No encontramos irregularidad en el desarrollo de un proceso selectivo de acceso a plaza de bombero, en Córdoba

Esta Institución ha adoptado resolución definitiva sobre la cuestión objeto de la queja promovida de Oficio por el Defensor del Pueblo Andaluz, sobre incidencias en el desarrollo del cuarto ejercicio, supuesto práctico, de la fase de oposición para cubrir plazas de Bomberos Conductores del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba.

Analizada detenidamente la información facilitada por la Secretaría del Tribunal Calificador, mediante certificación acreditativa, merece nuestra reseña por la pormenorizada e ilustrativa reseña de las medidas adoptadas por el órgano seleccionador para ejecutar el supuesto práctico previsto para 538 aspirantes, en un único llamamiento (conforme a las Bases reguladoras), con el objetivo de garantizar el principio de igualdad a los aspirantes, optando por hacer la prueba totalmente práctica y con planteamiento de que todos se sometieran al mismo ejercicio, garantizando con ello el secreto de la prueba, y con disposición y ayuda/apoyo por parte del Tribunal a quienes lo solicitaron. Y, todo ello, sin perjuicio de que podamos entender que, dentro de un grupo de 538 personas, resultase comprensible que no todos pudieran afrontar la situación de espera en un examen, de la misma forma.

No obstante, para la celebración multitudinaria y simultánea de pruebas selectivas, donde los aspirantes se someten al mismo ejercicio, aunque sea práctico, es normal la habilitación de locales e instalaciones suficientes (aulas universitarias) para dar cabida a todos los participantes, aunque se extiendan a otras localidades, sin perjuicio de que ello conlleva disponer de personal colaborador para garantizar el desarrollo de la prueba. Valga como ejemplo las pruebas MIR, FIR y PIR, de acceso a especialidades sanitarias, acceso a plazas de Auxiliares y Administrativos de la Administración del Estado, etc.

En consecuencia, no observamos que exista una infracción de alguno de los derechos fundamentales y libertades reconocidos en la Constitución, que nos permita la adopción de algunas de las medidas que prevé el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución, por lo que, damos por finalizada las actuaciones iniciadas en su momento y el archivo del expediente, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución.