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El Ayuntamiento no hizo nada ante el ruido de una terraza de veladores. Le pedimos más control

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/5290 dirigida a Ayuntamiento de Atarfe (Granada)

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras conocer por los medios de comunicación una Sentencia del Tribunal Supremo que condena a cuatro años de prisión al titular de un establecimiento hostelero por delito medioambiental, incoó de oficio expediente de queja para conocer cuál había sido la actuación municipal ante la conducta infractora del condenado. Tras recibir el preceptivo informe y analizar los hechos probados de la Sentencia, así como las consideraciones jurídicas del Tribunal Supremo, se ha constatado una injustificada actitud de pasividad municipal que, lamentablemente, ha derivado en graves perjuicios para la salud de una familia de cuatro miembros que tuvieron que acudir, finalmente, a la justicia penal, vista la incapacidad del Ayuntamiento para garantizar sus derechos. Así, ha quedado acreditado que el Ayuntamiento de Atarfe poco o nada hizo por evitar la utilización ilegal, no autorizada, de una terraza de veladores que estuvo funcionando durante años, llegando al extremo de dictar orden de clausura que fue incumplida, sin que se ejecutara subsidiariamente, optando finalmente por autorizar expresamente tal terraza hasta entonces ilegal. Ante tales hechos, se ha Recordado al Ayuntamiento de Atarfe su obligación legal e irrenunciable de ejercitar las competencias legales sobre policía administrativa, vigilancia, inspección, control y disciplina de actividades, así como su potestad sancionadora sobre todas aquellas actividades económicas de su competencia. Asimismo, se la ha Recomendado que, en lo sucesivo, se adopten medidas preventidas de vigilancia, inspección y control de actividades económicas de competencia municipal, especialmente cuando se trate de actividades que son susceptibles de generar ruido, o cuando se trate de actividades no autorizadas o que pueden sobrepasar las autorizaciones concedidas. Finalmente, se ha Sugerido que se acometan, sobre las actividades citadas, planes de inspección municipal por parte de la policía local, especialmente en horario nocturno.

ANTECEDENTES

En su día, esta Institución abrió de oficio la presente queja con objeto de conocer, en esencia, qué hizo, pero también qué no hizo, el Ayuntamiento de Atarfe (Granada), sus autoridades y funcionarios, en cumplimiento de sus obligaciones y competencias legales para evitar la contaminación acústica que estaba sufriendo una familia por los ruidos provenientes de un bar, que dieron lugar a severos daños en la salud de sus miembros y a una dura condena del Tribunal Supremo por delito medioambiental.

En su día y por los medios de comunicación, conocimos que el Tribunal Supremo había condenado, en Sentencia de 22 de octubre de 2014, a la pena de 4 años de prisión al titular de un bar del municipio granadino de Atarfe, como autor de un delito contra el medio ambiente que, en el concreto caso, había girado en torno a los ruidos generados durante años por una terraza de veladores no autorizada por el Ayuntamiento y los graves perjuicios que tales ruidos habían llegado a provocar a los cuatro miembros de una familia residente en la vivienda contigua, dos de los cuales eran entonces menores de edad. Del texto de dicha Sentencia, al que tuvimos acceso, nos había llamado la atención diversos pasajes relativos a la actuación seguida en su momento por el Ayuntamiento, antes de que por los afectados se emprendiera la vía judicial penal y, en concreto, como hechos probados del proceso penal se habían tenido en cuenta los que indicamos en el resumen que figura en nuestra página web al momento de abrir esta actuación de oficio (queja 14/5290).

Estos hechos probados dejan entrever: 1) que el Ayuntamiento, en una actitud extremadamente pasiva ante la ilegalidad de esta terraza, poco o nada hizo para evitar la ilegalidad en el lapso temporal que va desde que la terraza empieza a funcionar (en fecha anterior al año 2006) hasta que se dicta el incumplido cierre cautelar (en abril de 2011); 2) que la medida de cierre cautelar adoptada fue una mera apariencia de actuación, por cuanto que la terraza siguió funcionando y no parece que se pusieran los medios para ejecutarla subsidiariamente ni que se hiciera algo respecto de la desobediencia del titular del bar; y 3) que el Ayuntamiento, lejos de aplicar el principio de legalidad ante la grave tesitura en la que se había colocado a esta familia por los ruidos sufridos durante años, optó, en el año 2012, por autorizar la terraza hasta entonces ilegal.

Y con este planteamiento solicitábamos informe al Ayuntamiento con objeto de conocer, fundamentalmente, los motivos por los que se había mantenido una actitud tan extremadamente pasiva ante la ilegal actividad desarrollada durante años por el bar con la instalación sin autorización de una terraza.

En respuesta, recibimos informe de Alcaldía en el que se mantiene que “de la documentación examinada por los Servicios Técnicos municipales adscritos al Área de referencia, resulta que, s.e.u.o., no existe constancia de queja o denuncia alguna presentada ante ese Ayuntamiento en el periodo comprendido entre los años 2006, 2007, 2008, 2009”. Y se añade que “la primera queja o denuncia de que se tiene constancia es de fecha .. de junio de 2010, habiendo intervenido este Ayuntamiento a raíz de la misma en los términos que más adelante se detallan hasta dictar Decreto de Clausura nº .../11 de ... de 2011”. Por ello, consideraba la Alcaldía que “De lo expuesto, este Ayuntamiento no comparte la calificación que hace esa Institución acerca de que el proceder municipal sea «extremadamente pasivo»”.

Por otra parte, también nos informaba que esta terraza seguía disponiendo de autorización pero que en la actualidad no está funcionando, según informe de la Policía Local, y que no había constancia alguna en el Ayuntamiento de más denuncias, al margen de aquella citada de junio de 2010.

CONSIDERACIONES

En relación con estas apreciaciones que nos hace la Alcaldía, y respetando su perspectiva de los hechos, hemos de significarle que nuestra posición en este asunto, según quedó plasmado en el escrito que le enviamos, procede única y exclusivamente del texto de la Sentencia del Tribunal Supremo y de sus hechos probados. En este sentido, aunque es cierto que la Sentencia dice literalmente que “El matrimonio presentó continuas quejas ante el Ayuntamiento de Atarfe el cual acordó con fecha .. de abril de 2011... el cierre cautelar de la terraza”, también se dice en ella, como hecho probado, que “en fecha no concretada pero anterior al año 2006, comenzó a funcionar una terraza de verano para la cual no obtuvo licencia ni permiso alguno. En años posteriores, se amplió dicha actividad a todo el año estando abierta hasta altas horas de la madrugada”.

Por lo tanto, aunque fuera cierto que los afectados no presentaron denuncia hasta el 29 de junio de 2010, sí que puede decirse que desde antes del 2006, cuando comenzó a funcionar la terraza, y hasta junio de 2010, fecha de la primera denuncia, que hubo una extraordinaria pasividad del Ayuntamiento en su labor de policía administrativa, inspección, control y disciplina de actividades, pues es el Ayuntamiento quien tiene asignadas estas competencias en base a la legislación de régimen y autonomía local, tanto estatal como autonómica, y debe ejercitarlas de manera irrenunciable y efectiva y sin esperar a que se produzcan denuncias por parte de la ciudadanía, pues lo contrario supondría dejar a merced de terceros el cumplimiento de la legalidad.

Así, por ejemplo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL), atribuye a los municipios, entre otras competencias (art. 25), las de policía local y protección contra la contaminación acústica. Por su parte, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) atribuye a los municipios (art. 9), entre otras, competencias en materia de ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con actividades no sometidas a autorización ambiental integrada o unificada, la ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y empresariales, permanentes u ocasionales.

Por lo tanto, disponía ese Ayuntamiento de competencias legales suficientes para, en esos más de cuatro años, ya fuera a través de su policía local, ya fuera a través de sus técnicos, detectar esta irregularidad que ha tenido consecuencias tan perjudiciales para los afectados. Y no nos parece que en una población que tenía, en 2012, 16.843 habitantes, sea una labor de imposible cumplimiento.

Es más, no sólo en ese primer periodo se da, a nuestro juicio, una extraordinaria pasividad, sino que después, desde el .. de junio de 2010, fecha de la primera denuncia, hasta que se dicta el cierre cautelar de la terraza mediante Decreto .../2011, de .. de abril, transcurren 9 meses y 14 días, tiempo que, vistos los antecedentes del asunto, nos sigue pareciendo excesivo y desmesurado, habida cuenta que se trata de una actividad sin autorización muy contaminante en términos acústicos que ha causado gravísimas consecuencias en la salud de los afectados.

Y tanto es así que, como ya le hemos trasladado, hasta la propia Sentencia del Supremo deja entrever que la medida de cierre cautelar adoptada fue una mera apariencia de actuación, por cuanto que la terraza siguió funcionando y no parece que se pusieran los medios para ejecutarla subsidiariamente ni que se hiciera algo respecto de la desobediencia del titular del bar, llegando incluso al extremo, finalmente, de que el Ayuntamiento optó en el año 2012 por autorizar la terraza hasta entonces ilegal. En concreto, dice la Sentencia que el examen de las actuaciones “permite constatar que, por más que muy lejos de la diligencia deseable, la persistencia en las denuncias fue de tal reiteración que acabó por llegar a ordenar el cierre del establecimiento, orden que, como veremos, no acató el acusado”.

También referíamos que había sido tal la inactividad municipal que incluso la defensa letrada del acusado, finalmente condenado, había sido construida, precisamente, en torno a la falta de actuación del Ayuntamiento, como prueba el texto de la Sentencia cuando dice que “por lo que concierne al elemento subjetivo del tipo el recurrente intenta escudarse en la inexplicable actitud de la Autoridad municipal que, según el motivo, para nada le habría requerido al efecto, generando así la convicción de actuar ilícitamente”. Sobre esa “inexplicable actitud de la Autoridad municipal”, dice la Sentencia que “Ciertamente ese comportamiento administrativo, de haber concurrido en la forma que dice el penado, podría merecer reproches de diversa índole, incluido el penal”, y añade seguidamente que “El Alcalde ha sido tenido en alguna sentencia de esta Sala por garante de la indemnidad de los ciudadanos en relación a las actividades típicas aquí juzgadas”.

Por tanto, nos parece que nuestra percepción de que el Ayuntamiento mantuvo una actitud extremadamente pasiva en este asunto está suficientemente motivada y argumentada y, aún respetando sus discrepancias, nos mantenemos en ella y nos remitimos a lo que de la Sentencia del Tribunal Supremo se extrae con absoluta claridad.

En este sentido, en lo que respecta a la labor supervisora del Defensor del Pueblo Andaluz, lo que verdaderamente nos preocupa son las graves lesiones en derechos fundamentales y constitucionales de los afectados, tanto por la actitud de reiterado incumplimiento del titular del bar, como, sobre todo, por la extraordinaria pasividad del Ayuntamiento.

La Sentencia de que venimos hablando es clara al respecto cuando dice que “cuando se trata de contaminaciones acústicas, tanto el Tribunal de Derechos Humanos como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ponen de manifiesto las graves consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas, integridad física y moral, su conducta social y en determinados casos de especial gravedad, aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, resaltando que constituyen supuestos de especial gravedad cuando se trata de exposición continuada a unos niveles intensos de ruido (énfasis añadido)”. Se trata, en consecuencia, de derechos fundamentales, que exigen un compromiso real y efectivo de los poderes y administraciones públicos y que, lamentablemente, no se ha percibido en este asunto, en el que, por contra, dada la inactividad, se ha apreciado un funcionamiento anormal de la Administración Local.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de la obligación legal e irrenunciable, conforme establece el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de ejercitar las competencias legales que tanto la LBRL, como la LAULA atribuyen a los municipios en relación con la vigilancia, inspección, control y disciplina de actividades y, en especial, en relación con policía local y protección contra la contaminación acústica, ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones y el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con actividades no sometidas a autorización ambiental integrada o unificada, ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y empresariales, permanentes u ocasionales.

RECOMENDACIÓN para que, en lo sucesivo, desde ese Ayuntamiento se adopten medidas preventivas de inspección, vigilancia y control de aquellas actividades hosteleras o de ocio que por su naturaleza, ubicación, o por cualquier otra circunstancia, puedan ser susceptibles de generar niveles acústicos no permitidos por la normativa, así como de aquellos establecimientos que puedan estar desarrollando actividades no autorizadas o excediéndose respecto de las autorizaciones concedidas.

SUGERENCIA para que, si aún no se hubiera previsto, se acometan planes de inspección municipal por parte de la Policía Local de aquellas actividades hosteleras o de ocio que puedan ser susceptibles de generar ruidos en algún momento, especialmente en horario nocturno, tratando de controlar especialmente que la actividad desarrollada se ajusta a lo autorizado y que se cumple el horario de cierre.

Ver Asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace
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