Los asuntos relacionados con la educación, la vivienda y la atención a los menores de edad han sido los que mayor preocupación han generado a las mujeres que acudieron al Defensor del Pueblo andaluz durante 2017. Un año más, la mayoría de las personas que solicitaron la intervención de este comisionado, dirigido por Jesús Maeztu, fueron mujeres (51%).
Estos datos pertenecen a un anticipo del Informe Anual 2017 de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana, 8 de marzo. Las conclusiones de este Informe aporta que los asuntos relacionados con la igualdad de género, la educación o la dependencia son mayoritariamente abordados por las mujeres. En cambio, el medio ambiente, la vivienda y el consumo son las principales materias por las que los hombres acuden al Defensor del Pueblo andaluz. Asimismo, los asuntos sobre los que los hombres reclaman en mayor número una actuación a diferencia de las mujeres son agricultura, ganadería y pesca; cultura y deportes, y prisiones.
Las mujeres presentaron ante esta institución menos quejas que los hombres (46% del total), pero son las que más acuden a los distintos mecanismos de consulta de la institución (54,5%). En cuanto a las actuaciones que reclaman, se pone de manifiesto la pervivencia de los roles de género tradicionalmente asignados a las mujeres como son los ligados al cuidado de mayores y personas dependientes o la preocupación por todo lo relacionado con el derecho a la educación de sus hijos e hijas. Asimismo, las familias monomarentales alcanzan un alto grado de protagonismo como promotoras de las quejas en materia de vivienda o de servicios sociales.
Esta Defensoría está implicada desde hace años en la reivindicación de la igualdad de género. En esta materia, el Defensor del Pueblo andaluz tramitó el pasado año 57 quejas, un 42,5% más que en 2016.
Son casos, por ejemplo, relacionados con el empleo público, por las presuntas discriminaciones en situaciones que están directamente vinculadas al sexo biológico, como es el caso del embarazo y maternidad, o también por la imposibilidad de ejercitar los derechos laborales de conciliación de la vida laboral y familiar, ya se trate para su ejercicio de solicitudes de movilidad laboral para precisamente poder conciliar o por el impago de becas o ayudas destinadas a la conciliación.
El rol de género no es ajeno a la salud. Dentro de las intervenciones de esta Defensoría, se atienden quejas relacionadas con procesos o patologías fundamentalmente femeninos. El año pasado esta institución se ocupó, entre otras cuestiones, por las mujeres que padecen hipertrofia mamaria, que a juicio de esta institución, no están suficientemente atendidas en nuestro sistema sanitario. También la práctica de tratamientos de reproducción asistida sigue siendo fuente inagotable de reclamaciones, no sólo por las largas esperas que la acompañan.
Como cada año, las quejas presentadas ante esta Defensoría en materia de servicios sociales por personas del sexo femenino, tienen una alta carga de dramatismo dado los relatos estremecedores que muchas veces se nos trasladan, de los que se desprenden las circunstancias tan difíciles que día a día viven estas mujeres. La pobreza y las circunstancias de carencia de empleo y de extrema precariedad económica sitúa a las personas en una posición de mayor riesgo de exclusión social y, si esas personas son además del sexo femenino que, además, pertenecen a colectivos más necesitados de protección como las familias monoparentales, mujeres mayores o con alguna discapacidad, ser o haber sido víctima de violencia de género son factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que caigan en situación de exclusión social. Las demandas de empleo y de ayudas económicas de emergencia para el pago del alquiler de la vivienda o de los suministros domiciliarios básicos, así como para alimentación, suelen ser las más usuales. Muchas de ellas se cierran al aceptarse o resolverse la pretensión de las interesadas por parte de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento en cuestión. Otras las concluimos al comprobar tras el informe social que se nos envía, las intervenciones y ayudas sociales concedidas, dentro de los recursos económicos siempre limitados de los que disponen estos servicios.
Sobre violencia de género, en 2017 esta institución ha seguido trabajando en el enfoque administrativo, relativo a los recursos y ayudas de los que pueden beneficiarse las víctimas. Hemos abierto una queja de oficio para conocer, analizar y valorar el grado de cumplimiento y eficacia de las previsiones establecidas en el Acuerdo de 3 de junio de 2013, por el que se aprueba el Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, así como en el Protocolo Marco de Coordinación Institucional de 14 de julio de 2016 y restantes elementos de aplicación.
En otras ocasiones, las mujeres víctimas de violencia de género cuestionan que el Ente Público de Menores proceda a retirarles la guarda y custodia de sus hijos e hijas con fundamento en el deterioro personal y psíquico que padecen precisamente por haber sido sometida durante años al maltrato de sus parejas. Es habitual y comprensible que las madres argumenten una víctimización secundaria, ya que además de ser víctima de violencia por parte de sus maridos, sufren también el dolor que supone la separación de sus hijos e hijas, y manifiesten encontrarse con una actitud fría y distante de la Administración que no tiene en cuenta la situación vivida.
En Administración de Justicia, el Defensor abrió una queja de oficio tras conocer la ausencia de personal para la oficina de denuncias de violencia de género en una comisaría. En la respuesta de la Subdelegación del Gobierno no se alude a los supuestos de insuficiencia de medios que despertó alguna protesta de sindicatos profesionales, así como alguna queja de particulares afectados. Debemos entender que los posibles incidentes quedan solventados. Esta institución confía en que esa ordenación de los servicios implique la superación de posibles incidencias y permaneceremos atentos a cualquier novedad que se produzca sobre esta esencial labor de asistencia y apoyo en las actuaciones de protección a la víctimas de violencia de género.
En vivienda, una gran parte de las quejas se basan en la carencia de este bien básico por parte de muchas familias andaluzas que acuden a nosotros en demanda de ayuda para poder satisfacer su necesidad de acceso. Muchas de estas quejas por necesidad de vivienda se presentan por familias monoparentales, mujeres madres que asumen la crianza de sus hijos e hijas en solitario, que no cuentan casi con ningún recurso económico o con algunos de muy escasa cuantía, en situación desempleo o con empleos precarios, siendo subsidiarias de prestaciones y ayudas sociales.
En la labor de las administraciones locales, esta institución inició un expediente de queja en el que se planteaba la situación de desigualdad que históricamente ha padecido la mujer respecto de los hombres en cuanto al reconocimiento público por sus actos o sus méritos. Y todo ello, a colación de la petición recibida para que se rectificase el error material existente en el nomenclátor del callejero de la Ciudad de Sevilla en relación con la calle denominada Eustaquio Barrón, cuya denominación correcta debía ser el de calle Eustaquia Barrón, por ser la denominación original de la misma. La sugerencia fue finalmente aceptada por el pleno del Ayuntamiento y ya se ha llevado a debido efecto, cambiando la rotulación de la calle, que recupera, de esta forma, su denominación primigenia.
En sostenibilidad, ninguna de las quejas presentadas por mujeres en estas materias hacían alusión directa o indirecta a cuestiones de género. Esa ausencia de quejas motivadas por esta causa tal vez tenga su base en los escasos estudios sobre la incidencia que el planeamiento urbanístico, la movilidad y el medio ambiente puede tener en los derechos de la mujer y las situaciones de discriminación que se generan.
La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía (en adelante LPIGA) contiene diversos preceptos para intentar subsanar esta importante omisión de la perspectiva de género en la configuración del modelo de ciudad, pero el Defensor del Pueblo andaluz considera que no existe todavía una conciencia clara por parte de los responsables públicos que afronte con compromiso tener presente la mencionada perspectiva.
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