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Le pedimos al Ayuntamiento más recursos para acabar con los retrasos en las reclamaciones de tipo económico-administrativas

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/5376 dirigida a Ayuntamiento de Sevilla, Agencia Tributaria

El Defensor del Pueblo Andaluz insta de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla que adopte las medidas pertinentes, para dotar al Tribunal Económico-Administrativo municipal de medios suficientes, evitando retrasos estructurales en la tramitación de reclamaciones.

ANTECEDENTES

I.- La parte promotora de la queja expone que con fecha 26 de junio de 2014 formuló reclamación, ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla contra resolución recaída en el expediente 201100180645, por la que se desestimaba recurso de reposición previo formulado respecto de sanción de tráfico urbano que le fue impuesta por infracción que considera prescrita.

Pese al tiempo transcurrido desde la interposición de aquella reclamación -afirma la interesada- no se le ha comunicado nada al respecto, ni ha recibido ofrecimiento para la realización de ningún trámite o actuación al respecto.

II.- Tras la admisión a trámite, solicitamos informe al Ayuntamiento de Sevilla, planteando al mismo tiempo la necesidad de resolver expresamente, sin más dilaciones, los escritos presentados ante la Administración municipal, contestando la Alcaldía Presidencia, que nos adjuntó respuesta informativa emitida por el Presidente del Tribunal Económico-Administrativo, que en extractadamente, en lo que interesa, manifestaba lo siguiente:

«Que dicha reclamación económico administrativa había tenido entrada en el registro de este Tribunal el 17 de septiembre de 2014, añadiendo que el Tribunal no ha entrado todavía en el examen de la mencionada reclamación, por lo que realizaban una previsión estimada para su resolución, aproximadamente dentro de dos años . Al mismo tiempo nos informaban que la demora en la resolución de los expedientes estaba motivada fundamentalmente por el volumen de reclamaciones tramitadas y la necesidad de guardar en lo posible un orden riguroso de incoación de conformidad con lo dispuesto en el Art. 74 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

III.- En otro orden de cuestiones y, en relación a las actuaciones llevadas a cabo por esta Institución en materia de tráfico urbano y expedientes sancionadores en esa materia, durante el año 2014, representantes de esta Institución mantuvieron una reunión con el Sr. Presidente del citado Tribunal Económico-Administrativos donde se abundaron las razones que explican la actual demora en la emisión de las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas y se nos expresó la voluntad de esforzarse para, de forma progresiva, ir eliminando los retrasos existentes e intentar normalizar la situación.

Asimismo, se nos indicó que, con respecto a aquellas reclamaciones por las que esta Institución, se interesa, procurarían dar información sobre el plazo aproximado en que podrían resolverse las mismas, de forma que pudiéramos trasladar tal información a los interesados que, de esta forma, podrían conocer, al menos, la causa del retraso en la resolución de sus reclamaciones económico-administrativas y el plazo aproximado en que podrían ser resueltas en el sentido que procediere.

A la vista de todo ello, queremos trasladar al Ayuntamiento de Sevilla las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Los Tribunales Económico-Administrativos y, el Procedimiento para tramitación de las reclamaciones económico administrativas en primera instancia.

Los citados órganos de revisión administrativa se creaban al amparo de lo establecido en la ley 57/2003, de 16 de diciembre sobre Medidas para la Modernización del Gobierno Local que estableció un régimen jurídico específico para los municipios de gran población, adicionando a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local un título X, que incluía a los referidos municipios en su ámbito de aplicación (artículo 121 de la Ley de Bases citada), entre los que se cabría incluir el Ayuntamiento de Sevilla, pues reúne la mayor parte de las condiciones que contempla el articulo 121 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, citada.

El Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla es un órgano especializado de naturaleza administrativa creado en virtud de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas y demás competencias que le atribuye la Ley, en el ámbito de la administración local de Sevilla; regulado y que cuenta con las funciones y competencias que le atribuye su Reglamento Orgánico (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 222, de fecha 25 de septiembre de 2006).

Además cabe traer a colación que la especificidad de tales órganos, comporta la exclusividad de la competencia de los Tribunales Económico-Administrativos, al ser estos el único órgano competente para conocer de cuantos procedimientos se sustanciaren en materia Económico-Administrativa, ello en virtud de lo establecido en el artículo 228.1, de la Ley 58/2003, General Tributaria; en concordancia con el artículo 4 del Reglamento Orgánico, hace referencia a la exclusividad de la competencia de los Tribunales Económico-Administrativos al ser éstos los únicos órganos competentes para conocer de cuantos procedimientos se sustanciaren en materia Económico-Administrativa, dentro del ámbito de aplicación regulado en su Reglamento.

Las reclamaciones económico administrativas constituyen un procedimiento de revisión en vía administrativa que se tramitan conforme a lo establecido en el artículo 234 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Respecto a la iniciación del procedimiento, estableció la citada Ley General Tributaria (artículo 235.1 de la misma) que el escrito de formulación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Debiendo el reclamante dirigirse al órgano administrativo que haya dictado el acto susceptible de ser reclamado, quien lo remitirá -junto con el expediente- al tribunal económico administrativo competente para resolver en plazo de un mes (articulo 235.3).

En las presentes actuaciones, cuestión o requisito jurídico formal cuyo incumplimiento se evidencia es el incumplimiento del plazo de resolución, establecido por la Ley General Tributaria (articulo 240, apartados 1 y 2 de la misma), que establece:

«1. La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de un año contado desde la interposición de la reclamación.

Transcurrido este plazo, el interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contará a partir del día siguiente de la finalización del plazo de un año a que se refiere este apartado.

El tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposición de los correspondientes recursos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa.

2. Transcurrido un año desde la iniciación de la instancia correspondiente sin haberse notificado resolución expresa y siempre que se haya acordado la suspensión del acto reclamado, dejará de devengarse el interés de demora en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 26 de esta ley.»

Plazo -el de un año- que puede verse reducido a 6 meses en el caso de tramitación por procedimiento abreviado, para las reclamaciones económico administrativas de menor cuantía, como prevé el artículo 247.3, de la Ley General Tributaria y, como se establece en el artículo 60 y siguientes del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; ello, al alegarse por la reclamante en la revisión, exclusivamente, falta de notificación en vía administrativa.

Segunda.- Principios de funcionamiento de las Administraciones Públicas.

Por la respuesta recibida del propio Tribunal Económico Administrativo, y por la información recabada en la visita institucional referida anteriormente, se evidencia que en la tramitación de los procedimientos de revisión administrativa -como el que nos ocupa- se están produciendo importantes retrasos que se justifican desde el Órgano municipal encargado de la revisión extraordinaria en vía administrativa por la falta de medios materiales y de recursos humanos.

Lo que permite considerar que con carácter y alcance general se está produciendo un retraso continuado en la tramitación y resolución de este tipo de expedientes lo que demanda que desde la Administración Municipal concernida se adopten medidas para que el Tribunal Económico-Administrativo tenga una capacidad de respuesta adecuada a las numerosas reclamaciones que se le plantean legítimamente por la ciudadanía.

Debe tenerse presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. En parecidos términos el articulo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto, unos retrasos contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

Así como de los preceptos de la norma sustantiva de Régimen Local y de la Ley General Tributaria, así como en la norma orgánica propia del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla, citados en la parte expositiva de esta Resolución, respecto a la organización, funcionamiento y régimen jurídico del referido Tribunal.

RECOMENDACIÓN de que, por parte de la Alcaldía, de acuerdo con las atribuciones que le otorga el artículo 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuanto a la dirección del gobierno y la Administración Municipal, se adopten las medidas que procedan para dotar al Tribunal Económico-Administrativo de los medios suficientes que permitan evitar los retrasos estructurales que se producen en la tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se presentan por parte de la ciudadanía y, en particular, de la formulada por la reclamante en las presentes actuaciones.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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