1. Introducción

Los efectos de la crisis económica han ocupado desde 2008 decenas de páginas de nuestros Informes Anuales presentados ante el Parlamento de Andalucía, con la intención de darle voz a la reclamación de miles y miles de personas que durante todos estos años han acudido a nosotros pidiendo ayuda.

La crisis económica ha generado una fractura social cuya dimensión no llegamos a determinar aún, pero sabemos que tiene una gran entidad. Todos somos conocedores de que la calidad de vida que ostentaba la inmensa parte del conjunto de la población se ha visto deteriorada a causa de los efectos de esta crisis económica y que, además, ese segmento de la población que tenía menos oportunidades y que ya padecía la “pobreza”, se ha visto si cabe más marginado y empujado hacia la “exclusión”.

Ahora, los analistas macroeconómicos y las autoridades mundiales, los gobiernos nacionales y autonómicos, atisban un horizonte esperanzador, proclamando el fin de la crisis.

La Comisión Europea dijo en sus previsiones de invierno que los Veintiocho crecerán de media un 1,8% y reducirán su tasa de desempleo hasta el 8,1%.

Bruselas estima que el PIB de España avanzará este año un 2,3%, cinco décimas más que la media de la UE y siete más que la eurozona. La tasa de desempleo se reducirá hasta quedarse en el 17,7%, aunque será el segundo país con mayor tasa de personas en edad de trabajar que no tienen empleo, sólo superada por Grecia.

En Andalucía, 2016 cerró con datos favorables, con 390.000 desempleados menos respecto a 2015, un total de 3,7 millones. El total de ocupados al cierre del año ha sido de 17.849.055 personas. No obstante, la tasa de temporalidad en el empleo alcanza el 35% frente al 27% de la media de España.

El Defensor del Pueblo andaluz está, como no podría ser de otra manera, entre los que se congratulan de una incipiente recuperación económica y de que se pueda volver a generar empleo de calidad. Pero al margen, o en paralelo, a la confirmación de estas previsiones, entre nuestras encomiendas se encuentra la supervisión de los derechos sociales que durante estos años han podido retroceder y, sobre todo, en las consecuencias que estos recortes han traído para los ciudadanos de a pie. Serán los organismos públicos los que dirimirán si se ha producido una regresión de esos derechos sociales inviolables, pero, en este escenario, una cosa es el reconocimiento del derecho, y otra es si se cumplen a diario, lo que no parece que suceda con muchos de ellos. Cabe preguntarnos, además, si nosotros mismos estamos asumiendo esos recortes como necesarios y permanentes.

En este análisis sobre un posible recorte de derechos sobresale de manera lacerante el aumento de la desigualdad. De nada servirá salir de la crisis si se siguen agudizando y se profundizan las diferencias entre clases sociales, dejando a unos sectores de la población al margen de la recuperación.

Antes de esta crisis, la desigualdad había salido por la ventana de los análisis de los científicos sociales. Por ejemplo, hace unos años la entonces subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Anne Kruger, decía: “Las personas pobres están desesperadas por mejorar sus condiciones materiales en términos absolutos, en lugar de avanzar en el ámbito de la distribución de los ingresos. Por lo tanto, parece mucho mejor centrarse en el empobrecimiento, que en la desigualdad”.

Pero con el impacto de la crisis, la ciencia y la economía han vuelto a preocuparse por la desigualdad. Los asistentes a la Cumbre de Davos de enero de 2017 manifestaron su preocupación por el abrupto incremento de la desigualdad en muchos de los países desarrollados. Ese febrero, el Banco de España puso sus propias cifras a la herida que la larga crisis del 2008 ha dejado en las familias españolas. Desde entonces, la renta mediana de las familias ha pasado de 27.700 a 22.700 euros en el 2014 (con una caída del 18%), mientras que la riqueza ha retrocedido desde los 190.400 euros a los 119.400 euros en el 2014 (con una pérdida del 37%). La renta media, por su parte, ha pasado de 36.100 a 30.400 euros en este periodo (-15,8%). Los datos de la encuesta del Banco de España revelan, además, que el 1% de las familias más pudientes acumulan el 20,23% del total de la riqueza. Este dato refleja la creciente desigualdad en la sociedad española, pues este porcentaje era algo menor (el 16,87%) en 2011.

Esta conclusión coincide con la expresada en el informe de Oxfam Intermón que, bajo el título Una economía para el 99%, incide en que el crecimiento del PIB en España en los últimos años sólo está beneficiando a los que más tienen, porque la brecha de la desigualdad ha seguido en aumento. Según este informe, España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis, tan sólo detrás de Chipre y 20 veces más que el promedio europeo. Entre 2008 y 2014, los salarios más bajos cayeron un 28%, mientras los más altos apenas se contrajeron. España es también uno de los países europeos donde el sistema fiscal logra reducir menos las desigualdades, el quinto peor de Europa. Las familias soportan el 84% de la recaudación frente al 13% de las empresas.

Parece evidente la conexión entre crisis y pobreza. Y la vinculación entre pobreza y desigualdad también parece una relación incuestionable. Por lo tanto, los que eran pobres, ahora son más pobres. Muchos de los que estaban al borde, han caído. Algunos de los que estaban protegidos, con el retroceso en la inversión de la administración pública, ya no lo están. Se ha aumentado, como decíamos, la fractura social, con una brecha más profunda no sólo entre los de arriba y los de abajo, sino en todos los estratos sociales.

Esta impresión la reforzamos con el análisis detenido de las quejas y consultas que llegaron a esta Institución durante 2016. No es casualidad por ejemplo que se haya levantado una ola de descontento ante la sanidad pública si se atiende a que ya la Comisión Europea señalaba que entre 2009 y 2013 el gasto sanitario en España se redujo en 12.000 millones de euros.

Esta insuficiencia financiera que amenaza la sostenibilidad de nuestro fundamental sistema público de salud coincide con los problemas del conjunto de un sistema de bienestar igualmente necesitado de reformas de calado para su viabilidad. También la educación, los servicios sociales, las pensiones, etc., son sometidos a tensiones cada vez mayores como consecuencia de la crisis, la demografía o la nueva economía, y sus consecuencias sobre los parados afectados por la desaparición de empleos tradicionales y amenazados de exclusión del mercado de trabajo.

Así, a lo largo de estas páginas, encontrarán ejemplos de cómo la ciudadanía sigue denunciando las demoras e impagos de ayudas sociales, la ausencia de políticas de formación, el colapso en las oficinas judiciales, la pobreza infantil, la falta de acceso a una vivienda digna, la incertidumbre de la comunidad educativa, los casos de pobreza energética e hídrica, la actitud insolidaria de las entidades financieras, el despilfarro de ruinosas infraestructuras financiadas con dinero público, las restricciones presupuestarias que impiden la construcción de obras hidráulicas, sociales o culturales entendidas como necesarias, o las protestas de distintos colectivos que se sienten discriminados, entre otras quejas. Unos y otros, todos, afectados por una crisis económica de la que aún no encuentran síntomas de recuperación.