Imprimir1.7.2.1.2 Situaciones singulares: el colapso de la jurisdicción mercantil y social y problemas en los registros civiles
Uno de los escenarios judiciales más complejos que hemos elaborado en 2015 es la jurisdicción mercantil. Los indicios de graves problemas nos llegaban a partir de una pluralidad de quejas sobre graves retrasos en los juzgados de Málaga. Citaciones a dos años vista, e incluso más, para juicios sobre clausulas suelo, preferentes, litigios en relación con la actividad financiera, procesos concursales, quiebras, etc. Es decir pleitos muy recurrentes en la actual situación de resaca judicial de la grave crisis económica vivida.
Para investigar la situación de los dos juzgados mercantiles de la provincia de Málaga abrimos de oficio la queja 14/5196. Cuando analizamos todos los datos dictamos una Resolución “para la creación de, al menos, dos nuevos Juzgados de lo Mercantil en Málaga” y para disponer de las necesidades de plantilla que estos órganos necesitaban.
De la respuesta ofrecida por la Consejería deducimos, por lo que respecta a la creación nuevos Juzgados de lo Mercantil que se aceptaba la medida, por más que resulte difícil olvidar que tales peticiones han sido sucesivamente desatendidas por el Gobierno de la Nación a quien compete la creación de tales órganos.
En cuanto a las medidas de aumento del personal destinado a estos órganos, nos comunican la “valoración positiva” de la Recomendación de ampliar los medios personales funcionariales conforme a los estudios de necesidades y cargas de trabajo de estos juzgados. Pero, de inmediato se nos anunciaban las restricciones de índole presupuestario que anticipan una escasa, por no decir nula, operatividad en la aplicación efectiva de esta Recomendación.
Subsidiariamente, hemos de destacar que la situación de los Juzgados de lo Mercantil —debido, muy probablemente a su singular gravedad— ha despertado una serie de reacciones más específicas y que han propiciado la elaboración de un “Protocolo de Estatuto de Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil” para la organización del trabajo de manera colegiada y la incorporación de dos puestos de Juez de Adscripción Territorial (JAT) y funcionariado que, confiemos, den el resultado final previsto.
También otras demarcaciones han sido objeto de nuestro análisis, en concreto los dos juzgados mercantiles de Sevilla queja 14/5756 y el de Cádiz queja 15/2783. Y tras su investigación coincidimos en aplicar las medidas de aprobar, previa petición autonómica, nuevos órganos a cargo del Gobierno de la Nación.
Finalmente, pudimos conocer la creación de sendos juzgados mercantiles en Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz que podrían ponerse en funcionamiento a lo largo de 2016. Con ser una buena noticia, los indicadores de asuntos de entrada (399 por juzgado y año) están desbordados y superan en un 154% (el que menos) la capacidad de carga de trabajo de estos órganos. Ni siquiera añadiendo los nuevos juzgados se ajustarán los indicadores a los niveles recomendados. Seguiremos los efectos de estas medidas en próximos ejercicios.
También queremos detenernos brevemente en el relato de las actuaciones relacionadas con los juzgados de lo social. En ejercicios anteriores ya advertimos serios problemas en estos órganos judiciales, pero en 2015 la situación se ha generalizado y, aún peor, se ha agravado con añadidos casos sobre retrasos y dilaciones.
Recordamos que en 2014 decidimos abrir una investigación de oficio con un enfoque general. Teníamos noticias de los problemas en juzgados concretos y habíamos sido informados de algunas medidas coyunturales de ayuda. Sin embargo, nuevas y reiteradas quejas, añadidos retrasos y una falta de reacción eficaz, han motivado que la reacción de la Institución debía ser otra, más acorde a la gravedad de la situación.
Esta investigación seguida de oficio en la queja 14/4340, tuvo como resultado una Resolución que concluía la necesidad de crear dos nuevos juzgados de lo social en Sevilla coincidiendo con la petición que había elaborado en su día el TSJA.
La Consejería alegó la ausencia de competencia para determinar esa medida de creación de nuevos órganos, residenciada en el Gobierno de la Nación, y además justificaba el agotamiento de las plazas de refuerzo disponibles. Sí explicó, como alternativa, un programa especial de apoyo elaborado desde el decanato de los jueces de Sevilla con la incorporación de dos nuevas plazas de Jueces de Adscripción Territorial (JAT) y tres puestos de interinos más, con la esperanza de agilizar los datos de pendencia acumulados.
Después de analizar el resultado de algunas acciones paliativas anunciadas, las medidas de refuerzo no han logrado revertir los rendimientos de los Juzgados de lo Social de Sevilla, por lo que los problemas que se han descrito, sobre el servicio prestado a justiciables y profesionales de la Administración de Justicia, ofrecen un pronóstico de persistir y con una tendencia altamente probable de acentuarse en un futuro inmediato.
Afortunadamente, podemos al menos reseñar la creación de un nuevo juzgado de lo social para Sevilla (y para Algeciras y Málaga). Son buenas iniciativas que llevan años siendo reivindicadas desde todas las instancias con responsabilidad en la materia. No obstante, a la espera de analizar el resultado de esta esperada medida, debemos recordar que la sobrecarga de asuntos en cada Juzgado es de tal proporción que la aparición de un órgano nuevo afectará de manera muy limitada al reparto de las cargas de trabajo, sin olvidar las tasas de pendencia que reflejan una severa acumulación de asuntos sin resolver.
En suma, no podemos anticipar mejoras sustanciales y con el impacto necesario para la entidad del problema que se pretende acometer. El orden social es un perfecto ejemplo de la insuficiencia del sistema judicial para atender los asuntos litigiosos que la sociedad genera dentro de unos niveles mínimos e imprescindibles de servicio.
Por último citamos como temas singulares los problemas en los Registros Civiles.
Y es que uno de los servicios más significativos de la Administración de Justicia es el que prestan los Registros Civiles, a los que los ciudadanos acuden para realizar gestiones frecuentes ligadas a una gran variedad de situaciones de la vida personal y familiar (inscripciones de nacimientos, defunciones, situaciones conyugales, etc.). Esos servicios por tanto son susceptibles de generar demandas frecuentes procurando obtener las respuestas que satisfagan las necesidades de estas personas interesadas.
Precisamente, una pluralidad de quejas referidas al funcionamiento de estos Registros motivó una investigación abierta de oficio en la queja 14/5629 para abordar con carácter general esta problemática. Efectivamente la Consejería de Justicia e Interior nos remitió un clarificador informe en el que daba cuenta de la organización, dotación funcionarial y cargas de trabajo de los órganos judiciales a lo que están adscritas las funciones de Registro Civil en Roquetas y El Ejido que eran motivo de análisis de la presente queja, añadiendo la información sobre Algeciras, que igualmente agradecíamos, y que completaba la visión general de estos servicios. Tras el informe, resultaba manifiesta la sobrecarga de asuntos que atienden estos órganos que lleva a duplicar las previsiones acordadas por el CGPJ y que definen las capacidades de servicio en función de las dotaciones de medios personales y materiales que también se asignan atendiendo a estas estimaciones. El informe de la Viceconsejería aludía a que “es notoria la sobrecarga de trabajo que soportan estos Juzgados” de El Ejido y Roquetas, o cita que “con carácter general cada Juzgado de Primera Instancia de Algeciras ingresa el doble de asuntos de los previstos según el módulo acordado por el CGPJ”.
El informe que resumimos aportaba también la valoración que expresa el TSJA en su Memoria de 2013 sobre las medidas correctivas que pudieran aplicarse a estas situaciones coincidentes y que se concretaban en “el necesario incremento de las plazas judiciales” para estos tres partidos de Algeciras, El Ejido y Roquetas del Mar.
Con todos estos datos, desde la Institución dirigimos Resolución en la que solicitamos un aumento de las plazas judiciales y además que “se estudiase la disposición de un programa de refuerzo de la atención horaria destinado a las oficinas de Registros Civiles especialmente afectadas por retrasos y cargas de trabajo y limitado al tiempo que permita la superación de estas puntas de congestión”.
Sin embargo, la respuesta que obtuvimos de la Consejería excusó una supuesta falta de competencias para disponer esa ordenación de jornada y horarios. Desde nuestro criterio esa atribución quedaba perfectamente atendida en base a la normativa vigente y que había propiciado en su día un plan de atención en horario de tarde fijado por Orden de 31 de Octubre de 2007. En todo caso, la propia Consejería entendía que este esfuerzo desplegado en su día no había logrado los objetivos pretendidos por lo que se dejó sin efecto.
En suma, este programa de refuerzo no fue atendido por más que recibimos el compromiso de estudiar medidas de refuerzo o proponer cambios de criterios de reparto en las funciones de los órganos judiciales que deben ser aprobadas por las juntas de jueces respectivas y de sus decanatos. Precisamente al hilo de posibles cambios se ha publicado la creación de un nuevo juzgado en Roquetas que podría favorecer un cierto alivio en el reparto de las cargas de trabajo y agilizar los servicios del Juzgado encargado del Registro Civil. Además, la Ley 19/2015 permite ya realizar las inscripciones de nacimientos y defunciones en los centros médicos, por lo que se espera una cierta reducción de la presión de servicios en esta Oficinas.