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El Defensor del Menor en Andalucía valora la aprobación de la ley nacional de protección a la infancia

El Defensor del Menor en Andalucía valora la aprobación de la ley nacional de protección a la infancia

· Destaca la ampliación del tiempo de prescripción por delitos de abuso sexual y que los menores puedan declarar una sola vez.

· Debate con su Consejo de Participación de menores el impacto de la COVID-19 en los derechos de los niños y niñas

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha valorado hoy la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la ley de protección de la infancia, tras su paso por el Senado. Jesús Maeztu ha destacado algunos de los aspectos incorporados, solicitados también durante años por el Defensor del Menor, organismo que vela por la promoción y garantía de los derechos de los niños y niñas.

Entre ellas, Jesús Maeztu ha destacado la ampliación del tiempo de prescripción de los abusos sexuales. “Antes a los 18 años tenía cinco años para que no prescribiera, pero ahora pasa a 35, más cinco de prescripción; hasta los 40 no prescribe y si es muy grave hasta los 55 años”, ha explicado. Para el Defensor del Menor es muy importante también que la ley haga obligatoria la prueba preconstituida –que se pueda grabar el testimonio de la víctima para evitar su revictimización y el maltrato del testimonio– para los menores de 14 años y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, “algo que hemos pedido mucho”.

Entre otras cuestiones, el Defensor del Menor de Andalucía ha destacado además la prohibición de difusión de imágenes de menores fallecidos sin consentimiento expreso de sus padres; la prohibición de la contención mecánica salvo casos muy excepcionales y, en tal caso, utilizando material homologado; o la prohibición de desnudos integrales para pruebas determinación de la edad, lo que afecta a menores extranjeros.

“Ya tenemos una ley que protege más a los menores contra la violencia, y pone por delante el interés superior del menor. Hoy tengo una herramienta mucho más fuerte, y se complementará con la ley andaluza”, ha enfatizado Jesús Maeztu, que ha valorado también la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil.

De hecho, el Defensor del Menor de Andalucía ha mantenido hoy un encuentro en Granada con su Consejo de Participación de Menores para analizar el impacto de la COVID-19 en los derechos de los niños y niñas. Las conclusiones de este trabajo se expondrán en un encuentro internacional de consejos de participación de menores en Atenas en julio bajo el título “Hablemos de Jóvenes”.

El Defensor del Menor ha manifestado que muchos jóvenes han sufrido directamente o en algún familiar las peores consecuencias de la pandemia, sobre todo, en los casos de fallecimiento. También para otros, que venían padeciendo algún tipo de discapacidad psíquica su encierro ha sido doblemente perjudicial. Muchos han visto amenazado su derecho a la educación al no disponer en sus hogares de ordenadores ni conexión a internet para poder seguir unas clases que pasaron a ser online. La brecha digital en la educación ha acrecentado la desigualdad entre quienes tienen y no tienen acceso a internet; entre familias con competencias digitales y las que carecen de ellas. Además de las amenazas de otros derechos como el derecho a la protección con un aumento de las situaciones de maltrato y violencia en muchas familias; el derecho al ocio y al deporte o el derecho a la vivienda al no disponer de hogares con las condiciones mínimas de habitabilidad, entre otros.

El Consejo de Menores del Defensor es un órgano de participación que trabaja con la Institución en la promoción de los derechos de los niños y niñas. Cada dos año se renueva este Consejo que está compuesto por ocho menores -uno en representación de cada provincia-, designados por el Defensor del Menor de Andalucía entre el alumnado andaluz, los miembros electos de los Consejos Locales infantiles y juveniles constituidos en los Ayuntamientos o personas menores representantes de Asociaciones infantiles o juveniles de mayor implantación en la Comunidad Autónoma.

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