Jesús Maeztu afirma que, si estamos saliendo de la crisis, "es el momento de fijar la mirada en la atención de los niños y las niñas e incrementar la financiación en las políticas de protección social"
El Defensor del Menor en funciones, Jesús Maeztu, ha señalado hoy que ya ha remitido una carta a sus homólogos nacional y autonómicos en la que promueve una reunión entre la Administración del Estado y las distintas Comunidades Autónomas "que permita avanzar en el estudio de medidas que faciliten una distribución solidaria, ordenada y equitativa de menores extranjeros no acompañados", ante el colapso que están sufriendo los centros de menores andaluces.
El Defensor del Menor de Andalucía, en su primera comparecencia ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía del Parlamento andaluz, ha señalado que el incremento constante de entrada de estas personas ha puesto al límite los recursos residenciales que tiene la Comunidad Autónoma habilitados para atenderlos, a pesar de los esfuerzos por incrementar los mencionados recursos. "Ello ha supuesto la saturación de los centros de protección, especialmente aquellos de titularidad pública que desarrollan el programa de primera acogida, propiciando, a pesar de los esfuerzos de la Administración y de la pericia de los profesionales que trabajan en los recursos, la existencia de carencias en las garantías de los derechos básicos de los menores", ha añadido Jesús Maeztu.
El Defensor del Menor de Andalucía ha reclamado a la Administración andaluza “un importante esfuerzo de planificación que permita dar cobertura” a la continua llegada de menores inmigrantes. El Defensor ha anotado que la llegada de menores inmigrantes desde el pasado verano es una realidad que se asemeja a la situación previa a 2005, con una "afluencia masiva" de pateras.
Entre los deberes que deben acometer las administraciones e instituciones, el Defensor del Menor ha expuesto que, por su parte, celebró una jornada en Málaga junto a Save the Children sobre cómo evitar la desprotección de los llamados menas; está impulsando un nuevo protocolo que mejore la determinación de la edad de estos menores, y hace unos días se trasladó personalmente a la provincia de Cádiz (Jerez, Tarifa y Algeciras) para visitar algunos centros de menores y las instalaciones habilitadas de emergencia en las que se acogen a las personas migrantes, donde mantuvo entrevistas con representantes de la Fiscalía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de instituciones dedicadas a la ayuda humanitaria, de los Servicios de Protección de Menores de Andalucía y con algunos menores de edad.
De otro lado, el Defensor del Menor de Andalucía ha rendido cuenta de la gestión de la institución en 2016 y en 2017. Jesús Maeztu, ha comentado que en 2016 el número de quejas (1.872) superó hasta en un 79% las recibidas en 2015, y en 2017 se volvió a números más habituales, con 1.467 quejas. Las materias que recibieron mayor número de reclamaciones fueron Educación; asuntos de Familia o relacionados con el Sistema de Protección; la necesidad de Vivienda o los Servicios Sociales. En cuanto a las consultas, la vía telefónica siguió siendo el medio favorito de la ciudadanía para hacer llegar los cuestiones relacionadas con los menores (el 63%), con especial uso del Teléfono del Menor (900 506 113) que tiene a disposición esta institución. Las mujeres formularon el 58,71% de las quejas referidas a niños y niñas y el 64% de las consultas.
El Defensor ha alertado sobre la posible irreversibilidad de los derechos perdidos y sobre el incremento de la desigualdad, así como ha advertido de que “las restricciones presupuestarias, o la falta de coordinación o de una gestión adecuada, impiden o dificultan el acceso a algunos derechos, de los que algunos afectan a la infancia y a la adolescencia”.
“Si realmente estamos saliendo de la crisis, como señalan los datos macroeconómicos, es el momento de fijar la mirada en la atención de los niños y las niñas e incrementar la financiación en las políticas de protección social. Es el momento de pasar del papel donde están recogidos esos derechos a su real y efectiva implantación, mediante un compromiso presupuestario firme y duradero”, ha reivindicado.
En cuanto al análisis por derechos, el Defensor del Menor de Andalucía ha reclamado a los poderes públicos el deber de proporcionar una educación de valores, e inclusiva, “porque la educación derriba barreras y es el principal ariete contra el muro de la desigualdad social”. Jesús Maeztru se ha centrado en el acoso escolar, que motivó un estudio de la institución en el que propuso 26 medidas, dirigidas principalmente a la Administración educativa andaluza.
En el ámbito del derecho a la salud, siguen siendo reiterativas las quejas de la ciudadanía por la ausencia de pediatras en centros de salud y consultorios, así como en la atención especializada también se reciben quejas por déficit de profesionales. También el Defensor del Menor ha aludido al Informe Especial sobre la dignidad de personas en el proceso de la muerte, en el que constató el déficit de profesionales para atender a menores en este proceso terminal, más agudo en los entornos rurales.
Entre otros derechos, el Defensor del Menor de Andalucía destacó los efectos que producen en las personas menores de edad la pérdida de su vivienda como consecuencia de los desahucios, “en los últimos tiempos incrementados por los impagos de las rentas de alquiler, en parte como consecuencia de un alza de los precios provocados por el auge de los apartamentos turísticos”. También hizo hincapié en las denuncias por malos tratos, principalmente a manos de sus progenitores, así como el trabajo prioritario con las víctimas de violencia de género.
El Defensor del Menor también ha dedicado un espacio al consumo de alcohol entre los jóvenes, que motivó un estudio más profundo en 2016. “Nos preocupa que cada año siga incrementándose el número de adolescentes que empiezan a ingerir alcohol y a edades cada vez más tempranas”, dijo Jesús Maeztu. El Defensor del Menor ha reclamado a los ayuntamientos una mayor vigilancia y control sobre los espacios; alternativas de ocio para los menores y los jóvenes, y una reforma de la normativa que regula la publicidad, ya que a su juicio la legislación vigente en Andalucía es una de las más permisivas en lo que se refiere a la publicidad de bebidas alcohólicas en lugares públicos.
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