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Pedimos a la Diputación de Málaga que cancele el embargo por impago de tasa servicio extinción incendios a una vecina

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/1045 dirigida a Diputación de Málaga, Patronato de Recaudación Provincial

El Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado Resolución ante el Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga concretada en Sugerencia para que se proceda a iniciar las actuaciones tendentes a la baja contable de la cantidad inicialmente liquidada y de los consiguientes recargos e intereses, previa declaración de fallido de la deudora y de incobrable del crédito.

ANTECEDENTES

I.- En su escrito de queja, la parte promotora expone que la Diputación de Málaga (Patronato de Recaudación) le gira a su cuenta bancaria Diligencia de embargo Nº (...), por un importe 73,91 euros, correspondiente a una cantidad de 33,72 euros adeudada por un servicio de bomberos prestado el año 1998 (hace 16 años), según acredita sólo percibe como ingresos una renta activa de inserción (426 euros) y manifiesta que presentó escrito alegando que la deuda estaba prescrita. Según indica, en enero de 2014 le manifiestan que no habían localizado antecedentes y cancelan el embargo; no obstante, otra vez le vuelven a embargar con la cantidad aumentada en febrero de 2014, y le dicen que presente nuevamente la documentación justificativa de los ingresos que percibe.

II.- Admitida la queja a trámite, solicitamos informe del Patronato Provincial de Recaudación. Recibido el informe, comprobamos que la Resolución 995/2014, de 21 de marzo, que la interesada consideraba estimatoria de la prescripción de la tasa, en realidad fue desestimatoria de su pretensión. A este respecto, alegaba la Administración recaudatoria que desde la liquidación de la tasa se habían venido efectuando los pertinentes intentos de notificación en el domicilio que le constaba a la citada Administración, sin que constase que la interesada, en sus comparecencias ante el Organismo interviniente, facilitara ningún otro domicilio o medio a efectos de notificaciones.

Todos los intentos de notificación, tras haber resultado infructuosos los realizados en el domicilio conocido, fueron objeto de las oportunas notificaciones edictales -mediante publicación en el BOP, de citaciones por comparecencia- entre los ejercicios 2001 -en el que se inició la vía de apremio- y el ejercicio 2009 -señalamiento de bienes para embargo-.

Por cuanto antecede, efectuamos las siguientes

CONSIDERACIONES

Única.- El crédito incobrable y la declaración de fallido. Circunstancias socio-económicas de la interesada en las presentes actuaciones.

Respecto a la deuda determinada en las presentes actuaciones procedente de liquidación de tasa por riesgo de incendio del ejercicio 1998, comprobamos que la misma fue liquidada inicialmente por un importe de 33,72 euros, habiéndose elevado por aplicación de recargos e intereses de demora a la cifra de 73,91 euros.

De otro lado, constatamos que la situación personal de la interesada se caracteriza por la precariedad económica, al percibir únicamente la renta activa de inserción por importe de 426 euros/mes. Cantidad, que resulta claramente insuficiente para atender sus gastos personales y que no supera los mínimos susceptibles de embargo de conformidad a la legislación vigente.

Esta situación que viene manteniéndose estable desde que se liquidara la tasa hace ya 16 años, no tiene visos de cambiar en un futuro inmediato, razón por la cual no podemos dejar de preguntarnos si tiene algún sentido, económico o de cualquier otra índole, el proseguir con unas actuaciones recaudatorias que sólo parecen haber prosperado ocasionalmente por la vía del embargo y mediando las dificultades de la interesada para hacer valer oportunamente su derecho a la inembargabilidad de la pensión que percibe.

A este respecto, debemos recordar que para tales situaciones de insuficiencia o carencia de medios, la normativa reguladora de la recaudación contempla las figuras de la declaración de fallidos y los créditos incobrables, que resultan de aplicación para casos como el que nos ocupa de obligados al pago que carezcan de bienes embargables o realizables.

En efecto, el Art. 61.1, del Reglamento General de Recaudación, dispone lo siguiente:

«1. Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del débito. En particular, se estimará que no existen bienes o derechos embargables cuando los poseídos por el obligado al pago no hubiesen sido adjudicados a la Hacienda pública de conformidad con lo que se establece en el artículo 109. Asimismo, se considerará fallido por insolvencia parcial el deudor cuyo patrimonio embargable o realizable conocido tan solo alcance a cubrir una parte de la deuda.

La declaración de fallido podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor.

Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el procedimiento de apremio por resultar fallidos los obligados al pago.

El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al pago.»

En relación con lo anteriormente establecido el apartado 2 del citado Art. 61establece:

«2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario.

Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, estos resultan fallidos, el crédito será declarado incobrable por el órgano de recaudación.»

Sentadas las circunstancias personales y socio-ecónomicas de la interesada, entendemos que se dan los elementos suficientes para proceder a las declaraciones de fallido y crédito incobrable.

Por otro lado, consideramos injusto que se sigan realizando actuaciones cobratorias vía embargo que, legalmente no deberían prosperar, pero que ocasionan claros perjuicios a la interesada, obligándole a realizar complejas gestiones para su cancelación que le resultan especialmente dificultosas.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA en el sentido de que por los órganos competentes de la Agencia Recaudadora (Patronato de Recaudación Provincial de Málaga) se proceda a iniciar las actuaciones tendentes a la baja contable de la cantidad inicialmente liquidada y de los consiguientes recargos e intereses, previa declaración de fallido de la deudora y de incobrable del crédito.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace

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