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Demora en diversas citas de especialistas: pedimos más agilidad

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/4790 dirigida a Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, Hospital Virgen Macarena, (Sevilla)

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Recomendación al Hospital Virgen Macarena, para que adopte medidas en orden a la “superación de las situaciones de larga espera, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución”, y en concreto para agilizar las citas con la unidad del pie, así como para que “se respete el plazo máximo previsto normativamente para la práctica de los procedimientos diagnósticos y en los casos en los que se supere el mismo sin que aquellos se hayan realizado, y siempre que no hayan concurrido circunstancias que determinen la pérdida de la garantía, se comunique a los ciudadanos la posibilidad de acudir a un centro privado para someterse al procedimiento que precisan”.

ANTECEDENTES

Compareció en esta Institución D. (...) por medio de una comunicación en la que venía a denunciar diversos aspectos concretos de la asistencia hospitalaria demandada tanto para él, como para su esposa.

Así por un lado denunciaba el incumplimiento de su solicitud de libre elección de especialista, la demora en la cita con la unidad del pie, la vulneración del plazo previsto para la revisión de urología, y la ausencia de citación para la ecografía de control de nódulos mamarios de su mujer, Dª (….).

En la respuesta emitida a su reclamación desde ese centro, así como en el informe remitido a esta Institución, han quedado satisfactoriamente explicadas dos de estas cuestiones.

Por un lado se afirma que la libre elección para el facultativo especialista otorrino Dr. (...), se realizó con posterioridad a la jubilación de este último, ante lo cual se optó por tramitarla para otro profesional de su mismo equipo.

En lo referente a la demora para la revisión de urología, ese hospital señala que al interesado se le dio una primera cita dentro del plazo de garantía (se solicitó el 24.4.14 y se señaló para el 13.5.14), lo que ocurre es que a diferencia del plazo de seis meses que aquel esgrimía para la revisión, por lo visto el facultativo estableció ocho meses, dándose cumplida cuenta del mismo mediante la citación efectuada para el 7.1.205.

Ahora bien, en cuanto a la atención en el área de traumatología, a raíz de los dolores padecidos por el interesado en una zona del tobillo previamente intervenida, la primera consulta de especialista también se desarrolló dentro del plazo de garantía de respuesta (se solicitó el 16.6.14 y tuvo lugar el 12.8.14). Sin embargo a raíz de esta asistencia se estimó oportuno su derivación para ser atendido en la unidad del pie, a cuyo fin se le citó el 21.1.05.

Este lapso de cinco meses trata de justificarse por la inexistencia de plazo de respuesta para las revisiones, no obstante lo cual se aduce la adopción de medidas tendentes a reducir la demora en estos casos.

CONSIDERACIONES

Desde esta Institución ya nos hemos posicionado en numerosas ocasiones en el sentido de considerar que aunque dicha consulta no esté afectada por el límite temporal prefijado, ello no quiere decir que pueda demorarse sine die, sino que debe producirse dentro de un tiempo que pueda entenderse razonable en el marco del proceso asistencial en cuestión, pues se inserta en el proceso de seguimiento de la enfermedad del interesado, y debe fijarse a la mayor brevedad posible para completar el mismo y determinar la alternativa terapéutica aplicable. De otra manera los límites temporales establecidos para las primeras consultas y para la realización de las pruebas diagnósticas de nada servirían, si no se evita la demora en las etapas posteriores.

Durante mucho tiempo en el que ante esta Institución se reproducían las quejas sobre lo dilatado de las listas de espera, fundamentalmente quirúrgicas, para múltiples intervenciones (cataratas, escoliosis, prótesis de cadera,...) y aun sin tener estándares de referencia sobre lo que podíamos considerar plazos apropiados para las mismas, vinimos a posicionarnos considerando comprensibles determinadas demoras para acceder a las prestaciones sanitarias no urgentes, en el marco de un sistema presidido por los principios de universalidad y gratuidad, aunque estimando también que las mismas no son concebibles si superan unos límites tolerables médica y personalmente, en cuyo caso se produce una verdadera desasistencia.

Ahora que contamos con los plazos de garantía de respuesta para intervenciones quirúrgicas, primeras consultas de especialidades, procedimientos diagnósticos, y determinados procesos asistenciales, como elementos de referencia de lo que puede entenderse como una demora razonable, pensamos que la espera por más de cinco meses para una consulta de esta naturaleza, más que una suspensión del derecho a la asistencia sanitaria reconocido en el art. 43 de nuestra Constitución, que toda lista de espera entraña, constituye una auténtica trasgresión del derecho que hemos mencionado, pues la demora en estos casos lo que pone de relieve es la falta de soporte estructural apropiado para llevarlas a cabo.

En otro orden de cosas y por lo que hace a la cita para la ecografía de la esposa del interesado, el informe administrativo determina que el 26 de febrero se le realizó una ecografía, el 26 de marzo recogió los resultados de su médico de familia, en los cuales se recomendaba control en el plazo de seis meses, y el 14 de julio acudió de nuevo al centro de salud, siendo entonces cuando se llevó a cabo la petición de la siguiente ecografía mamaria, para la cual se le citó primero el 20.10.14, y tras su reprogramación, el 10.11.14.

Al margen del momento en que deba iniciarse el cómputo de los seis meses, y la dependencia de la iniciativa de la paciente a efectos de la nueva cita en el centro de salud, lo cierto y verdad es que una ecografía solicitada el 14 de julio se llevó finalmente a cabo casi cuatro meses después.

Se da el caso de que la mayoría de los procedimientos diagnósticos sí que están sujetos a garantía de plazo, y el supuesto que consideramos no es una excepción. Así a tenor de lo previsto en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, todos los procedimientos diagnósticos recogidos en su anexo III, cuando sean solicitados por facultativos que desempeñen sus funciones en consulta programada ambulatoria de un centro de atención primaria o especializada del sistema sanitario público de Andalucía o de un centro concertado que se determine, deben llevarse a cabo en un plazo máximo de 30 días.

La relación del referido anexo III incluye expresamente “la ecografía de otras áreas del tórax (incluida mama)”, y la prescripción se ha realizado por un médico de atención primaria, de manera que la realización de la prueba con la dilación reseñada implica un incumplimiento claro de la garantía de plazo de respuesta establecida en estos casos.

Como consecuencia directa de dicho incumplimiento quedaba abierta la posibilidad que otorga el art. 11 del Decreto 96/2004, de 9 de marzo, para solicitar la práctica de la prueba en un centro privado con cargo al Sistema Sanitario Público, quedando el ejercicio de esta opción a instancia del interesado, sin que la falta del mismo sea obstáculo para apreciar el incumplimiento del deber de ese centro sanitario de ofertar la realización de la prueba dentro del plazo máximo previsto.

Habitualmente se señala por los responsables sanitarios que por los ciudadanos no se hace uso de la garantía que estamos considerando, aduciendo esta cuestión como muestra de la confianza que demuestran en los servicios sanitarios públicos. Pero con independencia de esta interpretación, lo que parece claro es que resulta muy difícil que por los ciudadanos se ejerciten derechos cuyo alcance y contenido pueden desconocer, por lo cual estimamos que debería comunicárseles el transcurso del plazo de garantía con el señalamiento de la opción que entraña dicha situación.

A dicha fundamentación podemos añadir la previsión que se contempla en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en relación con la garantía, dentro del derecho a una buena administración, de que los asuntos de los ciudadanos (que también habrá que entender referidos a la vertiente asistencial), se resuelvan en un plazo razonable; e igualmente la del art. 5 d) de la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, en términos similares, de acuerdo con el principio de proximidad a la ciudadanía consagrado en el artículo 3 r) del mismo texto legal.

Las consideraciones expuestas nos permiten realizar a esa Dirección Gerencia de acuerdo con lo previsto en el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES por considerar incumplido los siguientes preceptos:

-De la Constitución Española: art. 43.1

- Del Estatuto de Autonomía de Andalucía: art. 31.

- De la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de Administración de la Junta de Andalucía: Art. 5 d)

- Del Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía: art. 4.1 c)

RECOMENDACIÓN 1: Que para la superación de las situaciones de larga espera se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto se adopten medidas para agilizar las citas con la unidad del pie, al objeto de que pueda llegar a determinarse la alternativa terapéutica apropiada para los mismos en el menor tiempo posible, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral.

RECOMENDACIÓN 2: Que se adopten las medidas organizativas oportunas para que se respete el plazo máximo previsto normativamente para la práctica de los procedimientos diagnósticos y en los casos en los que se supere el mismo sin que aquellos se hayan realizado, y siempre que no hayan concurrido circunstancias que determinen la pérdida de la garantía, se comunique a los ciudadanos la posibilidad de acudir a un centro privado para someterse al procedimiento que precisan.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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