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Defensor del Pueblo Andaluz
posibilidades. Entonces dirá quien lea esto, ¿por qué no vas a la sanidad pública?.
Es ahí donde quería llegar porque la sanidad pública es muy precaria en lo que a
los servicios psicológicos se refiere, ya que entre una cita y otra pueden mediar
tranquilamente dos meses (ya que a mi me ha pasado), y así resulta imposible
llevar un tratamiento de psicoterapia. En definitiva lo que yo reclamo son más
psicólogos públicos, ya que al que yo fui me explicó que él tenía que cubrir dos
ciudades enteras, y por eso las citas se demoran tanto (...
)”
17. 2. 6. E
nfermedad mental
/
déficit
intelectual
Aludimos en este apartado a un conjunto de quejas expresivas de la
situación de personas en las que se produce una doble afectación, por un lado
una discapacidad psíquica por déficit intelectual, y por otro, unos trastornos de
tipo psicótico.
Por la experiencia que tenemos en la tramitación de las mismas se
aprecia una opinión generalizada de inidoneidad de los recursos existentes para
acomodarse al perfil de estos usuarios, que a la discapacidad psíquica añaden un
trastorno de conducta o enfermedad mental asociada.
Es decir que por un lado les está vedado el acceso a los recursos
residenciales de salud mental, pero por otro lado tampoco son tributarios de
cualquier centro de discapacitados psíquicos, de los que normalmente les aparta
la presencia de trastornos que pueden alterar la normal convivencia del mismo.
Por eso cuando en la tramitación de estos expediente pedimos los
correspondientes informes a los organismos implicados, no es extraño que cada
cual resalte el aspecto de la afectación del paciente que le excluye de su ámbito
propio de competencias.
Normalmente se hace preciso una mayor período de tiempo para
determinar el recurso adecuado a las particularidades de estas personas, que
generalmente conlleva la intervención de la comisión provincial de seguimiento
de los programas de FAISEM, integrada por representantes de asuntos sociales,
salud mental y la propia Fundación para la Integración Social del Enfermo Mental,
a lo que se une la demora que inevitablemente se desprende de unos recursos
aún más limitados que los destinados al resto de los discapacitados psíquicos.
Buena prueba de esta situación la encontramos en la
queja 02/1530,
donde se da cuenta de la negativa de la Administración para el acceso del hijo de
la interesada a un centro de discapacitados, por la presencia de trastornos graves