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Pedimos medidas ante las situaciones de larga espera en hospital de Málaga, sobre todo en algunas especialidades

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/3497 dirigida a Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Servicio Andaluz de Salud, Hospital Regional de Málaga (Carlos Haya) de Málaga

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Hospital Regional de Málaga Carlos Haya para que, para la superación de las situaciones de larga espera, se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto se adopten medidas para agilizar las citas con la unidad de gestión clínica de endocrinología, al objeto de que pueda llegar a determinarse la alternativa terapéutica apropiada para los mismos en el menor tiempo posible, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral.

ANTECEDENTES

Comparecía en esta Institución un ciudadano para denunciar la demora que presidía la fijación de una cita para su esposa, en concreto para la unidad de gestión clínica de endocrinología.

El interesado refiere que la paciente estuvo ingresada en ese hospital desde el 2 hasta el 5 de junio pasado, por presentar dolor de cabeza y desviación hacia la izquierda, de manera que en el curso de dicho ingreso le realizaron diversas pruebas, que incluyeron TAC y RNM de cráneo, pero al final diagnosticaron que había padecido un mareo sin causa neurológica. No obstante le solicitaron citas de neurología, endocrinología y rehabilitación.

Con posterioridad, al parecer, presentó episodio de desconexión con el medio de 10-12 minutos de duración, y síncope con caída en la calle, que motivó la asistencia en el centro de salud y derivación al servicio de urgencias de ese centro hospitalario (6 de julio), donde le recomendaron que se agilizara la cita de neurología, mientras que la de endocrinología, que se pidió el 20.6.2014, se había fijado para el 6.4.2015.

Entendía que esta demora resulta desorbitada, más teniendo en cuenta la edad de su esposa (84 años) y el empeoramiento incesante de su estado de salud.

Tras la admisión de la queja a trámite recibimos el informe explicativo de ese hospital, en virtud del cual, en principio, se refleja un relato parecido del proceso asistencial.

Por medio de este documento llegamos a conocer antecedentes relevantes de la paciente (hepatitis C, hemorragia subaracnoidea y accidente isquémico transitorio), y que el alta hospitalaria se produjo por mejoría del cuadro y ausencia de problema neurológico urgente. En todo caso, se estimó necesario llevar a cabo un seguimiento, en consultas de rehabilitación, neurología, y endocrinología.

Las tres citas se programaron con carácter normal, la primera para el 10 de julio, la segunda para el 13 de agosto, y la tercera para el 6 de abril del año siguiente.

Por lo que hace a esta última, que es la que centra la queja del interesado, se motivó por el hallazgo de bocio multinodular bilateral, indicándose que no tenía carácter preferente desde el punto de vista clínico, ni su plazo estaba sujeto a los plazos máximos de respuesta establecidos en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, a pesar de lo cual se reconoce que se emitió para una fecha muy alejada a contar desde la solicitud, argumentándose para esta circunstancia la probabilidad de un error, puesto que constatan la existencia de algunos huecos en fechas más cercanas.

Con posterioridad a la admisión de la queja a trámite, y de la solicitud de informe a ese centro hospitalario, el interesado se puso en contacto con nosotros para informarnos del fallecimiento de su esposa, el cual tuvo lugar el 27 de julio, del que igualmente nos da cuenta el informe que estamos comentando.

CONSIDERACIONES

A la vista del relato de los hechos nos encontramos con que el ingreso hospitalario de la paciente, que se determinó en función de los síntomas que presentaba, generó la necesidad de realizarle un seguimiento en diversas consultas de especialidades, en función de los hallazgos encontrados.

Sin posibilidad de pronunciarnos sobre el carácter (normal) con el que se calificó las citas, teniendo en cuenta que la paciente no llegó a acudir a ninguna de ellas, en el primer caso pensamos que por la evolución de la enfermedad (había acudido a urgencias varios días antes ), y en los otros dos porque ya había fallecido; nos llama poderosamente la atención el tiempo que presidió la fijación de la consulta de endocrinología, y ello con independencia de la escasa o nula incidencia que la patología que motivó su solicitud pudiera haber tenido en el empeoramiento de su estado de salud, que determinó el fallecimiento.

Y es que tras los trámites que implicaban la previa valoración de la solicitud realizada desde neurología, por parte de la unidad de endocrinología, que sirvieron para confirmar la necesidad de que la paciente fuera atendida en esta unidad, y ordenar la práctica de algunas pruebas a realizar con carácter previo (analítica y ecografía), con fecha 1.7.2014 se emitió la cita para el 6.4.2015, a diez meses vista.

Ciertamente ese hospital reconoce la dilación y la justifica por la posibilidad de un error, en la medida en que afirma la existencia de huecos para citación en fechas anteriores. Nada se dice de cuánto dichos huecos hubieran permitido adelantarla, pero tampoco nada hace sospechar una reducción drástica del tiempo de espera, que pudiera situar la consulta de endocrinología en plazos parecidos a los de las otras dos.

Por ese centro se alega que la cita que consideramos no está sujeta a plazos máximos de respuesta, y no podemos menos que coincidir en esta apreciación, en tanto que la misma no puede configurarse como una primera consulta de especialidad procedente de atención primaria.

Para solventar la problemática relacionada con la espera de citas de especialistas, que durante mucho tiempo fue objeto de numerosas quejas ante esta Institución, apareció el Decreto 96/2004 de 9 de marzo, de garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El contenido del mismo responde al desarrollo de la letra m) del artículo 6.1 de la Ley 2/98 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, por la que se garantiza en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma el acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen, que luego ha sido consagrado en el nuevo texto del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo (art. 22.2 g).

El mecanismo que se refleja en aquélla permite a los usuarios acudir a un especialista en un centro sanitario privado si no es posible darles cita dentro del plazo de respuesta establecido (60 días).

Ahora bien, aunque la consulta que consideramos no esté afectada por el límite temporal prefijado, ello no quiere decir que pueda demorarse sine die, sino que debe producirse dentro de un tiempo que pueda entenderse razonable en el marco del proceso asistencial en cuestión, pues se inserta en el proceso de diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de la esposa del interesado, y debe fijarse a la mayor brevedad posible para completar dicho proceso y determinar la alternativa terapéutica aplicable. De otra manera los límites temporales establecidos para las primeras consultas y para la realización de las pruebas diagnósticas de nada servirían, si no se evita la demora en las etapas posteriores.

Durante mucho tiempo en el que ante esta Institución se reproducían las quejas sobre lo dilatado de las listas de espera, fundamentalmente quirúrgicas, para múltiples intervenciones (cataratas, escoliosis, prótesis de cadera,...) y aun sin tener estándares de referencia sobre lo que podíamos considerar plazos apropiados para las mismas, vinimos a posicionarnos considerando comprensibles determinadas demoras para acceder a las prestaciones sanitarias no urgentes, en el marco de un sistema presidido por los principios de universalidad y gratuidad, aunque estimando también que las mismas no son concebibles si superan unos límites tolerables médica y personalmente, en cuyo caso se produce una verdadera desasistencia.

Ahora que contamos con los plazos de garantía de respuesta para intervenciones quirúrgicas, primeras consultas de especialidades, procedimientos diagnósticos, y determinados procesos asistenciales, como elementos de referencia de lo que puede entenderse como una demora razonable, pensamos que la espera por un tiempo como el que se anunciaba para la esposa del interesado, más que una suspensión del derecho a la asistencia sanitaria reconocido en el art. 43 de nuestra Constitución, que toda lista de espera entraña, constituye una auténtica trasgresión del derecho que hemos mencionado, pues la demora en estos casos lo que pone de relieve es la falta de soporte estructural apropiado para llevarlas a cabo.

A dicha fundamentación podemos añadir la previsión que se contempla en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en relación con la garantía, dentro del derecho a una buena administración, de que los asuntos de los ciudadanos (que también habrá que entender referidos a la vertiente asistencial), se resuelvan en un plazo razonable; e igualmente la del art. 5 d) de la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, en términos similares, de acuerdo con el principio de proximidad a la ciudadanía consagrado en el artículo 3 r) del mismo texto legal.

Las consideraciones expuestas nos permiten realizar a esa Dirección Gerencia de acuerdo con lo previsto en el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES por considerar incumplido los siguientes preceptos:

  • De la Constitución Española: art. 43.1

  • Del Estatuto de Autonomía de Andalucía: art. 31.

  • De la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de Administración de la Junta de Andalucía: Art. 5 d)

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace

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