ImprimirLa singularidad del Espacio Natural de Doñana exige un posicionamiento claro de todos los poderes públicos
El reconocimiento mundial de la singularidad del Espacio Natural de Doñana, que ha sido merecedora de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO, y de la inclusión de algunos de sus lugares en la Red Natura 2000 (red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad), no ha evitado que en su entorno se realicen actuaciones o se proyecten infraestructuras que, año tras año, vienen siendo, no obstante la discrepancia que suscitan, motivo de alarma: la ruptura de la balsa de Aznalcóllar; el fallido proyecto del oleoducto y refinería de Balboa que, afortunadamente, ya pasó a la historia; el dragado del río Guadalquivir; la sobrexplotación del acuífero con centenares de pozos ilegales; los proyectos turísticos ejecutados y los que quedaron aparcados; el gaseoducto que, en algunos de sus tramos, ha sido informado favorablemente; la conexión por carretera Huelva y Cádiz, que suscita una gran polémica cada vez que se menciona por su incidencia en el Parque; etc.
Se trata de noticias con las que, año tras año, se viene “topando” la ciudadanía y que jalonan la historia de este extraordinario espacio natural.
Noticias que generan una inquietud muy justificada, habida cuenta de que, con frecuencia, ha sido el movimiento ecologista, la sociedad civil y los medios de comunicación, quienes han “frenado” propuestas que habían recibido todas las bendiciones en los despachos públicos por su ejecución. La motivación esgrimida en todos estos proyectos, al menos la motivación pública, suele ser la necesidad de potenciar las actividades económicas relacionadas con el empleo, tan necesario en nuestra Comunidad Autónoma.
“Con frecuencia, ha sido el movimiento ecologista, la sociedad civil y los medios de comunicación, quienes han “frenado” propuestas que habían recibido todas las bendiciones en los despachos públicos”
Sin embargo, sabemos que el desarrollo económico que no es compatible con el respeto a los valores ambientales no es sostenible. Hoy conocemos que, con frecuencia, las actuaciones que no han tenido presente la cuestión ambiental a medio y largo plazo lo que han traído consigo ha sido destrucción de espacios de extraordinario valor ecológico, modelos de desarrollo urbanístico que han provocado su rechazo con el paso de los años y la conversión de un territorio de alto valor ambiental y gran futuro para una economía sostenible en modelos territoriales que, en la actualidad, generan un rechazo universal por haber terminado siendo espacios de especulación, que han originado un desarrollo urbanístico caótico y sin futuro.
Desgraciadamente, tenemos dónde elegir modelos de desarrollo urbanístico insostenible en nuestro litoral y en las más de mil parcelaciones ilegales, decenas de miles de viviendas ilícitas, infinidad de ocupaciones de espacios no urbanizables, etc., que se reparten por todo el territorio andaluz.
Es verdad que a finales de este ejercicio hemos recibido una buena noticia: conforme con las conclusiones a las que llegó, con toda autoridad, la Comisión Científica sobre el “Estudio de las Afecciones del Dragado del Río Guadalquivir” y de la Comisión Permanente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, por fin el Gobierno de la Nación no va a activar el dragado del río Guadalquivir.
Sin embargo, creemos muy necesario, y por ello hemos abierto de oficio la queja 16/5654, en la que nos vamos a interesar por distintas cuestiones afectantes a este espacio, como son la ejecución del gaseoducto, pozos ilegales en su entorno, necesidades de regadío y déficit hídrico, que el compromiso por la conservación de este espacio sea indubitado y ello supone el rechazo unánime a cualquier intervención que pueda poner en riesgo sus valores.
El Espacio Natural sólo podrá preservar estos valores si el necesario desarrollo económico para dar respuesta a las necesidades de la población que reside en su entorno es capaz, al mismo tiempo, de garantizar su sostenibilidad. Ambos objetivos tienen que estar necesariamente presentes en las actuaciones de los poderes públicos.
