Vertidos en río Guadaíra. Retraso en convocatoria de comisión de seguimiento

Primera .- Valoración positiva de los esfuerzos llevados a cabo por la Administración autonómica para lograr la mejora de la calidad de las aguas del río Guadaíra.

No han sido pocas las quejas que, a lo largo de los años, se han recibido en este Comisionado del Parlamento de Andalucía denunciando la mala calidad que registraban las aguas del río Guadaíra.

Asimismo, no han sido infrecuentes las menciones que en los Informes Anuales presentados ante el Parlamento de Andalucía se han realizado acerca de los problemas que se estaban registrando en nuestra Comunidad como consecuencia de la producción de vertidos ilícitos en ríos o de la inadecuación e incluso inexistencia de estaciones de depuración y tratamiento de aguas residuales en municipios de Andalucía.

En este sentido, este Comisionado del Parlamento de Andalucía ha sido testigo de excepción de las cuestiones planteadas por la parte promotora de la queja y ha llamado reiteradamente la atención de las Administraciones públicas con competencias en la materia, fundamentalmente a la Administración local, acerca de las obligaciones que les impone el ordenamiento jurídico.

Pero partiendo de esa realidad, es justo reconocer que a lo largo de los últimos años se ha venido llevando a cabo un ímprobo esfuerzo, fundamentalmente desde la Administración autonómica, en relación con esta problemática.

Fruto de ello es que, tal y como señalan las partes interesadas en el expediente de queja, la calidad de las aguas del río Guadaíra se ha visto ostensiblemente mejorada a partir del año 2008.

Es evidente que aún restan muchas cosas por hacer, no solo en este río sino en otros muchos que discurren por nuestra Comunidad, pero somos conscientes de que, por desgracia, los medios y los recursos son limitados, como también lo son las conciencias de algunos ciudadanos y empresarios a los que no parece importarles los daños que ocasionan al medio ambiente y a sus conciudadanos al efectuar vertidos ilícitos.

Es por ello por lo que este Comisionado del Parlamento de Andalucía no puede más que animar a las Administraciones con competencias en la materia y a las asociaciones y plataformas vecinales afectadas a trabajar al unísono en este problema, toda vez que estamos convencidos que, de tal manera, los importantes avances logrados hasta el momento pueden verse considerablemente superados, redundando así en la mejora de nuestro entorno.

Segunda .- Necesidad de favorecer la participación ciudadana.

Sin menoscabo de cuanto ha sido señalado en el considerando anterior, parece existir coincidencia en lo informado por las partes respecto de la ausencia de reuniones de la Comisión de Seguimiento del Programa Coordinado desde finales de octubre de 2007. A este respecto debemos significar que la participación pública en asuntos medioambientales es configurada en nuestro ordenamiento jurídico no solo como un derecho de la ciudadanía sino también como un deber para las Administraciones Públicas.

Baste a este respecto traer a colación lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía y en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

En este sentido, debe calificarse como una buena praxis el que el Programa Coordinado elaborado en relación con el río Guadaíra contemplara la constitución de una Comisión de Seguimiento en la que estuviese representada la ciudadanía a través de plataformas vecinales.

Y ello por cuanto que a través de este sistema, no solo se da cumplimiento al antedicho deber legal sino que, además, se logra el resultado último pretendido por el legislador, cual es enriquecer y dotar de mayor legitimidad si cabe a la actuación administrativa, amén de favorecer la preservación de nuestro entorno natural.

De este modo, y atendiendo a la documentación obrante en el expediente, este Comisionado del Parlamento de Andalucía considera que no existen razones que permitan justificar que desde el año 2007 no se haya convocado la citada Comisión de Seguimiento y que los otros mecanismos descritos por la Agencia Andaluza del Agua para favorecer la participación pública en asuntos medioambientales deberían adicionarse al primero y no excluirlo.

De este modo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RECOMENDACIÓN: Consistente en la necesidad de llevar a cabo cuantas actuaciones resulten pertinentes para que, a la mayor brevedad posible, se vuelva a convocar la Comisión de Seguimiento del Programa Coordinado para el río Guadaíra, encauzando así, a través de dicha Comisión, la participación de colectivos ciudadanos como los promotores de la presente queja.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría un mejor reconocimiento de los derechos que estimamos afectados.

Esperamos confiadamente que de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, en el plazo no superior a un mes nos facilite respuesta escrita a la presente Resolución donde ponga de manifiesto la aceptación de la Recomendación formulada o, en su caso, exponga las razones que estime oportunas para no aceptarla.