El Defensor

El Defensor del Pueblo Andaluz es una Institución creada para la protección de los derechos y las libertades de los andaluces.

Su intervención es gratuita, sencilla y reservada. Actúa de manera independiente, con transparencia y objetividad.

Contáctanos

Ayuda

Investigamos las medidas adoptadas para el reinicio del curso escolar

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 20/4797 dirigida a Consejería de Educación y Deporte

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de SARS-COV-2 como pandemia, elevando a dicha extrema categoría la situación actual desde la previa declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. En este contexto, se adoptaron, desde el Gobierno de la Nación y por la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus respectivas competencias, unas disposiciones, ajustadas a los principios de minimización de la intervención y de proporcionalidad de las medidas adoptadas a los fines perseguidos.

Dichas decisiones se fijaron mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 67, de 14 de Marzo de 2020) y acordadas en el ámbito de la Junta de Andalucía por Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19 (BOJA nº extraordinario 7, de 15 de Marzo de 2020).

En esta delicada etapa, que toda la sociedad andaluza ha padecido, y padece, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, no ha tenido limitada sus funciones; antes al contrario, la figura creada por la Constitución Española, e incorporada en el autogobierno andaluz en su Estatuto, resulta singularmente llamada a desempeñar su papel de garante y protectora de los derechos y libertades de la ciudadanía precisamente en estos momentos tan singulares (artículo 12.3 de la Ley 1/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz).

Igualmente, la situación ha propiciado una sucesión de medidas añadidas que se han adoptado en varios ámbitos de aplicación, procurando dar respuestas a las complejas vicisitudes que se generaban en la lucha contra la pandemia.

Sin duda, el escenario educativo ha ocupado un relevante lugar en los ámbitos afectados por esta delicada situación y así, con fecha 13 de febrero, mediante Orden de la Consejería de Salud y Familias se decretó el cierre de los centros docentes con efectos del 14 de marzo de 2020 y así han permanecido hasta la finalización del curso en base a la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz por la citada Orden de 13 de marzo.

El avance de las fechas hacia el nuevo curso 2020/2021 y la evolución de la amenaza para la salud pública de la pandemia, obligan a anticipar las medidas que deben regir el próximo ejercicio educativo. La Viceconsejería de Educación y Deporte ha dictado unas Instrucciones de 6 de Julio destinadas a organizar los centros ante el escenario de un nuevo curso escolar.

Dichas instrucciones, desglosadas en 22 aspectos, han sido comunicadas y difundidas a los distintos centros educativos afectados por las mismas, a fin de estudiar sus contenidos y disponer las medidas organizativas propias de cada centro en el marco de tres principios de actuación: entorno escolar seguro; autonomía y flexibilidad organizativas; y actividad docente presencial.

Podríamos resumir el proceso emprendido en base a unos principios previos y comunes que se han fijado desde la autoridad educativa que deberán aplicarse en cada centro en el marco de esas capacidades de autonomía y flexibilidad y desplegarse con una relación de medidas específicas desde cada centro que van a regir en el curso entrante y en función, lógicamente, de la evolución de la situación sanitaria.

En concreto, la instrucción quinta (punto 1) establece que cada centro elaborará su propio protocolo de medidas, con unas serie detallada de aspectos de obligada regulación (punto 3) y que se incluirán formalmente en el Plan de Centro (punto 4).

Pues bien, en este delicado momento, los respectivos equipos responsables de los centros educativos se aprestan a conocer y estudiar el contenido de tales Instrucciones y a elaborar cumplidamente el “protocolo de actuación específico” para ser incorporado a su Plan de Centro. Y en esta tarea surgen los retos para poder definir y transformar en la realidad de cada centro, edificio, grupo o en la propia singularidad de la comunidad educativa, la preparación de los contenidos regulados que se deben disponer y aplicar en el inicio del curso.

En este contexto, y entre las manifestaciones de preocupación que están siendo expresadas por distintos actores responsables ante esta Institución, resultan destacadas las incidencias que se relatan en cuanto a la dificultad para aplicar las pautas en dicho protocolo.

Efectivamente, la casuística de estos comentarios es tan amplia como situaciones concretas podamos imaginar en la extensa red de centros educativos de Andalucía y que aluden, por ejemplo a: las condiciones de los entornos de los centros; disponibilidad de accesos de entrada y salida; control de personal de los momentos de inicio y final de la jornada lectiva; falta de espacios en cada aula; colapso de servicios o aseos; inexistencia de recorridos adaptados; y un sinfín de elementos que surgen en la misma medida en que los equipos redactores de estos protocolos realizan sus operaciones para discernir el contenido literal de cada instrucción para transformarlo en la realidad de sus entornos.

Desde el comienzo de la aplicación práctica de estas nuevas medidas, ante la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor hemos venido recibiendo peticiones y quejas desde diferentes actores y protagonistas sobre los efectos que se producen tras estas decisiones adoptadas y referidas, en su mayoría, a los problemas derivados de las vicisitudes de tipo organizativo, como ya hemos comentado. Con el objetivo de procurar una cierta ordenación o sistemática en esta relación de experiencias, podríamos destacar algunas coincidencias indiciarias de trabas expresadas: el indudable incremento de condicionantes y requisitos en los desempeños directos de todo personal ante la nueva organización del centro; y la falta de concreción de los medios de apoyo de todo tipo que va a necesitar el mero diseño del inicio del curso.

Y es que resulta evidente que para el personal docente, de apoyo y la plantilla del resto de servicios la mera descripción de tareas que se cierne sobre la llamada nueva realidad, implicará un sensible aumento de funciones que afectará al ámbito de sus actuales responsabilidades, al menos como estaban hasta la fecha definidas.

Del mismo modo, el entorno de apoyos y refuerzos que se proclaman ha generado iniciativas entre los equipos de los centros para anticipar esos posibles recursos añadidos en materias como los servicios complementarios de limpieza y desinfección, o de otras funciones que son aportadas por las autoridades municipales. Tampoco en esta particular responsabilidad local se han concretado las efectivas disponibilidades de refuerzos que se deberán aplicar de un modo generalizado o programado. Más bien, los ejemplos que hemos conocido vienen a reiterar las trabas y carencias que pesan en los servicios municipales que anticipan sus propias dificultades para aportar su alícuota parte de esfuerzo, y refuerzo, ante el nuevo curso escolar.

En esta compleja situación se vienen produciendo anuncios de medidas de incremento de personal docente que contienen unos contingentes muy destacados de plazas (se llega a hablar de 6.300 contrataciones) que, además de provocar una innegable expectativa, no terminan por concretarse en destinos específicos que vendrían a facilitar las labores de estudio y distribución de esfuerzos que en estos precisos momentos, y no mucho después, se deben reflejar en los planes, protocolos y medidas que se redactan en estas fechas anticipadas.

Pues bien, nos encontramos ante una situación en la que los protagonistas del sistema educativo evidencian, como en pocas ocasiones, la fragilidad ante un reto de la vida docente del próximo curso en el marco de una amenaza sanitaria que deben obtener en las funciones públicas la mejor garantía para decidir esas medidas de protección para la salud de todos los colectivos procurando las condiciones más acordes con sus intereses superiores. En suma, una difícil situación para el alumnado, el profesorado así como el resto de personal, y no menos delicada responsabilidad de los integrantes del ámbito educativo. Además, este enorme reto, por su dimensión y ausencia de precedentes, implica a las facetas más delicadas y comprometidas del sistema, como son la educación compensatoria y la educación especial.

A los efectos que venimos argumentando, también podemos aludir a los efectos e impactos que el pasado curso ha provocado y las consecuencias que quedan para la experiencia y conocimiento que se han generado entre toda la comunidad educativa. Es decir, al menos ya se cuenta con la evaluación de una situación sobrevenida que, ahora, en una nueva fase, se enfrente a la función ordenadora de las medidas decretadas sobre los centros y dependencias educativas para un curso que inicia. Unas dificultades que se pueden resumir en una pluralidad de medidas instruidas que no pueden ser aplicadas en los términos ordenados y que no alcanzan a atender lo dispuesto por las instrucciones, ni tampoco se disponen de alternativas creíbles que su cumplimiento. En estos procesos, también está siendo recurrente aludir a la falta de canales inmediatos y continuos de consulta y apoyo técnico que faciliten ese diálogo entre los equipos directivos y las propias autoridades que deben controlar el eficaz cumplimiento de las Instrucciones dictadas.

Por todo ello, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, ha considerado oportuno propiciar el análisis de la situación, a través de una iniciativa propia, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución, ante la Consejería de Educación y Deporte, en relación con la protección del alumnado en la aplicación por el servicio educativo de las medidas previstas por las Instrucciones de 6 de Julio de 2020 dictadas por la Viceconsejería relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del Covid-19.

En concreto nos interesa conocer las iniciativas adoptadas, en su caso, por la Consejería educativa fin de promover actividades de clarificación de las instrucciones dictadas entre los profesionales destinatarios; los dispositivos o canales de consulta y apoyo en la adopción de los criterios organizativos para los centros; los criterios establecidos para la asignación específica a los centros docentes del repertorio de medios de refuerzo personal y material anunciados; así como conocer cualquier otra consideración que estimen convenientes abordar en relación con el asunto tratado.

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace
0 Comentarios
Escribir un comentario

Texto plano

  • No se permiten etiquetas HTML.
  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Sus datos personales están protegidos.

  • Defensor del Menor de Andalucía
  • Otras defensorías
  • Sede electrónica
  • Nuestro compromiso
  • Parlamento de Andalucía