El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha considerado hoy ”imprescindible” que cuando desde el ámbito educativo, social o de salud se detecten los primeros comportamientos inadecuados o violentos de un menor hacia sus padres, sean valorados como indicadores de una disfunción en la relación entre padres e hijos. “Una intervención del problema en su estadío más inicial puede, sin duda, limitar el agravamiento de la situación y mejorar la reconstrucción de la vida en familia afectada por el conflicto”, ha señalado. El Defensor del Menor, que ha participado hoy en un seminario de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, ha subrayado en su intervención que por la magnitud que está adquiriendo la violencia filioparental, la institución que dirige ha reclamado programas específicos y especializados en esta materia que a través de medidas de intervención permitan restituir la jerarquía y la autoridad paterna, repare las relaciones rotas y deterioradas por la violencia familiar, y además, permita el aprendizaje de técnicas para establecer entre los miembros de la familia una disciplina coherente y consistente. "No podemos seguir permitiendo que el abordaje de este tipo de violencia pase necesariamente por la judicialización del problema”, ha señalado el Defensor del Menor, para quien “no es justo que la familia reciba toda la atención que requiere cuando presenta la correspondiente denuncia y se pone en marcha todo el mecanismo judicial, con el elevado coste emocional y económico que de ello se deriva”. El Defensor del Menor de Andalucía ha recordado que este tipo de violencia fue la principal protagonista en el reciente informe que realizó la institución sobre los menores infractores que se encuentran en centros de internamiento, “un trabajo que ahonda en la labor de reeducación y reinserción social de los centros de internamiento a favor de los chicos y chicas internados". Jesús Maeztu ha destacado el creciente aumento de sentencias condenatorias por este tipo de violencia, de un 60% de 2007 a 2013 según los últimos datos disponibles, y que “muchas familias, sobre todo de nivel medio-alto, es la primera vez que acuden a la Justicia". "La madre es la principal víctima de las agresiones. Cuando el menor agrede a otros miembros de la familia, éste ha sido víctima por defender o interponerse entre la madre y su agresor", ha anotado el Defensor del Menor de Andalucía. En este informe la institución también reclama estadísticas que reflejen la incidencia real del problema; la intervención con protagonismo de servicios sociales; estrategias de prevención primaria recomendadas que apunten al fortalecimiento de la vida de pareja, si la hubiese y, en su ausencia, el fortalecimiento de la red social.
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