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Mas recursos para poner fin a las reclamaciones ciudadanas de carácter económico-administrativas

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/2796 dirigida a Ayuntamiento de Sevilla, Agencia Tributaria

El Defensor del Pueblo Andaluz insta de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla que adopte las medidas pertinentes, para dotar al Tribunal Económico-Administrativo municipal de medios suficientes, evitando retrasos estructurales en la tramitación de reclamaciones.

ANTECEDENTES

I.- El interesado expone que el Ayuntamiento de Sevilla le habría efectuado embargo por impago de tasa de basura correspondiente al ejercicio de 2003.

Considerando que la referida liquidación por la tasa de basura habría prescrito, formuló recurso de reposición que le fue contestado en noviembre de 2013, desestimando su pretensión de prescripción de la deuda, por cuanto que según mantiene no se produjeron las notificaciones edictales que alega la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, en especial la de la Providencia de Apremio que según la Administración municipal se habría publicado en el BOP de 5 de marzo de 2005, lo que no se le ha acreditado en modo alguno. Razón por la cual, si fuere cierta la falta de publicación indicada, debería estimarse la prescripción que alega el interesado.

II. En relación con la reclamación presentada, se nos informaba por la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, y en concreto, sobre la falta de notificación edictal de la providencia de apremio, remitiéndonos copia de anuncio de fecha 12 de enero de 2005 que la Dirección del Departamento de Recaudación de la referida Agencia había remitido al BOP, para su inserción en el mismo, incluyendo tal Edicto la siguiente previsión respecto del interesado:

Nº de recibo: 20030000561- DNI deudor (….)– Expte. 200300065- Importe 1.187,36 €.

Igualmente, por el referido departamento se aportaba copia de publicación edictal de citación por comparecencia para notificación de providencia de apremio, en el BOP numero 52, de 5 de marzo de 2005, págs. 136-149, con idéntica inscripción respecto del interesado en nuestras actuaciones.

III. Como quiera que en trámite para alegaciones el interesado nos comunicaba que en fecha 24 de enero de 2014 habría formulado ante la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal aportando copia y manifestando que la misma no se había contestado, tras considerar instruidas y realizadas las actuaciones de la comprobación de la queja, por nuestra parte efectuamos a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Los Tribunales Económico-Administrativos y el Procedimiento para tramitación de las reclamaciones económico administrativas en primera instancia.

Los citados órganos de revisión administrativa se creaban al amparo de lo establecido en la ley 57/2003, de 16 de diciembre sobre Medidas para la Modernización del Gobierno Local que estableció un régimen jurídico específico para los municipios de gran población, adicionando a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local un título X, que incluía a los referidos municipios en su ámbito de aplicación (artículo 121 de la Ley de Bases citada), entre los que se cabría incluir el Ayuntamiento de Sevilla, pues reúne la mayor parte de las condiciones que contempla el articulo 121 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, citada.

El Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla es un órgano especializado de naturaleza administrativa creado en virtud de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas y demás competencias que le atribuye la Ley, en el ámbito de la administración local de Sevilla; regulado y que cuenta con las funciones y competencias que le atribuye su Reglamento Orgánico (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 222, de fecha 25 de septiembre de 2006).

Además cabe traer a colación que la especificidad de tales órganos comporta la exclusividad de la competencia de los Tribunales Económico-Administrativos, al ser estos el único órgano competente para conocer de cuantos procedimientos se sustanciaren en materia Económico-Administrativa, ello en virtud de lo establecido en el artículo 228.1, de la Ley 58/2003, General Tributaria; en concordancia con el artículo 4 del Reglamento Orgánico, hace referencia a la exclusividad de la competencia de los Tribunales Económico-Administrativos al ser estos el único órgano competente para conocer de cuantos procedimientos se sustanciaren en materia Económico-Administrativa, dentro del ámbito de aplicación regulado en su Reglamento.

Las reclamaciones económico administrativas constituyen un procedimiento de revisión en vía administrativa que se tramitan conforme a lo establecido en el artículo 234 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Respecto a la iniciación del procedimiento, estableció la citada Ley General Tributaria (artículo 235.1 de la misma) que el escrito de formulación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Debiendo el reclamante dirigirse al órgano administrativo que haya dictado el acto susceptible de ser reclamado, quien lo remitirá -junto con el expediente- al tribunal económico administrativo competente para resolver en plazo de un mes (articulo 235.3)

En las presentes actuaciones, cuestión o requisito jurídico formal cuyo incumplimiento se evidencia es el incumplimiento del plazo de resolución, establecido por la Ley General Tributaria (articulo 240, apartados 1 y 2 de la misma), que establece:

“1. La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de un año contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido este plazo, el interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contará a partir del día siguiente de la finalización del plazo de un año a que se refiere este apartado.

El tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposición de los correspondientes recursos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa.

2. Transcurrido un año desde la iniciación de la instancia correspondiente sin haberse notificado resolución expresa y siempre que se haya acordado la suspensión del acto reclamado, dejará de devengarse el interés de demora en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 26 de esta ley”.

Plazo -el de un año- que puede verse reducido a 6 meses en el caso de tramitación por procedimiento abreviado, para las reclamaciones económico administrativas de menor cuantía, como prevé el artículo 247.3, de la Ley General Tributaria y, como se establece en el artículo 60 y siguientes del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; ello, al alegarse por la reclamante en la revisión, exclusivamente, falta de notificación en vía administrativa.

Segunda.- Principios de funcionamiento de las Administraciones Públicas.

Por la respuesta recibida del propio Tribunal Económico Administrativo, y por la información recabada en la visita institucional referida anteriormente, se evidencia que en la tramitación de los procedimientos de revisión administrativa -como el que nos ocupa- se están produciendo importantes retrasos que se justifican desde el Órgano municipal encargado de la revisión extraordinaria en vía administrativa por la falta de medios materiales y de recursos humanos.

Lo que permite considerar que con carácter y alcance general se está produciendo un retraso continuado en la tramitación y resolución de este tipo de expedientes, lo que demanda que desde la Administración Municipal concernida se adopten medidas para que el Tribunal Económico-Administrativo tenga una capacidad de respuesta adecuada a las numerosas reclamaciones que se le plantean legítimamente por la ciudadanía.

Debe tenerse presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. En parecidos términos el articulo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto, unos retrasos contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites. Así como de los preceptos de la norma sustantiva de Régimen Local y de la Ley General Tributaria, así como en la norma orgánica propia del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla, citados en la parte expositiva de esta Resolución, respecto a la organización, funcionamiento y régimen jurídico del referido Tribunal.

RECOMENDACIÓN de que, por parte de la Alcaldía, de acuerdo con las atribuciones que le otorga el artículo 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuanto a la dirección del gobierno y la Administración Municipal, se adopten las medidas que procedan para dotar al Tribunal Económico-Administrativo de los medios suficientes que permitan evitar los retrasos estructurales que se producen en la tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se presentan por parte de la ciudadanía y, en particular, de la formulada por la reclamante en las presentes actuaciones.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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