El portavoz del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de Andalucía y decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, valoró ayer positivamente el endurecimiento de las penas que contempla la reforma del Código Penal que plantea el Gobierno para determinados delitos de especial gravedad. Según Gallardo sostuvo que, aunque este tipo de medidas, “como demuestran los hechos, no tienen un efecto disuasorio, pues no se traducen en una disminución de las infracciones, sí acercan más el espíritu de la justicia al sentir de los ciudadanos”, informa Europa Press.

Gallardo señaló que la prisión permanente revisable que podría introducirse en el Código Penal para supuestos de magnicidio, genocidio o terrorismo, así como para asesinatos múltiples o aquellos en las que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable, es “en principio”, asumible para su estudio. El portavoz de los abogados andaluces pidió que la minoría de edad de la víctima sea “un agravante para todo tipo de delitos, y no sólo para los de mayor gravedad o aquellos específicos que sólo se pueden perpetrar respecto a menores”.

Por su parte, el defensor del pueblo andaluz y decano de los defensores españoles, José Chamizo, mostró ayer sus recelos hacia determinados aspectos de la reforma del Código Penal en los términos que planteó el viernes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, informa Europa Press. Chamizo afirmó que la propuesta pasa por endurecer un código que “ya es el más duro de Europa”, y, según su experiencia, “siempre que pasa eso, quienes lo acaban pagando son los más desgraciados y vulnerables de la cadena”.

No obstante, el defensor del pueblo andaluz, ve bien algunas de las reformas apuntadas, como la de ampliar las condenas a los culpables de “delitos especialmente crueles” como los asesinatos de menores o a quienes “escondan los cadáveres de sus víctimas”, un endurecimiento de las penas que, dijo, “muchas personas llevaban mucho tiempo pidiendo”.

Chamizo cuestionó la constitucionalidad de otras de las propuestas, como las relativas a la libertad condicional. “Que un asesino de un niño pueda estar más tiempo en prisión no me parece mal, pero hay que abordar este asunto con rigor”, apostilló Chamizo, que destacó que “el Código Penal español ya es el más duro de Europa, y en España los más vulnerables cumplen íntegramente las penas”.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía calificó la reforma de “populista e inconstitucional” la próxima reforma del Código Penal, que introducirá por primera vez en la legislación española la prisión permanente revisable.

En un comunicado, la asociación pidió una “reflexión” sobre el alcance que supone implantar “la cadena perpetua revisable”, y vaticina que una persona con esa condena no recibirá la atención que se requiere y pasará a convertirse “poco más que en escoria para la sociedad”.

Los endurecimientos de penas, asegura el comunicado, no provocaron la reducción de la criminalidad y los países con cadena perpetua o pena de muerte no reducen la delincuencia ni disuaden de futuras infracciones.

Tras afirmar que los índices de reincidencia en España son bastante elevados, Pro Derechos Humanos señaló que debería hacerse “un enorme esfuerzo” y definir qué objetivos se persiguen con esa reforma, si son vengativos o de reparación del daño causado y de reinserción.