Preocupados por las deficiencias en las sedes judiciales

Administrar Justicia es un solemne cometido del Estado de Derecho que necesita, como cualquier otro servicio que se presta a la ciudadanía, contar con los medios personales y materiales acordes a su relevancia. Su dependencias, instalaciones y sedes forman parte de este soporte material que adquiere una especial importancia para la viabilidad del propio sistema judicial.

Por ello, durante 2016 hemos seguido con atención algunas incidencias que se han producido en las instalaciones y sedes judiciales andaluzas. Entre ellas, las serias necesidades de los juzgados de Estepona (queja 16/1795), dispersos en varios edificios y sin posibilidad próxima de poder abordar la construcción de una nueva sede; algunos incidentes producidos en los juzgados de Fuengirola (queja 16/5513) y Almuñécar (queja 16/5228) o algunas protestas de sindicatos sobre la sede judicial de La Caleta en Granada (queja 16/5497). Del mismo modo, realizamos un seguimiento de la remozada sede de Torrox (queja 16/6133).

En general, las quejas que afectan a las sedes judiciales podrían agruparse en dos categorías. De un lado, relatan aspectos que podrían calificarse como incidentales o menores en relación con las exigencias de respuesta que provocan. Son asuntos relacionados con problemas puntuales que, aunque distorsionan en su medida el funcionamiento de los órganos judiciales, pueden ser atajados sin especiales dificultades. Entre estos casos, hablaríamos de las quejas que afectaron a las sedes de Fuengirola o Almuñécar.

“ Debemos ratificar nuestra preocupación por garantizar las mejores condiciones de las sedes judiciales y, a la vez, manifestar nuestro compromiso porque sean un ejemplo de dignidad para sus profesionales y servicio a la ciudadanía”

En otros, los problemas tienen un carácter más permanente porque inciden en las deficiencias del propio diseño de las sedes o su ubicación, que exigen, para abordar el núcleo de las carencias, medidas de un calado mucho mayor. Hablamos de disponer directamente de una nueva sede judicial como respuesta adecuada para corregir estas carencias, como el ejemplo de Estepona cuya solución pasa inevitablemente por disponer de unas instalaciones suficientes para albergar los actuales órganos y prever hábilmente otras posibles dotaciones de nuevos juzgados; pero ello supone un impacto de 9,5 millones de euros, en cálculos incluso restrictivos.

Son momentos muy difíciles para disponer de estos volúmenes de gasto en inversiones e infraestructuras judiciales, que son muy tenidos en cuenta desde esta Institución a la hora de valorar las detalladas respuestas y explicaciones ofrecidas desde la Consejería de Justicia e Interior. Confiamos que puedan superarse los criterios restrictivos a la hora de abordar los proyectos de nuevas sedes judiciales y que la planificación y las prioridades, diseñadas desde la Consejería, alcancen los mejores rendimientos.

Tan sólo debemos ratificar nuestra preocupación por garantizar las mejores condiciones de las sedes judiciales y, a la vez, manifestar nuestro compromiso porque sean un ejemplo de dignidad para sus profesionales y servicio a la ciudadanía. Muy en particular, queremos en este particular asunto reivindicar el respeto para las personas con discapacidad, que todavía padecen unas limitaciones y barreras inaceptables en muchas dependencias judiciales. La casa de la Justicia debe ser también ejemplo de cumplimiento de las normas de accesibilidad.

Capítulo 1.7.2.1.1 Justicia, Extranjería y Prisiones IAC 2016