Queja número 18/1944
En relación con escrito de queja presentado en esta Institución sobre demanda de 2015 por clausulas suelo en Málaga que se cita para la vista en 2020, recibimos informe de la jefatura de la Fiscalía de Málaga en el que se expresa lo siguiente:
“El caso que nos ocupa no es un hecho aislado. El procedimiento se ha incoado y tramitado en un tiempo razonable, si bien la elevada pendencia de este juzgado como luego se dirá impide un señalamiento en el plazo marcado por la LEC. Así y pese a tener ratios de resolución muy superiores a la media, agrupar señalamientos (en ocasiones incluso 26 audiencias previas por sesión) y en general empelar cuantos mecanismos de agenda pueden estar al alcance de quienes suscribimos, se están señalando plenarios en 2020.
Así queremos significar que en lo atañe a procedimientos ordinarios de cláusula suelo se siguen en trámite en este órgano unos 1600 (a principios de año eran unos 2000), siendo el módulo anual máximo de cualquier clase de asuntos 399. La pendencia total resultante en estadística rebasa ampliamente los 3000 asuntos y es de todo punto imposible con los recursos existentes asumir los plazos legales de señalamiento.
Con la entrada en funcionamiento del tribunal de instancia mercantil como experiencia piloto se están adelantando señalamientos de audiencias previas al juicio ordinario -como el caso que nos ocupa- pero en la actualidad con el número de magistrados asignados no resulta posible y previa la dotación de medios por quien competa.”
A la vista de dichas informaciones, hemos de entender que los motivos expresados por la persona interesada son el resultado de los problemas estructurales del órgano judicial competente, afectado de las graves dificultades que atraviesan estos juzgados a los que se atribuye la competencia de estos procedimientos masivos ante entidades financieras.
Es intención de esta Institución proseguir impulsado las actuaciones necesarias de todas las instancias competentes para garantizar la mejor capacidad de respuestas del sistema judicial ante este foco de litigiosidad.
Por ello, hemos requerido ante el Defensor del Pueblo estatal su intervención ante el Ministerio de Justicia y el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); a su vez, por nuestra parte, venimos solicitando de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía la puesta a disposición de los medios materiales y personales necesarios para dotar de todo el apoyo que necesitan los juzgados andaluces encargados de estos procesos.
Confiemos que las medidas de control que el propio CGPJ viene adoptando alcance los resultados esperados y se puedan impulsar estos litigios en los términos que garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva y un proceso sin dilaciones indebidas.
Sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias tal y como hemos venido realizando con motivo de otras quejas análogas, procedemos a concluir nuestras actuaciones.
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