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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 13/0958 dirigida a Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Delegación Territorial de Sevilla

ANTECEDENTES

Se insta a la Administración autonómica competente en materia de dependencia, a aprobar el recurso correspondiente a favor de la persona afectada.

1. Con fecha de 12 de febrero de 2013 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el interesado relataba que su hermano, tiene reconocido el Grado II Nivel 1 de Dependencia Severa desde julio de 2011, sin que se hubiera aprobado la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y el servicio de teleasistencia, propuestos como recursos más idóneos en su caso, a pesar de constarle que dicha propuesta había sido remitida a la Delegación el 13 de julio de 2012.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la hoy Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

2. Con fecha de 12 de abril de 2013, por la Delegación Territorial se evacuó el trámite referido, mediante escrito en el que se explicaba que el 16 de noviembre del año 2010 el interesado había solicitado la revisión de su grado de dependencia por empeoramiento, dictándose Resolución de 7 de junio de 2011 por la que se le reconoció una dependencia severa en Grado II, Nivel 1. Añadiendo el informe que el 13 de julio de 2012 se recibió la propuesta de PIA, designando como recurso más idóneo el de prestación económica para cuidados en el entorno familiar, no obstante lo cual se había instado a los Servicios Sociales para requerir al interesado la subsanación de cierta documentación necesaria, tras lo cual, el expediente sería remitido al Departamento de Prestaciones Económicas de la Dependencia para la validación y aprobación del PIA correspondiente.

3. Visto el contenido de dicho informe, esta Defensoría acordó dirigirse al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, recibiéndose el mismo el 4 de junio de 2013, en el que se consignan dos cuestiones:

En primer lugar, se rechaza expresamente la afirmación contenida en el informe de la Delegación Territorial, afirmando que ni a través del sistema informático Netgefys, ni por entrada en el Registro General del Ayuntamiento, se había producido ningún requerimiento de documentación. De manera que la propuesta de PIA, completa, estaba en poder de la Delegación desde el 13 de julio de 2012.

Y, en segundo término, en relación con dicha propuesta, el informe da cuenta de una controversia previa generada entre la técnico de la Delegación Territorial encargada de la validación del PIA y la técnico de los Servicios Sociales encargada de efectuar la propuesta, como causa de la demora de elaboración de la propuesta de PIA. Concretamente, la prescripción por la técnico de los Servicios Sociales de cuidados en el entorno familiar al dependiente con una intensidad horaria completa, designando para ello dos cuidadores simultáneos entre los que se distribuirían las horas para la prestación de los cuidados parcialmente por cada uno. Posibilidad esta que la proponente considera viable conforme a la Orden de 3 de agosto de 2007 y la Orden de 15 de noviembre de 2007, pero que fue rechazada por la técnico de la Delegación, obligando a la primera a proponer una jornada parcial de cuidados para que se validase la propuesta PIA.

4. En el momento actual no se ha dictado la Resolución aprobando el PIA, persistiendo, por tanto, la pretensión que motivó la interposición de la presente queja.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente del interesado, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho (seis meses), al haber transcurrido casi tres años desde la fecha en que se dictó la resolución de grado (el 22 de febrero de 2011), sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante el reconocimiento de la prestación de dependencia.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 42, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

- El artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de que se mantienen las circunstancias que determinaron la propuesta de recurso formulada por los Servicios Sociales, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de dependencia del afectado, aprobando definitivamente su programa individual de atención y dando plena efectividad al recurso correspondiente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace

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