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Ocupación del espacio público peatonal en detrimento de las personas: pedimos más control

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 15/1813 dirigida a Todos los Ayuntamientos de Andalucía de más de 10.000 habitantes

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio en la que nos hemos dirigido a todos los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes formulándoles las siguiente resolución:

ANTECEDENTES

Esta Institución ha ultimado, recientemente, un Informe Especial al Parlamento de Andalucía con el título Seguridad, Accesibilidad y Calidad Ambiental en los Espacios Urbanos Peatonales de las Ciudades Andaluzas. Una de las cuestiones tratadas en el mismo es la ocupación de hecho, es decir la usurpación, del espacio público peatonal mediante actuaciones de distinta naturaleza como la instalación, sin autorización o excediéndose de ésta, de terrazas y veladores, instalaciones ilegales de kioscos, cartelería o inadecuada ubicación de mobiliario urbano, etc. En este contexto suscita nuestra preocupación, de manera singular, la invasión de las aceras y otros espacios peatonales por vehículos indebidamente estacionados.

CONSIDERACIONES

Se trata de una infracción que limita la accesibilidad del espacio peatonal, genera riesgos en términos de seguridad vial, afecta notablemente a la calidad ambiental y diseño de los espacios peatonales, deteriora gravemente las infraestructuras, que no están preparadas ni diseñadas para que aparquen vehículos en ellas, por lo que originan destrozos en el acerado, losetas, jardinería, etc. y, además de todo ello, limita la visibilidad de peatones y conductores y contamina visualmente la calidad y ornamentación de estos espacios públicos.

Ello, lógicamente, dejando a salvo los supuestos que recoge el art. 39.2.e) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que dispone que los municipios «a través de Ordenanza Municipal, podrán regular la parada y el estacionamiento de los vehículos de dos ruedas y ciclomotores de dos ruedas sobre las aceras y paseos siempre que no se perjudique ni se entorpezca el tránsito de los peatones por ella, atendiendo a las necesidades de aquéllos que puedan portar algún objeto voluminoso y, especialmente, las de aquellas personas que pudieran contar con alguna discapacidad».

La prohibición de estacionamiento, en los supuestos regulados, está redactada en términos muy claros en el art. 94 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, que lleva por rúbrica “Lugares prohibidos”, disponiendo, en su apartado 2.e), que queda prohibido estacionar «Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones». Asimismo, el precepto comentado, en su apartado 3, establece que «Las paradas o estacionamientos en los lugares enumerados en los párrafos a), d), e), f), g) e i) del apartado 1, en los pasos a nivel y en los carriles destinados al uso del transporte público urbano tendrán la consideración de infracciones graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.d) del texto articulado».

A la vista de la naturaleza insolidaria e incívica de estas infracciones y del riesgo que conlleva estacionar los vehículos sobre las aceras y otros espacios destinados al uso peatonal –infracciones que el legislador y que el legislador decidió, en tales supuestos, calificar como graves-, sorprende la habitualidad con la que, en claro desprecio al resto de los ciudadanos y a los valores que se pretenden proteger, infinidad de conductores infringen esta normativa.

Evidentemente, en ocasiones se imponen sanciones, ya que, de otro modo, se incumplirían las funciones de vigilancia de la ordenación del tráfico pero, insistimos, la habitualidad con la que se comenten estas infracciones, resulta injustificable, y son visibles a cualquier hora del día, en casi todos los municipios.

Todo ello nos hace temer que nos encontramos ante una injustificable tolerancia con estos comportamientos que, hace tiempo, debieron haber sido erradicados de nuestras ciudades.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA para que los municipios incluyan en sus planes de inspección, para garantizar el respeto a las normas de regulación del tráfico, llevar a cabo una inspección específica destinada a terminar con estas conductas incívicas que generan riesgos para la seguridad vial de peatones y conductores, obstáculos para la accesibilidad y negativas consecuencias en la conservación del espacio público peatonal.

Estos planes deberían, además de ponerse en marcha, establecer un protocolo de valoración de resultados en términos de eficiencia en relación con el objetivo que se pretende: mejorar sensiblemente la seguridad, accesibilidad y calidad ambiental de los espacios peatonales, zonas verdes y espacios libres de nuestras ciudades, evitando el estacionamiento irregular de vehículos de motor, salvo las excepciones previstas legalmente, sobre estos espacios.

Ver cierre actuación de oficio

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace
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