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Reclamamos un acuerdo que fije los límites infranqueables para la defensa de la sanidad pública

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Reclamamos un acuerdo que fije los límites infranqueables para la defensa de la sanidad pública

Jesús Maeztu valora la regulación expresa del derecho de asistencia sanitaria a las personas inmigrantes sin residencia y la oposición al copago

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha valorado este martes, 23 de mayo, la apuesta normativa que supone el proyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía y ha reclamado un acuerdo en el ámbito autonómico que fije “los límites infranqueables para la defensa de la sanidad pública por parte de quienes están llamados a ejercerla, que en definitiva somos todos los sectores de la sociedad”.

En la última comparecencia de agentes sociales convocados en el Parlamento andaluz para valorar este proyecto de ley, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que la pervivencia e indemnidad de los valores de la atención sanitaria se han visto amenazados como consecuencia de los cambios introducidos por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de Abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud  que, en algunos casos, han supuesto una cierta quiebra de los mismos.

En cuanto a la universalidad del sistema, el Defensor del Pueblo andaluz ha saludado que se sustituya la exigencia de residencia en Andalucía, por la condición de vecindad administrativa, de manera que se lleve a cabo un regulación expresa del derecho a la asistencia sanitaria del colectivo de personas inmigrantes sin autorización de residencia, que resultaba parcialmente excluido (excepto en cuanto a la atención de urgencias) por la normativa estatal. No obstante, el Defensor ha advertido sobre la posibilidad de que surja un conflicto competencial con la Administración estatal, aunque parezca poco probable. Asimismo, el Defensor ha apoyado el compromiso de no establecer sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria, así como de minimizar los que pudieran fijarse por la normativa básica estatal en cuanto a la cartera común, con el fin de que nadie quede excluido de la misma por razones económicas.

Sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, el Defensor ha señalado que el proyecto de ley establece un principio de suficiencia financiera para desarrollar las actuaciones que corresponden al sistema sanitario, aunque ha echado en falta una memoria económica o plan de financiación, o al menos una definición de ese compromiso presupuestario, por ejemplo, mediante la fijación de un porcentaje del PIB.

De igual modo, el Defensor ha explicado que la ley regula diversos mecanismos para contribuir a la sostenibilidad económica, que en su mayor parte vienen ya funcionando, algunos con  refrendo legal, como por ejemplo parte de los vinculados al uso racional del medicamento, y otros que ahora se recogen con dicho rango, caso de la Estrategia de gestión -que resulta equiparable a los actuales planes de salud-, las estructuras de compras de bienes y servicios, o la entidad responsable de la evaluación de tecnologías sanitarias. 

Sobre la sostenibilidad social, basada en la equidad del acceso a los recursos, la lectura del Defensor del Pueblo en base a las quejas que recibe la institución es que “aún nos encontramos lejos de alcanzarla a tenor de las situaciones que nos comunican muchos ciudadanos en relación con la asistencia sanitaria que precisan”. “La amplitud territorial de nuestra región y la diversidad geográfica son sin duda condicionantes difíciles de superar, pero lo cierto es que no podemos decir que la prestación sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma sea igual para todos los usuarios”, ha asegurado el Defensor del Pueblo, que ha puesto como ejemplo las terapias para el tratamiento del ictus; los cribados de algunas patologías; el acceso a medicamentos innovadores; el tratamiento de rehabilitación domiciliaria; los programas para enfermos mentales o los tiempos de espera para consultas e intervenciones.

Por esta razón, el Defensor del Pueblo andaluz ha abogado por tener en cuenta situaciones crónicas de insuficiencia de medios que afectan a determinadas áreas geográficas y aglutinan las reivindicaciones de su población, que al ser atendida en centros de referencia ubicados fuera de sus lugares de residencia se ven obligados a realizar importantes desplazamientos y a someterse a los tiempos y plazos que marcan los mismos.

Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que en el último Informe Anual de la institución emplazó a buscar fórmulas más imaginativas de participación, ya que la falta de diálogo ha sido el motivo expuesto en las muestras de contestación ciudadana a la atención sanitaria. De hecho, el Defensor ha subrayado que este proyecto de ley, pese a haber contado con un trámite de consulta amplio y extendido, y en el que han participado múltiples asociaciones y entidades, su existencia, no ha trascendido realmente a la sociedad y ni siquiera a llegado a ser conocida por muchos de los profesionales llamados en su día a aplicarlo.

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