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Defensor del Pueblo Andaluz
En CONCLUSIÓN: en la situación actual, persisten las razonables dudas
sobre la oportunidad de ampliar el ámbito de involuntariedad a los tratamientos
ambulatorios, lo que nos lleva a reafirmarnos en favor de las medidas que hasta
el momento vienen demostrando su eficacia, que no son otras que la mejora
de la estructura, dotación y funcionamiento de los servicios sanitarios y socio
sanitarios, con modelos comunitarios y asertivos de atención, restringiendo la
hospitalización para los casos extremos”
.
10. 3. La Intervención en crisis
Uno de los aspectos más controvertidos en la práctica de la asistencia
psiquiátrica es la relativa a la denominada “intervención en crisis”, expresión
con la que se viene a describir el complejo proceso de abordaje de un enfermo
mental que debuta, en un determinado momento y en cualquier lugar ajeno a los
dispositivos sanitarios (domicilio, calle, etc.), en una crisis psicótica que demanda
una inmediata atención asistencial por parte de los dispositivos de salud mental,
que en la práctica generalizada requiere la ayuda de las fuerzas y cuerpos de
seguridad (policía nacional, guardia civil o policía local).
Este aspecto ha estado presente en numerosas quejas individuales y
colectivas (del movimiento asociativo), en las que viene a describirnos el drama
que rodea estos hechos, en los que la actuación policial conlleva una fuerte
estigmatización del enfermo mental que se traduce en una visión global del
enfermo mental como un delincuente.
A lo anterior cabe añadir que la complejidad de estos casos involucra,
aparte de la familia, a múltiples agentes como son los dispositivos de atención
primaria, urgencias, salud mental, 061, fuerzas de orden público, instancias
judiciales, etc., lo que supone un esfuerzo de coordinación entre los diferentes
niveles, que exceden de lo puramente asistencial, y que cada uno de ellos
tienen marcos de referencia y guías de actuación distintas, careciéndose de un
mecanismo claro, único, ágil y consensuado que protocolice de manera eficaz
el ejercicio de los distintos ámbitos competenciales. Esto ocasiona retrasos
injustificados en la atención, intervenciones basadas en el voluntarismo, el riesgo
de estigmatización del paciente y la familia, descoordinación de las actuaciones y
sobre todo sentimientos de desprotección del afectado y de la familia.
Por ello se viene destacando por los distintos profesionales la importancia
de dotarse de protocolos escritos de las prácticas y actuaciones terapéuticas que
garanticen la aplicación de medidas consensuadas y basadas en la evidencia.