1.4.1 Introducción

Los recursos humanos de un país determinan el progreso económico en un mundo cada vez más tecnológico y globalizado, es por ello que la educación se perfila como un elemento básico para la economía y el desarrollo social. De este modo, un sistema educativo eficiente representa un instrumento fundamental para el desarrollo del bienestar social de los países.

Conforme a este planteamiento, la Unión Europea puso en marcha la Estrategia Europea 2020 señalando a la educación como uno de los ejes o dimensiones fundamentales, y diseñando entre sus objetivos los de reducir el abandono escolar a tasas inferiores al 10% y alcanzar un mínimo del 40% de la población con estudios superiores finalizados.

De forma más específica, el marco estratégico de Educación y Formación 2020 se propuso como metas mejorar la calidad y eficacia de la educación y la formación, a través de medidas de escala nacional, en aspectos como el aprendizaje de idiomas, las competencias clave en lectura, matemáticas y ciencias o las nuevas cualificaciones para los nuevos empleos.

Es lógico, por tanto, que la calidad educativa sea una de las expresiones más utilizadas actualmente en el ámbito educativo como punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o plan de mejora. En este contexto, la eficacia y la eficiencia deben ser sus dos pilares básicos.

La trascendencia de la educación, y más concretamente del ejercicio del derecho constitucional a la educación, se proyecta en el quehacer diario de nuestra Defensoría. El fenómeno educativo continúa siendo una de las principales preocupaciones de la Institución como se refleja en los informes presentados ante el Parlamento de Andalucía.

Año tras año, la educación ha acaparado un especial protagonismo tanto por los problemas suscitados como por el número de personas que demandan la colaboración de la Institución para la defensa del derecho a la educación.

Nuestra experiencia nos lleva a concluir que muchos son los desafíos pendientes para conseguir un sistema educativo de calidad.

De nuevo debemos remarcar que aún estamos lejos de alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea para evitar que los jóvenes se aparten del sistema educativo.

A pesar de que la crisis económica propició la vuelta a la escuela de un importante número de jóvenes que abandonaron sus estudios a edades tempranas y sin obtener una debida formación o una titulación cualificada, todavía han de realizarse importantes esfuerzos para que nuestro país, y en especial la comunidad autónoma de Andalucía, se acerque a los parámetros establecidos por la Unión Europea.

La tasa de abandono escolar prematuro en el año 2016 en Andalucía, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, se elevaba al 19%. Estos datos también evidencian una diferencia significativa entre sexos, ya que la tasa en el caso de los hombres asciende al 22,7% mientras que la correspondiente a mujeres se perfila en torno al 15,1%.

Otro importante hándicap en el ámbito educativo es conseguir una efectiva igualdad de oportunidades entre el alumnado.

Y no sólo nos referimos a la igualdad del alumnado que se encuentra en unas condiciones distintas respecto al resto de sus compañeros por sus circunstancias personales o sociales; aludimos también a la puesta en práctica de proyectos o medidas que pueden poner en tela de juicio el principio de equidad en la educación.

En el primer caso, quienes continúan teniendo problemas para una inclusión real, más allá de proclamas y principios teóricos, son los alumnos y alumnas afectados por algún tipo de discapacidad.

Es cierto que se han realizado avances. Se ha apostado de manera decidida por la inclusión de este alumnado en los centros ordinarios al igual que se han ido adaptando en los últimos años muchos inmuebles donde se ubican colegios e institutos para eliminar barreras arquitectónicas, permitiendo una accesibilidad plena para el alumno con discapacidad física.

Pero todavía queda un largo camino por recorrer. Aunque se han llevado a cabo numerosos cambios legislativos en los últimos años y se ha realizado una decidida apuesta por fomentar la integración, todavía estamos lejos de alcanzar la meta. Debemos seguir avanzando para valorar e identificar las necesidades educativas especiales lo más tempranamente posible, y hemos de seguir trabajando en la implantación de medidas y recursos que, de una o otra forma, faciliten la acción compensatoria de la realidad educativa a este sector de la población escolar que reclama de especiales atenciones y mayores apoyos.

Por otro lado, en los últimos tiempos la Administración educativa está implementando programas y actuaciones para desarrollar distintas temáticas y aspectos que preocupan en nuestra sociedad, tanto en los centros educativos como fuera de ellos. Pero las dificultades para poner en práctica estos proyectos están ocasionando también problemas de equidad entre el alumnado.

Así acontece con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Nadie duda de las bondades de estas herramientas en los procesos de enseñanza. Pero las dificultades técnicas o de personal con las que se encuentran determinados centros educativos supone una limitación para su buen uso en las aulas y la alfabetización digital así como el acceso al derecho a la educación en condiciones de igualdad.

Lo mismo ocurre con la implementación de programas del bilingüismo. Aunque es una tarea sumamente complicada y requiere importantes esfuerzo en medios humanos y materiales, lo cierto es que todavía existen grandes diferencias entre los centros educativos andaluces y, por ende, entre su alumnado respecto al conocimiento de la lengua extranjera, lo que sin duda contribuye también a crear problemas de equidad.

No podemos olvidar el protagonismo del profesorado en cualquier sistema educativo que busque la calidad y la equidad. La elogiable labor que desempeñan en las aulas estos profesionales debe ser reconocida y valorada. Dada la importancia de su trabajo la Administración ha de velar por su bienestar creando las condiciones laborales adecuadas que les permitan desarrollar su labor acorde con la relevancia de la misión encomendada y para hacer efectivo el derecho a la educación de miles de niños y niñas andaluces.

Por otro lado, acogimos con esperanza y cautela en 2016 los inicios de acuerdos para llegar al ansiado Pacto de la Educación. Parecía que por aquel entonces el nuevo clima político permitiría de una vez por todas alcanzar un consenso entre las fuerzas políticas que venga a otorgar estabilidad al actual sistema educativo.

La realidad es que ha pasado un año y ese acuerdo continúa sin ver la luz. Sabemos que el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado mes de septiembre, autorizó una prórroga de seis meses del plazo para la finalización de los trabajos de la subcomisión creada para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación.

A fuerza de ser reiterativos debemos seguir reclamando este acuerdo. Tenemos el pleno convencimiento de que el pacto de educación es imprescindible, junto con otras acciones, para un sistema de educación y formación que se acerque a los objetivos europeos de 2020.

Seguiremos atentos a los resultados de estos trabajos y esperamos que en el próximo ejercicio podamos comentar el contenido del ansiado Pacto de Estado Social y Político por la Educación.

Respecto de las quejas presentadas en 2017 reseñamos que, tanto desde el punto cuantitativo como cualitativo, presentan escasas diferencias con la tendencia iniciada hace varios ejercicios.

No obstante, destacamos el incremento de intervenciones por lo que respecta al primer ciclo de las enseñanzas de Educación Infantil. Se ha aprobado una nueva normativa sobre este tipo de enseñanza con el propósito de favorecer la escolarización de los menores en la misma. Entre sus novedades se encuentran un renovado sistema de ayudas dirigidas a las familias para fomentar la escolarización en este ciclo y un novedoso instrumento de adhesión de los centros privados que imparten estas enseñanzas al programa de ayudas.

Las modificaciones señaladas y su incidencia en este servicio educativo han generado un incremento de las reclamaciones de los ciudadanos, tal como se dará cuenta en este apartado.

Por otro lado, y como viene siendo habitual, se ha continuado con la tendencia ascendente respecto de las quejas que han tenido como protagonista a la educación especial. El incremento respecto del ejercicio anterior se cifra en el 12%.