación, al reconocer el derecho de los pacientes y usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz, a la garantía de un tiempo máximo para el acceso a los servicios y tratamientos.

Esta garantía se orienta a la agilización del proceso de diagnóstico y la instauración del tratamiento, pero la realidad de la práctica asistencial nos demuestra que de nada sirven estos límites temporales si después aquél se demora en las etapas posteriores.

Así nos encontramos con que la primera cita de neurología se sitúa dentro de los plazos establecidos por las normas más arriba mencionadas, aunque las pruebas ya se practican ligeramente demoradas respecto al mismo (treinta días), pero aún considerando también que este tiempo responde a la filosofía que conlleva este sistema de garantías, no podemos decir lo mismo del que preside la valoración de los resultados y la comunicación de los mismos, con vistas a la adopción de la actitud terapéutica oportuna.

Por nuestra parte venimos posicionándonos en orden a considerar que aunque este tipo de consultas no tienen un plazo legal para su realización, ello no quiere decir que las mismas puedan demorarse sine die, sino que deben producirse dentro de un tiempo que pueda entenderse razonable en el marco del proceso asistencial en cuestión.

Y es que las consultas a las que nos estamos refiriendo para la recogida de resultados se insertan en el proceso de diagnóstico, en el que constituyen el paso definitivo para conocer la existencia de enfermedad y la alternativa terapéutica a aplicar. Es por ello que a pesar de que su fijación pueda hacerse depender de la obtención de los resultados y de la prioridad clínica y aún no estando sujetas a garantía de plazo; sin embargo no se encuentran a expensas de valorar la evolución de la enfermedad, los resultados quirúrgicos, o la efectividad de un tratamiento, por lo que no han de fijarse con el tiempo necesario para apreciar estos últimos, sino que deben hacerse a la mayor brevedad posible para completar el proceso de diagnóstico.

Cabe añadir que en este caso no se advierte por ese hospital de la existencia de mecanismos correctores de los perjuicios que citas a tan largo plazo pueden conllevar para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves. Desconocemos por tanto si los resultados de las pruebas se visualizan y se valoran con anterioridad a la fecha señalada para la consulta, priorizándose el señalamiento de aquellas en función de los mismos, así como si existen sistemas fidedignos para detectar los resultados que deban activar este tipo de actitud.

Por lo demás, es preciso llamar la atención sobre la limitación que este modo de proceder opera respecto del derecho a la información que ostentan los pacientes, prolongando innecesariamente su incertidumbre hasta la cita final, pues aunque por causa de la insistencia del interesado éste llegó a acceder a los informes de las pruebas en el mes de diciembre, no cabe suponer que el usuario medio tenga capacidad de interpretarlos, para lo que sin duda necesitará en la mayoría de los casos el concurso del facultativo, al que corresponden las explicaciones pertinentes sobre los hallazgos y su relevancia médica .

A la vista de lo expuesto y ateniéndonos a las posibilidades que a esta Institución confiere el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigimos a esa Dirección Gerencia las siguientes

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1. Que se adopten medidas para agilizar las citas de recogida de resultados a fin de que el proceso de diagnóstico y adopción de la actitud terapéutica se desarrolle en el menor tiempo posible.

RECOMENDACIÓN 2.Que se establezcan mecanismos para valorar en todo caso los resultados de las pruebas diagnósticas, en el menor tiempo posible desde su recepción, tanto cuando aquellos se reciban físicamente, como cuando se registren en las aplicaciones informáticas.

RECOMENDACIÓN 3.Que se contacte con los pacientes, con adelanto de la cita, cuando el signo de los resultados lo aconseje, y que se valore la posibilidad de comunicar por anticipado los resultados, aún cuando tengan carácter negativo, en caso de que aquella se dilate por un período superior al recomendable”.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace

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