El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha recibido hoy a representantes de la Federación Andaluza de Padres y Madres de Alumnos (Fapyma) y de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa-Concapa) que le han expresado la preocupación por el futuro incierto de los centros específicos de educación especial, así como la problemática que afecta al alumnado escolarizado en estos recursos educativos.
La nueva ley nacional de Educación (Lomloe), si bien no contempla de manera expresa la decisión de eliminar los centros específicos de educación especial, sí les otorga un plazo de diez años para que «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».
El Defensor ha explicado que, como no puede ser de otro modo, y atendiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, las administraciones educativas deben garantizar para todo el alumnado una educación inclusiva y de calidad que les permita su realización personal y social en igualdad de condiciones que los demás, dotando para ello a los centros educativos de todos los recursos y medios necesarios para hacerla posible y real.
Para el Defensor, es comprensible que esta loable proclama inclusiva no puede hacernos olvidar que hay determinados alumnos que, por la gravedad de sus patologías o sus singulares características, no pueden realizar su proceso educativo en un centro ordinario, precisando de una atención muy especializada que solo puede ser proporcionada en recursos específicos. "Los centros específicos de educación especial, por tanto, son necesarios para algunos alumnos y, en el actual contexto, sería un grave error promover su supresión", ha señalado Jesús Maeztu, que se ha comprometido a revisar las actuaciones aún pendientes en materia de centros de educación especial que está gestionando la Defensoría.
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