El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor, Jesús Maeztu, ha expuesto este martes 10 de diciembre en la comisión de Gobierno Interior del Parlamento de Andalucía, las líneas estratégicas de su VI mandato para el periodo 2013-2018.
Documento de las líneas estratégicas en pdf
Primera Línea: Intensificar la defensa y protección de los derechos constitucionales y, muy singularmente, de los derechos sociales del Título I del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente en el ámbito de los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad.
Segunda Línea: Profundizar y seguir avanzando en el desarrollo de actuaciones como Defensor del Menor de Andalucía para la protección de los derechos de este sector de población, especialmente vulnerable, en los ámbitos familiar, escolar y de uso de las redes sociales.
Tercera Línea: Impulsar la mediación como instrumento de resolución de conflictos en los que se encuentren afectados los derechos de contenido social establecidos en el Título I del vigente Estatuto de Autonomía, en aras de la búsqueda de consensos y del fomento de la cultura del diálogo.
Cuarta Línea: Intensificar fórmulas de participación más real con colectivos y organizaciones sociales en la defensa del interés público de la ciudadanía.
Quinta Línea: Fortalecer el papel del Defensor del Pueblo Andaluz como elemento de cohesión social, de promoción y garantía de los derechos estatutarios de la ciudadanía y de adecuación al nuevo marco que establece el reformado Estatuto de Autonomía.
Sexta Línea: Profundizar y seguir avanzando en el desarrollo de políticas de calidad que configuren a la Institución como un servicio ágil, cercano y eficiente que responda a los intereses de la ciudadanía.
Séptima Línea: Potenciar el debate de propuestas de mejora y la interlocución fluida con el Parlamento de Andalucía para el mejor cumplimiento de las tareas que tiene encomendadas la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
Coordinación con otras Instituciones.
Primera línea: Intensificar la defensa y protección de los derechos constitucionales y, muy singularmente, de los derechos sociales del Título I del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente en el ámbito de los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad.
La defensa de los derechos sociales constituye la principal seña de identidad del Defensor del Pueblo Andaluz, tanto desde un punto de vista cuantitativo, al ser el objeto de más del 80% de las 7.000 quejas y 8.000 consultas que se reciben de media anual, como cualitativo, al afectar a aquellos sectores sociales que menos pueden hacer valer sus derechos.
Esta orientación se refuerza, aun más, tras la ratificación del reformado Estatuto de Autonomía que le otorga un reforzado papel de garante y valedor de estos derechos y ante la situación de crisis que afecta de modo singular a la efectividad de los derechos de contenido social.
Segunda Línea: Profundizar y seguir avanzando en el desarrollo de actuaciones como Defensor del Menor de Andalucía para la protección de los derechos de este sector de población, especialmente vulnerable, en los ámbitos familiar, escolar y de uso de las redes sociales.
Esta Institución debe seguir prestando una especial atención a la protección de los derechos de los menores e incidir para que la infancia esté entre las prioridades de la agenda política, económica y social de Andalucía.
Tercera Línea. Impulsar la mediación como instrumento de resolución de conflictos en los que se encuentren afectados los derechos de contenido social establecidos en el Título I del vigente Estatuto de Autonomía, en aras de la búsqueda de consensos y del fomento de la cultura del diálogo.
Junto con la supervisión de las Administraciones Públicas, el Defensor pretende ir adecuando su ordenación e intervenciones a ese papel que el Estatuto de Autonomía le otorga como instrumento de garantía de los derechos estatutarios, disponiendo de mecanismos de relación e intervención entre las entidades públicas y privadas para permitir, a través de la mediación, el desempeño de un papel activo y de impulso.
Mediación como fórmula efectiva de resolución de conflictos en los que se encuentran afectados derechos estatutarios ante determinadas circunstancias, y para la protección de los derechos de los consumidores de bienes y servicios de interés general gestionados por entes privados en los que pudieran resultar afectados estos derechos.
Cuarta Línea. Intensificar fórmulas de participación más real con colectivos y organizaciones sociales en la defensa del interés público de la ciudadanía.
En el momento actual de una ciudadanía que reivindica su prtoganismo en la gestión de lo público, es esencial intensificar el papel de la Institución como receptora de las inquietudes ciudadanas y sociales. Para ello el Defensor cuenta con ya unos órganos específicos de representación y participación social en diversos ámbitos sociales (menores, inmigración y dependencia) que en este mandato se quiere potenciar y extender a otros sectores, así como su presencia en las redes sociales.
Quinta Línea. Fortalecer el papel del Defensor del Pueblo Andaluz como elemento de cohesión social, de promoción y garantía de los derechos estatutarios de la ciudadanía y de adecuación al nuevo marco que establece el reformado Estatuto de Autonomía.
Los derechos y libertades necesitan un sistema de garantías y más en estos tiempos difíciles donde se cuestiona el sentido de las instituciones que defienden y promueven la pervivencia del modelo de Estado social, justo cuando es más necesario y han demostrado ser un importante factor de cohesión social.
Y aunque éste no es el escenario andaluz, que cuenta con la unanimidad de los grupos parlamentarios de apoyo al Defensor del Pueblo Andaluz y sus funciones, cumpliendo con el Estatuto de Autonomía y la aportación institucional del Defensor del Pueblo Andaluz como un garante de las libertades y derechos, en especial de contenido social, es necesario su adaptación a la nueva realidad jurídica y social.
De igual forma, se seguirá trabajando de forma coordinada con el resto de Defensorías del Pueblo, de acuerdo a la ley estatal que regula esta coordinación, evitando duplicidades y cooperando para la mejor defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.
Sexta Línea. Profundizar y seguir avanzando en el desarrollo de políticas de calidad que configuren a la Institución como un servicio ágil, cercano y eficiente que responda a los intereses de la ciudadanía.
Dar respuestas a estos problemas y necesidades de la ciudadanía andaluza desde unos planteamientos de seriedad y rigor que aseguran la implantación de un sistema de calidad.
Bajo estas premisas se ha organizado y mejorado el sistema de gestión de quejas y consultas, la consolidación de una Oficina de Información como dispositivo de atención inmediata al ciudadano, la configuración actual de la página web como instrumento útil de información y acceso de la ciudadanía a la Institución y la última apuesta de presencia efectiva del Defensor en las redes sociales.
A partir de su normativa básica, esta institución ha desplegado con detalle un sistema de gestión en calidad que garantice el correcto desempeño de sus funciones y obtener el mejor resultado entre sus objetivos.
Séptima Línea. Potenciar el debate de propuestas de mejora y la interlocución fluida con el Parlamento de Andalucía para el mejor cumplimiento de las tareas que tiene encomendadas la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
De acuerdo a su papel de “Comisionado del Parlamento”, el Defensor quiere enriquecer estas relaciones, traer las inquietudes ciudadanas y recibir las propuestas de su representación política.
Ámbitos de especial atención.
Finalmente, durante su exposición, el defensor anunció algunos de los ámbitos que serán objeto de especial atención en este mandato, tales como la defensa del Sistema de Atención a la Dependencia y los problemas de sostenibilidad inherentes a los desarrollos en materia de ordenación del territorio y protección del medio ambiente; la promoción de las políticas activas de empleo; la situación y mejora de las necesidades de la población reclusa, en nuestro espacio competencial; los problemas de vivienda; las consecuencias derivadas de los nuevos parámetros de concesión de becas; la problemática que presenta la población afectada por una enfermedad mental y patología dual, así como las graves dificultades de inclusión como consecuencia de situaciones prolongadas de desempleo y que afectan especialmente a jóvenes, mayores de 55 años y personas con discapacidad, entre otros.
Coordinación con otras Instituciones.
También puso de relieve la coordinación con la Defensoría del Estado en temas de interés general como las urgencias hospitalarias o el Protocolo para la intervención en los casos de trata de menores, así como el trabajo conjunto con otras instituciones y colectivos tanto en estos temas como en materia de adiciones, educación, menores, etc.
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